Ortega Smith: «Espero ver pronto al prófugo de Puigdemont y sus secuaces sentados en el banquillo»

Javier Ortega Smith (Madrid, 1968), concejal y portavoz del grupo municipal de Vox en la Corporación del Ayuntamiento de Madrid, entre 2019 y 2023, fue diputado nacional por el grupo parlamentario de su formación en las XIII y XIV Legislaturas del Congreso de los Diputados. Vicepresidente de Vox.

Abogado en ejercicio. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y diplomado por la Escuela Práctica Jurídica del ICAI-ICADE, ejerció como letrado de la acusación popular de su partido en el juicio del procés ante el Supremo. Además, ha sido el responsable jurídico de la Fundación DENAES para la defensa de la Nación Española y formó parte del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (COES).

–¿Cómo valora la gestión de las hulegas de los profesionales de la Justicia el Ministerio que dirige Pilar Llop?

–Hablar de la Justicia no es otra cosa que hablar de una de las mayores deficiencias que tiene nuestro Estado de Derecho. El problema está en viene estando degradada, manipulada, utilizada y olvidada desde hace más de 40 años y tanto por gobiernos del Partido Socialista como por gobiernos del Partido Popular. Ha sido la pieza a batir, su objetivo preferente. Con Pedro Sánchez el desprecio ya ha sido a careta quitada. Los funcionarios vienen reclamando desde hace mucho tiempo una serie de mejoras en su retribución. Tanto los letrados de la administración de justicia como los jueces y magistrados como los funcionarios en general. Y tienen razón.

Aunque el verdadero problema de la Justicia se llama falta de independencia. Cuando algunos dicen que la mayoría de los jueces y magistrados en España son independientes y profesionales, nosotros decimos que sí, que eso es verdad. Pero la Justicia no es independiente porque cuando el órgano de gobierno del Poder Judicial se encuentra politizado, y los asuntos tienen connotaciones o derivadas políticas, la Justicia ya no actúa con las manos libres.

–¿Cree usted que el actual Tribunal Constitucional es el más politizado de nuestra historia democrática?

–Sin lugar a dudas, en este momento lo es pese a que el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, no es un órgano jurisdiccional y, además, es un órgano que en su propia concepción estuvo pensado como un órgano de control político. Desgraciadamente hay otros países que no tienen Tribunal Constitucional y no por eso se puede reprochar que no sean países que tengan su Constitución y la respeten. Nosotros somos el único partido que en su programa incluye una reforma constitucional para constituir una Sala Sexta del Tribunal Supremo, formada por magistrados especialistas en Derecho constitucional y que actúe única y exclusivamente con criterios independientes, profesionales y de sometimiento a la legalidad.

Mientras tanto exista el Tribunal Constitucional como lo conocemos, debemos lograr que al menos quienes formen parte de él tengan unos mínimos de objetividad y de imparcialidad. El ejemplo más sencillo de entender es que mientras del TC declaró, gracias a la acción popular ejercida por el grupo parlamentario de Vox, como no había ocurrido nunca en toda Europa, que el Gobierno había actuado vulnerando derechos fundamentales, a través de un estado de alarma encubierto; en cuanto ha cambiado un tercio su composición, en la última renovación, ha terminado con las sentencias favorables a los recursos de nuestra formación. Es evidente que hay una correlación directa entre el interés político y ese tribunal político. Seguiremos pleiteando ante el Constitucional o ante las instancias que corresponda frente a todo lo ilegal o delictivo pero, desgraciadamente, hay órganos en los que tenemos poca confianza.

Hay que terminar con el apartheid que han impuesto algunos bajo la supuesta protección de unos derechos lingüísticos, que son mentira porque están garantizados. Cualquiera puede estudiar catalán, vasco o cualquier otra de las lenguas regionales

–Otra de las instituciones en entredicho por la politización del mecanismo de elección de sus miembros es el CGPJ, ¿cuál es el proyecto de Vox para mejorarlo, eficientarlo e independizarlo?

