La plataforma por la equiparación reúne a todos los sindicatos y asociaciones policiales excepto a Jupol y Jucil
La Audiencia Nacional ordena a Marlaska renegociar definitivamente la equiparación salarial de la Policía
La sentencia reconoce que «persisten las disfunciones de carácter salarial» entre Policía y Guardia Civil y las policías autonómicas
Los policías y guardias civiles tienen un poco más cerca la tan exigida equiparación salarial con las policías autonómicas y locales después de la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional que obliga a Interior a «iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava» incluidas en el acuerdo para la equiparación salarial firmado en 2018 entre el entonces ministro Juan Ignacio Zoido y los sindicatos y asociaciones policiales.
En concreto, la cláusula tercera recogía el compromiso de destinar cien millones de euros en tres años «para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva al servicio activo». La cláusula octava, más importante si cabe, pedía «medidas legislativas para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones».
La Audiencia Nacional recoge en la sentencia que acepta el recurso presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil por «persistir las disfunciones de carácter salarial» entre los cuerpos policiales dependientes de Interior y los autonómicos.
Precisamente esta cláusula era la más demandada por las asociaciones policiales y que venían reclamando desde hace más de tres décadas, lo que les llevó también a salir a la calle para protestar en numerosas ocasiones.
Aunque el Ministerio del Interior todavía dispone de unos días para recurrir esta sentencia, para los sindicatos demandantes sería «sonrojante» que el Gobierno «obstaculice el cumplimiento de esta sentencia histórica», de ahí que reclamen que se les convoque de urgencia a una mesa de diálogo y negociación para el cumplimiento de lo ordenado por la Justicia.
Sentencia histórica
Los representantes de guardias civiles apuntaron que la «inactividad contraria al ordenamiento jurídico por parte del Gobierno suponía la consagración de una situación que está afectando muy negativamente a la plena equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
La Audiencia Nacional reconoce que el ministro del Interior no tiene capacidad por sí mismo para desarrollar una ley de retribuciones, aunque sí le corresponde «proponer al Consejo de Ministros la adopción de una medida legislativa con ese contenido».
«La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y guardias y los guardias civiles cuanto antes», señala el fallo, que añade que el Gobierno «sólo se obliga a presentar un proyecto de ley» y, de no salir adelante, «se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes».