Maite Pagaza: «Que el mandato del fiscal general finalice con el del Gobierno es una simbiosis tóxica»

Maite Pagazaurtundúa, (Hernani, País Vasco, 1965) es licenciada en Filología Hispánica y Vasca. Fue parlamentaria vasca entre 1993 y 1998 por el PSE-EE (PSOE) tras ser concejal y portavoz de su formación en Urnieta (Guipúzcoa) en los años más duros de persecución, a los cargos públicos no nacionalistas, de la banda terrorista ETA. En 1998 participó en la fundación de la plataforma ¡Basta Ya! que recibió el premio Sajarov de Defensa de los Derechos Humanos concedido por el Parlamento Europeo en el año 2000.

Su hermano Joseba fue asesinado por la banda terrorista en 2003. Presidió la Fundación Víctimas del Terrorismo entre 2005 y 2012. En mayo de 2014 fue elegida europarlamentaria por UPyD. Ha escrito los libros Los Pagaza (Temas de Hoy, 2004), El viudo sensible y otros secretos (Seix Barral, 2005), y la novela juvenil Aralda (Espasa, 2010).

–Europa mira con lupa la situación de la Justicia en nuestro país, ¿cuál es el diagnóstico?

–Desde 2020 la UE ha puesto el acento en sus preocupaciones sobre la independencia, la calidad y la eficiencia de la justicia en España. Lo más grave, sin duda, es lo que ocurre en el Consejo General del Poder Judicial, fundamental porque: es el órgano que se encarga de velar por su independencia y correcto funcionamiento, es responsable de la administración y disciplina judicial y se ocupa de garantizar que los jueces puedan ejercer sus funciones de manera autónoma. Todos los problemas que haya en el Consejo tienen una traducción real y grave en nuestra justicia.

El comisario europeo, Didier Reynders está muy atento también al comportamiento del fiscal general del Estado, especialmente en lo que respecta a disociar en el tiempo el mandato de éste con el del Gobierno y teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal. El año pasado ya advirtió de la necesidad de una reforma más amplia de su estatuto, en concreto en lo que respecta a la coincidencia temporal entre su mandato y el del Gobierno. Todavía sigue pendiente.

–El próximo día 5 la Comisión publicará el informe sobre la salud del Estado de Derecho en España, ¿cree que será un varapalo para nosotros?

–Es evidente que la CE volverá a alertar sobre una situación que está ya enquistada. Cometió el error de pedir la renovación y después abordar la reforma de la ley. La estrategia fue errónea porque no se ha hecho ni una cosa, ni la otra. Nosotros siempre hemos defendido que la reforma de la Ley, para cambiar el sistema de elección y que sean los jueces los que se eligen a sí mismos, es necesaria en primer lugar porque todo lo demás lleva a la politización. Nuestro diagnóstico se ha demostrado dramáticamente cierto y estamos pagando las consecuencias. La CE debería pasar de las musas al teatro y actuar contra una situación que debilita el Estado de Derecho de forma muy seria en España.

–¿Cree que habrá consecuencias directas como sanciones?

–El sistema de control del Estado de derecho no está tan maduro como otros sectores como la lucha contra el fraude o la política de competencia de la UE, donde las sanciones se producen de forma casi automática. Ya conseguimos que la CE emitiera el año pasado por primera vez recomendaciones, éste será el segundo año. Pero como vemos en casos muy graves, como Polonia o Hungría, no es tan fácil presionar en este ámbito.

–¿Cuáles son las reformas más urgentes pendientes para garantizar la independencia de nuestro Poder Judicial?

–Lo principal es acabar con las intromisiones sobre la separación de poderes y detener la deriva populista. No actuar ahora supondría un ejercicio de desidia con consecuencias imprevisibles y, probablemente, irreparables. Los cambios de mayorías en el Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos del Tribunal Constitucional, la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación, son elementos que demuestran un concepto nefasto del actual Gobierno. Los movimientos emprendidos por el PSOE para hacerse progresivamente con el órgano de gobierno de los jueces y su estrategia de atemorizarlos a través de una campaña creciente de deslegitimación, son una combinación que rompe la barrera de la separación de poderes del Estado democrático.

