La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño,
Ejecutivo
El Gobierno presume de economía y tira de decretazo para ampliar sus ayudas a un mes de las elecciones
El Ejecutivo ha prorrogado la bonificación al transporte público y la rebaja del IVA
Pedro Sánchez ha reiterado varias veces a lo largo de esta campaña que la economía va «como una moto». Esta idea –reprobada por Feijóo– ha sido reafirmada por la vicepresidenta Nadia Calviño durante la rueda de prensa posterior al Congreso de Ministros: «La coyuntura macroeconómica es favorable y España esta capeando mejor que Europa el escenario internacional al ser la economía que más crece de la UE».
«No se han materializado los escenarios más negativos y no se han cumplido los vaticinios catastrofistas de algunos que seguían hablando de estancamiento», ha dictaminado Calviño en referencia a las críticas económicas que se han realizado desde los partidos de la oposición.
En este contexto, el Ejecutivo ha promulgado un macrodecreto, a modo de cajón de sastre, en el que ha incluido 30 medidas; desde la prórroga de la rebaja del IVA hasta la transposición obligatoria de directivas europeas. La vicepresidenta primera ha argumentado que han empleado esta fórmula «por las circunstancias extraordinarias» de la convocatoria electoral.
Las ayudas del Gobierno
Así las cosas, el Ejecutivo de coalición ha extendido la rebaja del IVA a los alimentos básicos, la ayuda al transporte público, y la bonificación de 10 céntimos de gasóleo para los transportistas profesionales.
En materia de vivienda, Calviño ha expresado que se mantiene la suspensión de las desokupaciones para aquellas personas que se encuentran en una situación vulnerable ya que –según ha subrayado– «hay Comunidades Autónomas que no han dispuesto poner en marcha» la Ley de Vivienda.
El macrodecreto del Gobierno también incluye otras medidas como el apoyo a la Isla a la Palma, el derecho al olvido oncológico, subvenciones del 15 % por la compra de vehículos eléctricos, o la inclusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea respecto a los VTC. Además, el Ejecutivo ha lanzado un guiño a los taxis al asegurar que se va a «apostar por la declaración del taxi como servicio de interés publico».
Medidas prorrogadas hasta final de año
- Bonificación del abono de transporte público (financiación del 30 % del descuento del transporte público urbano e interurbano a los gobiernos autonómicos y locales que lo complementen hasta el 50 %).
- Eliminación del IVA a productos básicos y bajada del 10 % al 5 % a aceites y pastas alimenticias.
- Ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos (10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y 5 céntimos por litro durante el último trimestre).
- Ayudas directas para profesionales del transporte no sujetos a gasóleo profesional y servicios de transporte marítimo de interés público.
- Prohibición de cortar los suministros esenciales, extensión del bono social y la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas.
- El precio máximo de venta de la bombona de butano se mantiene en 19,55 euros.
- Se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de la Palma en materia de Seguridad Social, en el ámbito laboral y en el ámbito hipotecario.
- Se amplía la suspensión de lanzamientos para vulnerables sin alternativa habitacional.
- Prohibición de despidos por causa del alza de la energía para empresas con ayudas públicas.
Sin embargo, lo que no se ha extendido es el límite de la actualización de los alquileres respecto al IPC, que se encontraba en el 2 % debido a la alta inflación. De hecho, la portavoz de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, ha asegurado en sus redes sociales que «La parte socialista del Gobierno acaba de tumbar la medida que permitía prorrogar los contratos de alquiler durante 6 meses que evitaba subidas abusivas de precios y desahucios. Una decisión que causará estragos en miles de personas que viven de alquiler».
Al ser preguntada por las discrepancias en el seno del Ejecutivo, Nadia Calviño ha subrayado que «ignora las críticas» en cuanto al límite de la subida del precio de los alquileres.
Golpe de decretazo
Al estar las Cortes disueltas, este paquete de decisiones solo se pueden aprobar a través de la figura del Real Decreto-Ley, que debe ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso en un plazo de 30 días. La Constitución señala que el Decreto-Ley se debe emplear «en caso de extraordinaria y urgente necesidad». No obstante, Pedro Sánchez ya es el presidente de España que más decretazos ha promulgado, superando los 140 en tan solo cinco años.
El del día de hoy el Gobierno aúna una amalgama de materias que Sánchez opta por legislar a la vez y por decreto-ley en vez de esperar a que se constituya un nuevo Parlamento y seguir la fórmula legislativa ordinaria.