Puigdemont tendrá que ser entregado «de inmediato» por Bélgica si la Justicia europea le deniega las medidas cautelares

Nada más conocerse el fallo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestimó el recurso presentado por Carles Puigdemont y sus ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión del Parlamento Europeo de levantar su inmunidad parlamentaria, en 2019, la Fiscalía del Supremo se ponía en marcha. No en vano, corresponde al Ministerio Público la función de instar que el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, reactive la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para su regreso a España. El Alto Tribunal español será entonces el encargado de juzgarlo por un delito de malversación agravada ya que la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez que eliminó del catálogo la sedición impide que se le siga reclamando por esta razón.

Sin embargo, la defensa del ex presidente catalán, Gonzalo Boye, anunciaba que Puigdemont recurrirá este fallo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ya el pasado mes de febrero le propinó el primer varapalo comunitario al dar la razón al magistrado LLarena declarando su competencia para enjuiciarle.

Sea como sea, si el órgano judicial rechaza las medidas cautelares que solicite el político separatista, Bélgica, país donde reside desde que se fugase de nuestro país en 2018, tendrá que ponerlo «de inmediato» a disposición de las autoridades españolas. Ya que, en dicho escenario, quedarían «descartados los efectos suspensivos sobre la decisión» desde el momento en el que «se notificó» a las partes interesadas, sostienen fuentes consultadas por El Debate.

Todavía queda la posibilidad de que la justicia belga deniegue la nueva entrega «por razones diferentes de las argumentadas en la anterior ocasión» y que, precisamente, fueron las que «motivaron el pronunciamiento del TJUE a raíz de la cuestión prejudicial» planteada por el magistrado instructor español. Algo que no impide, ante tal escenario que se vuelva a presentar una nueva prejudicialidad por parte de nuestro Tribunal Supremo.

No en vano, el hecho de que el TJUE respaldase al juez LLarena limitando, al menos en parte, el margen de la justicia belga para seguir denegando la entrega y en el procedimiento que se sigue en nuestro país contra otro de los ex consejeros separatistas huido, Lluís Puig; y, el aval del TGUE a las condiciones en las que la inmunidad de los europarlamentarios no puede ser entendida como una suerte de escudo para evitar sus responsabilidades penales por hechos ocurridos antes de adquirir su cargo, aceleran el regreso de Puigdemont a España.

Un regreso que, en todo caso, quedará únicamente circunscrito al delito de malversación agravada ya que la modificación del Código Penal a la carta aprobada por el Ejecutivo socialista, a cambio del voto favorable de Esquerra (ERC) a los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), elimina cualquier posibilidad de repercutir contra por el delito de sedición.

Incluso, aunque un eventual y futuro cambio de signo del Gobierno, a partir del 23-J, significase la llegada de una formación que revirtiese el camino para restaurarlo. El principio penal de la norma más favorable al reo favorece a Puigdemont y a sus ex consejeros ante su cada vez más próximo futuro judicial en España.

Así las cosas, si Bélgica «reiterase su negativa a entregar» a devolver a Puigdemont a nuestro país «tendrían muy difícil justificarlo» ya que el precedente sentado por la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) al admitir, en julio de 2018, la extradición del expresidente catalán, eso sí, sólo por malversación. «Dado que, ahora, la malversación agravada es la única acusación que pesa sobre Carles Puigdemont» resulta «difícil» para los tribunales belgas «rechazar» su puesta disposición de la Justicia española.