Sánchez ignoró a sabiendas las consecuencias del adelanto electoral sobre la Presidencia de la UE

Lunes, 29 de mayo. El presidente del Gobierno, consciente de la debacle electoral del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, anuncia el adelanto electoral para el 23 de julio. Pedro Sánchez, que había repetido hasta la extenuación que agotaría la legislatura, consumaba una maniobra táctica, un plebiscito a su Gobierno, con el que evitar varios meses más de desgaste continuo, con la intención de salvar al PSOE de una derrota apabullante en las generales.

Sin embargo, se olvidó de un asunto crucial para los intereses de España. A partir del 1 de julio nuestro país presidirá el Consejo de la Unión Europea durante seis meses, y ahora Moncloa se ve forzada a reconocer que Pedro Sánchez no evaluó cómo influiría la situación de interinidad de los miembros del Gobierno y la de cientos de altos cargos y asesores del Gobierno tras la disolución de las Cortes para convocar las elecciones del 23-J, ni ha analizado tampoco los efectos que para España y el interés general pudieran arrojar los nuevos comicios ante un eventual cambio en la Presidencia del Gobierno.

Cero estudios. Cero informes. No hay nada. Ni un solo documento que acredite el análisis gubernamental de un asunto de gran importancia. Y no será porque el presidente Sánchez no hubiera tomado medidas tiempo atrás para atender esta alternativa hecha ahora realidad tras los resultados del 28-M. Sánchez modificó la estructura de la Presidencia del Gobierno mediante Real Decreto 662/2022, de 29 de julio, creando una Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea, aumentando el gasto público, algo que no ha servido para nada, según la documentación recabada por El Debate.

Si para el Partido Popular la Presidencia de la UE debe ser «una cuestión de Estado», en Moncloa no comparten el mismo criterio. En un escrito firmado por Beatriz Rodríguez Pérez, directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, «no obra en poder de este órgano documento» alguno en el que conste «la influencia de la situación de interinidad de los miembros del Gobierno, altos cargos y asesores, en los trabajos asignados a España en su turno de Presidencia del Consejo de la Unión Europea».

Del mismo modo, tampoco disponen de documentos «encargados por el presidente del Gobierno donde se estudien y analicen las repercusiones de la disolución de las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones en la Presidencia del Consejo de la Unión Europea que corresponde a España».

Igualmente, Moncloa tampoco ha valorado «la influencia que en la Presidencia tendría la elección de un nuevo presidente del Gobierno, ministros, altos cargos y demás representantes, una vez iniciada la misma con las consecuencias que ello conlleva».

Y es que había una treintena de reuniones programadas para el semestre español, con implicación de todos los ministros, pero estas tendrán que modificarse, a la vista de los comicios, generando una sensación de improvisación e interinidad que no favorece a los intereses de España.

En primer lugar, el inicio de la Presidencia coincide con la campaña electoral, que arrancará oficialmente el 7 de julio, por lo que los representantes españoles estarán permanentemente con la mirada puesta en los comicios españoles, mientras intentan compaginarlo con las cumbres y reuniones programadas.

De hecho, el Parlamento Europa ha decidido aplazar a septiembre el discurso del presidente del Gobierno de España como presidente de turno tras la petición del Gobierno y del Partido Popular Europeo en este sentido, para evitar que tenga lugar en plena campaña electoral a diez días de las elecciones y permitir así que sea ya el presidente electo quien intervenga.

Después se abre una gran incógnita, sea cual sea el resultado electoral, pues el periodo de interinidad es largo y la propia legislación española recoge una serie de plazos que hay que cumplir a la hora de conformar un Gobierno y que deja empantanada la agenda europea.

Las Cámaras se constituirán el 17 de agosto

Así, tras la celebración de las elecciones, las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el día 17 de agosto de 2023 y a partir de ahí se abre un periodo para formar Gobierno. Será el presidente del Congreso de los Diputados el que informe al Rey de la composición de Las Cortes y del candidato a presidir el Gobierno. Además, el monarca tendrá que recibir a los representantes de los distintos grupos parlamentarios.

En el caso de que los números dejen un vencedor claro de las elecciones y se hayan alcanzado los acuerdos necesarios para la investidura, el candidato expondrá su programa en el Congreso en los días posteriores, por lo que, en el caso más optimista, a principios de septiembre se podría conformar un nuevo Gobierno.

Una decisión calculada desde el punto de vista personalista y electoral, según acredita El Debate, en un intento desesperado de Pedro Sánchez por revalidar el Gobierno.