Pactos de gobierno
Reforma fiscal, libertad educativa, protección de la familia y otros puntos que comparten los acuerdos PP-Vox
Más allá de las cuestiones específicas de cada región, los pactos alcanzados en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura recogen muchas medidas comunes para la próxima legislatura
Con el acuerdo alcanzado a primera hora de este viernes entre María Guardiola y Ángel Pelayo, son tres las regiones donde habrá un nuevo Gobierno gracias al pacto entre el Partido Popular y Vox tras el 28-M y que se suman al modelo establecido hace más de un año en Castilla y León: Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares.
En las dos primeras, la formación de Abascal formará parte activa del Ejecutivo autonómico, mientras que en las islas gobernarán los populares en solitario con Marga Prohens a la cabeza. En los tres casos, el compromiso de ambos partidos es dotar a la región de un Gobierno «estable» y las medidas recogidas en cada uno de los pactos son muy similares, desde una importante reducción de impuestos hasta el apoyo a las familias o a los trabajadores del sector agrícola, o la defensa del derecho a la propiedad privada frente a la okupación y la mejora de los servicios públicos.
Los tres nuevos acuerdos recogen la derogación de las leyes de memoria y su compromiso de promover la concordia y la reconciliación, y remarcan la defensa de la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles.
Rebaja fiscal y empleo
Entre los puntos destacados, se encuentra el de acometer una importante reforma fiscal. Incluye una reducción drástica del IRPF en todos sus tramos, en especial a los contribuyentes con rentas medias y bajas, así como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Patrimonio.
Desde el punto de vista económico, se encuentran otras medidas como la promoción del turismo, incentivar la actividad empresarial a través de ayudas para apoyar a empresas ante los efectos del aumento de costes, y proteger a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas, especialmente a aquellas dedicadas al comercio local y a las de gran arraigo. Asimismo, se pone énfasis en el fomento del empleo y en la simplificación administrativa para agilizar los trámites burocráticos y favorecer la inversión
Defensa del mundo rural
Lugar relevante ocupa también en los tres acuerdos autonómicos la defensa del mundo rural, sus tradiciones, modo de vida y su actividad económica y la protección de los trabajadores del sector primario. El PP y Vox se comprometen en las correspondientes regiones a impulsar medidas que protejan el patrimonio medioambiental y natural, así como a garantizar la seguridad de las explotaciones agrarias frente a la delincuencia.
Entre otras medidas, sobresale la de instar a las autoridades competentes a proteger los productos regionales ante la competencia desleal de terceros países. Destaca, así también, el fomento del relevo generacional a través de medidas fiscales o de la reducción de las trabas burocráticas y la concesión de ayudas. Y cabe señalar también el papel que le otorgan al agua y a las infraestructuras hídricas.
Libertad educativa
En materia educativa, la formación de Alberto Núñez Feijóo y la Santiago Abascal remarcan que los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos en todas las etapas educativas. Se recoge, asimismo, su compromiso para garantizar la educación libre, gratuita y universal desde los 0 años. Además, ponen en el acento en su voluntad de dignificar la labor docente y de sacar la ideología de las aulas.
En los casos de Baleares y la Comunidad Valenciana, donde existe una lengua cooficial, se recalca también la libre elección de la lengua de enseñanza. En el caso del archipiélago, la defensa de la libertad lingüística, no solo en el ámbito educativo, es una de las prioridades, y de hecho se establece la creación de una oficina que la garantice.
Protección de la familia
Si el acuerdo que alcanzaron el PP y Vox en Castilla y León en 2022 tenía como pilar fundamental el apoyo a las familias, los nuevos pactos en Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura siguen la misma estela y sitúan a la familia como un eje fundamental de su acción política.
Así, los tres contemplan la aprobación de una Ley integral de protección a la familia que engloba medidas para fomentar la natalidad como ayudas al nacimiento o a gastos esenciales, el apoyo a las personas dependientes y el acompañamiento a los mayores, y con especial atención a las familias numerosas.
Por otro lado, el acuerdo en Baleares y Valencia hacen mención a su compromiso de trabajar para erradicar la «violencia intrafamiliar», en especial la que sufren mujeres y niños. Y en el de Extremadura, como en el de las islas, se hace referencia a su voluntad de trabajar para eliminar de la sociedad «los discursos machistas» que «promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer».
Reducción del gasto político
En los tres acuerdos firmados se subraya que «la correcta y eficiente gestión del dinero público» va a ser uno de los «signos distintivos» de los Gobiernos autonómicos. En este sentido, suprimirán los organismos públicos que se consideren innecesarios por no reportar «en el bien general». Además, en aras de garantizar transparencia y la libre competencia, los nuevos Ejecutivos promoverán el método de concurrencia competitiva, en lugar de conceder de forma directa las subvenciones para que estas no respondan a criterios ideológicos.