Es imprescindible que España cumpla con reformas de calado en el Poder Judicial para que dejen de existir dudas sobre su imparcialidad y transparencia

Estas reformas han sido tachadas de inconstitucionales por juristas y organizaciones de jueces porque permiten fraccionar la renovación para hacerla de dos en dos, cuando la Constitución exige en su artículo 159.3 que debe hacerse de cuatro en cuatro; y, al mismo tiempo, suprime la facultad del Pleno del Tribunal Constitucional de verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los nuevos magistrados.

–Se ha hablado mucho sobre el cambio de modelo en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, ¿hasta cuándo tendrá paciencia Europa en esta cuestión?

–Hay que ver qué dice el próximo informe, pero la presión de Bruselas es más diplomática en estos asuntos que sancionadora, por lo que no podemos esperar grandes consecuencias sino meros gestos.

–¿Cómo se ha visto desde Bruselas la maniobra del TC para incluir en campaña el debate sobre la renovación del Consejo de los jueces al hilo de la última sentencia del TEDH?

–Son tantos elementos de preocupación y hay tanto ruido mediático sobre estos temas que es difícil para la Comisión seguir correctamente el ritmo de todo lo que ocurre en España. Es lo que hemos llamado nosotros «muerte por mil puñaladas».

Como dijo en su momento el GRECO, habría que establecer criterios legales objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura (presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Nacionales y magistrados del Tribunal Supremo) para que dejen de existir dudas sobre su imparcialidad y sobre la transparencia del proceso.

–¿Y los constantes escándalos de la Fiscalía?

–Todo terminaría si se llevase a cabo una revisión del mandato del fiscal general del Estado porque ahora finaliza al mismo tiempo que el del Gobierno, eso les une estrechamente en una relación de simbiosis que resulta tóxica para el sistema. Si, encima, se añade a la elección de una figura altamente politizada como ha sido Dolores Delgado, podemos ver el resultado.

Para la UE es importante, también, cumplir con las obligaciones de carácter deontológico de la Comisión de Ética Judicial por parte de jueces y magistrados que retoman sus funciones judiciales después de haber ocupado un cargo político y una profunda revisión del régimen disciplinario de los fiscales, para evitar caer en situaciones que traspasan la separación de poderes.

–El próximo mes de julio el TGUE resolverá, definitivamente, sobre la inmunidad de Puigdemont, ¿qué espera del pronunciamiento?

–Todos esperamos que se resuelva de manera coherente. Puigdemont no podrá escapar, tampoco, al hecho de que la Fiscalía le reclama a él, y a una treintena de ex altos cargos de su gobierno, 3,4 millones de euros por el referéndum y la promoción exterior del procés independentista.

Puigdemont ha demostrado cómo desde una alta responsabilidad política o institucional se puede degradar muchísimo el sistema

–¿Cómo se siente usted compartiendo labor de representación con un prófugo de la Justicia de su propio país?

–Resulta incómodo porque es el precedente del descaro más absoluto. Ha cometido delitos graves, ha intentado destrozar las bases del Estado de derecho democrático en un país miembro de la UE –apoyado, incluso, durante años, por la potencia desinformadora del estado ruso y de algunos de sus agentes–retuerce las garantías procesales para echar tiempo por delante y buscar oportunidades de negociar políticamente la impunidad o el privilegio. Desde una alta responsabilidad política o institucional se puede degradar muchísimo más el sistema que desde la casa de cada cual. Es un gran destrozo para la calidad nuestro ecosistema democrático. Primero el ataque y después la falta absoluta de vergüenza. He indicado que es un precedente y lo es. Eva Kailli, ex vicepresidenta del Parlamento, pillada in fraganti en un caso de corrupción, el llamado Qatargate, no ha renunciado al escaño, dio una entrevista haciéndose la víctima y no renunciaba a volver a la Eurocámara a reanudar su «trabajo» hasta que se señale el juicio.

–La reforma de la malversación tampoco ha gustado demasiado a nuestros socios, ¿penalizará esta cuestión a España en el ámbito comunitario?

–España va a estar obligada a adaptarse a la propuesta de directiva de la Comisión Europea que plantea un endurecimiento de las penas por el delito de malversación en toda la UE que va, por cierto, en dirección contraria a la reforma aprobada por Pedro Sánchez.