–Estamos hablando de un Poder del Estado, el Judicial. Los que creemos, no sólo con la boca pequeña, en la separación de poderes, estamos diciendo que la única garantía para que de verdad se pueda hablar de Estado de Derecho, es la independencia judicial. No existe democracia si no hay división de poderes y si no hay independencia judicial, como principio básico al que nos tenemos que atender.

Cuestión igual de importante es la reforma pendiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la elección de, al menos, los 12 vocales de procedencia judicial que conforman el órgano sean elegidos por y entre jueces y magistrados. Y esto se ajusta perfectamente a lo que dice la Constitución. Es decir, volver al modelo que teníamos en la Ley Orgánica de 1980, que modificó el Partido Socialista y del que el propio Tribunal Constitucional ya advirtió en 1986. Cuidado, porque esto puede ser utilizado por los partidos políticos como una correa de transmisión para meter en el Consejo General sus intereses partidistas.

Estamos hablando de que además necesitamos algo fundamental y es la recuperación de la competencia de justicia para el Estado. Somos el único partido que defiende que no puede haber 17 modelos de Justicia porque debería ser indelegable del Estado, como Sanidad, Educación, Interior, Exterior... En tanto que son políticas que vertebran el Estado y la Justicia no puede estar al albur de lo que decidan los diferentes gobiernos regionales. Resulta que en la era de la tecnología, en España, se mantienen en paralelo diferentes plataformas digitales para la Justicia que son incompatibles entre sí. Por tanto, hace falta una reestructuración .

Estamos entre los países de Europa que más dinero gastamos en Justicia per cápita pero tenemos una Justicia lenta y politizada. Lo que hay que hacer es gastar bien

–La Fiscalía General del Estado ha sido foco de constantes polémicas, ascensos, nombramientos dudosos recurridos al Supremo... ¿se plantea VOX que el mandato del fiscal general quede desvinculado de la duración del Gobierno?

–El caso de María Dolores Delgado es perfecto para demostrar cómo la Justicia y, en concreto, el Ministerio Fiscal se pueden degradar hasta niveles inmorales y absolutamente ilegales. Pero yo no quiero caer en la cuestión de señalar que el problema está en un nombre. Hemos tendido siempre a personalizar el problema y entonces parece que si ya no está ese fiscal, se acaba el problema cuando hay que ir a la raíz del mismo. Lo que hay que hacer es reformar tanto el Estatuto del Ministerio Fiscal, como la Ley Orgánica del Poder Judicial como la del Tribunal Constitucional en su esencia y explicarlo muy bien a los españoles para que lo entiendan y tengan la seguridad de que cuando pisan un tribunal quien está vistiendo la toga lo hace única y exclusivamente sometido a los principios de la legalidad, con criterios de profesionalidad y con absoluta imparcialidad y objetividad.

Nosotros creemos que la Fiscalía General tiene que ser total y absolutamente independiente e inamovible en su puesto. Que no dependa de si sus decisiones le gustan o no le gustan al Gobierno de turno, igual que el Consejo Fiscal. Y mientras eso no ocurra, no queremos ni oír hablar de que la Fiscalía pueda instruir los procedimientos penales. Sólo nos faltaba eso que a dictado del gobierno de turno, se dediquen a instruir aquello que les interesa u ocultar aquello que no les interesa.

Hay que acabar con un tema lacerante y repugnante: las puertas giratorias de la Justicia. ¿Cómo puede alguien ser ministro y de repente ocupar una Fiscalía General o volver a su plaza de juez? No puede ser

Hay una figura que nos gustaría implantar: la del juez defensor judicial, para proteger a los jueces y magistrados, velar por su independencia orgánica sin ningún tipo de injerencia, de amenaza o de intromisión del poder político, de los medios de comunicación o de otros poderes fácticos y económicos, que les garantice que son intocables e inviolables frente a los vaivenes de la política. Y esto es posible y lo necesitamos porque están en juego nuestras libertades y derechos más básicos. Si no hay Justicia, todo lo demás da igual.

–¿Y qué hacemos con el indulto a pesar de las medidas de profundidad que propone?

–El problema del indulto, que es una figura o una institución con muchos siglos de historia y que pudo tener su razón de ser en origen como derecho de gracia del rey para reparar ciertas arbitrariedades es que hoy en día los estados de derecho tienen recursos, garantías, recursos extraordinarios de revisión, diferentes modelos de apelaciones tanto nacionales como internacionales... es mucho más difícil que se produzca una arbitrariedad o una injusticia palmaria.

Lo que necesita la ley del indulto, con carácter de absoluta urgencia y debería ser una de las primeras medidas que tomase un nuevo Gobierno de España, es modificarla para que en ningún caso el indulto se pueda conceder uno en contra del órgano sentenciador; a condenados por motivos de terrorismo, de delitos graves como asesinato o violación, de narcotráfico o de corrupción política. Todo eso tiene que estar absolutamente al margen de un indulto. El problema es que el indulto se ha convertido en la puerta trasera de la justicia. Es decir, no les basta a estos políticos con tener metidas sus manos sucias dentro de todos los órganos judiciales sino que por si se les escapa alguna sentencia que no les gusta abren la puerta de atrás y mediante un decreto se rectifica. Es una auténtica vergüenza.

–Ha puesto usted sobre la mesa el juicio del procés. ¿Qué espera desde la última decisión del TGUE que pase con el futuro judicial de Puigdemont?

–Ha sido vergonzoso que durante tantos años los prófugos de la Justicia se hayan paseado por toda Europa disfrutando de impunidad como consecuencia de las negativas al cumplimiento de una euroorden que ha quedado demostrado que no está siendo eficaz. Somos estados soberanos de derecho, socios de la Unión Europea y, por tanto, tiene que haber una confianza recíproca. Lógicamente, lo de Bélgica fue bochornoso: tratar a España como si fuera un Estado dictatorial, un Estado bananero al que no entregar a un prófugo que había dado un golpe de Estado.

Nos alegramos que de una vez por todas la Justicia europea haya dicho que se tiene que entregar a España. Nos alegramos de que, una vez más, el magistrado Pablo Llarena haya tenido razón. Y espero, personalmente, volver a vestir la toga en el Supremo, sentarme otra vez en el estrado de la acusación popular de Vox y ver al prófugo de Puigdemont y al resto de sus secuaces sentados en el banquillo para responder ante la justicia, desgraciadamente, y por culpa de este Gobierno, por penas muy inferiores a las que correspondería, tras la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación.

–Más allá de restaurar la sedición y la malversación, ¿apuestan por recuperar, también, el referéndum ilegal que también se eliminó del Código Penal?

–Así es. Ahí tenemos un ejemplo en el que una cosa es la propaganda y las campañas electorales y otra la realidad de los gobiernos. Recordemos cuando ese delito que se había aprobado en la época del Partido Popular de José María Aznar, el delito de convocatoria de referéndum ilegal, Rodríguez Zapatero lo derogó. Luego vino Mariano Rajoy con mayoría absoluta y no volvió a aprobarlo. Y de ese no querer remediarlo se han aprovechado los golpistas del golpe en Cataluña. Por tanto, una de las medidas que hay que tomar es, con carácter de absoluta urgencia, en el nuevo gobierno que salga del 23-J, que esperemos que no sea un gobierno de la extrema izquierda de los socios de Sánchez, es aprobar nuevamente una modificación del Código Penal para que la convocatoria de referéndum ilegal vuelva a ser un delito y, además, que se recupere y agrave el delito de sedición.

El hecho de tener una riqueza lingüística en España no significa que exista un derecho de autodeterminación, ni un derecho a crear una nación

Y todo ello sin olvidarnos del combate ideológico y educativo. Como no seamos capaces, con nuevas leyes de contrarrestar el odio y de la mentira que se están vertiendo en las aulas a las nuevas generaciones, nos encontraremos con que este problema irá cada vez acrecentando. Hay que apagar el incendio en su origen. Con Vox esto se va a terminar. Hay muchos jóvenes españoles que desgraciadamente creen que viven en una España sojuzgada por una potencia, una Cataluña o una País Vasco, o una Galicia o una Baleares sojuzgada bajo el enemigo. Y esto hay que combatirlo desde la educación y también desde las campañas de medios de comunicación. El Estado se tiene que involucrar y tiene que gastar dinero a través de medios de comunicación públicos, explicando qué es el separatismo y cuáles son sus mentiras.

Hay que combatir la mentira histórica, la mentira económica y la mentira política, que son tres grandes mentiras que han conjugado y que han utilizado siempre los separatistas. Y que, por tanto, toda esta mentira del separatismo no es más que el negocio de unos pocos del que viven desde hace muchos años y, también, una forma de destruir todo lo que nos une y todo lo que nos puede hacer como nación mucho más fuertes.

–¿Cree, entonces, que habría que intervenir la autonomía con el artículo 155 de la Constitución en la mano, en ese aspecto?

–Ese mecanismo constitucional Vox lo instó reiteradamente. El Gobierno Mariano Rajoy lo aplicó tarde y mal. Fue un 155 de pacotilla para retirarlo después y permitir unas elecciones en ese mismo momento, que fueron nefastas porque les dieron a los independentistas una fuerza tremenda, un victimismo tremendo. Claro que es el mismo caso que está ocurriendo en muchos lugares de España que estaban gobernados por el Partido Popular y que crearon y aprobaron, precisamente, esas leyes mal mal llamadas de normalización lingüística que, en realidad, eran de imposición lingüística, de persecución a todo el que quisiera hablar en la lengua materna, en la lengua común de los españoles, que es el español y que pese a que lo hablan más de 300 millones de hispanohablantes en el mundo, pues resulta que no está garantizado.

Otra de las cuestiones que tenemos que aprobar es una Ley de defensa del Español en la Educación que garantice que puedas educar a tu hijo en su lengua materna. Por supuesto que permitiendo, faltaría más, que esa riqueza lingüística que puede ser el vasco, el catalán, el gallego, el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, el valenciano,... cualquiera de las lenguas que nos enriquecen se pueda estudiar. Pero siempre que se garantice la educación en todos los niveles en español y tan importante como en la educación escolar, en la Administración.

–La producción legislativa del Gobierno ha sido muy criticada, incluso anulada judicialmente en muchos casos. ¿Mantienen ustedes su apuesta por revisar la ley de partidos para ilegalizar formaciones como Bildu?

–Es curioso que los que siempre dicen que se quieren homologar Europa cuando les interesa, nunca traten esta cuestión comparando otros países de nuestro entorno como Alemania, Portugal, Italia o Francia, que tienen muy claro que los partidos separatistas son partidos inconstitucionales, que no es aceptable que un Estado permita que quienes quieren destruirlo entren en el juego parlamentario y dentro las instituciones. Y no es, como ellos dicen, que se persigan las ideas. No, se persiguen los fines y los objetivos. Igual que no se puede aceptar a un partido neonazi, homófobo, racista o que promueva, por ejemplo, las violaciones o el tráfico de estupefacientes. Por etsa misma razón no se puede aceptar a los partidos que son abiertamente contrarios a los principios de la Constitución y atentan contra su misma esencia que es la indisoluble unidad de la nación española, patria común de los españoles. Pero, ya, si están formados por terroristas o por quienes tienen las manos manchadas de sangre es, directamente, vomitivo directamente.

Podría llamarse Estado fallido aquel en el que los terroristas se sientan en las instituciones. Quienes han formado parte de organizaciones criminales y no han condenado los asesinatos no pueden estar en el Congreso

En lo que de nosotros dependa promoveremos la ilegalización de los partidos separatistas, pero muy especialmente de quienes, además, están vinculados con organizaciones terroristas. Y no me quiero olvidar de Esquerra Republicana de Cataluña, que estaba vinculada a Terra Lliure y en connivencia con Herri Batasuna y con partidos proetarras. Todos estos grupos no pueden estar en las instituciones y no pasa nada por decirlo. Las libertades para los que respetan la ley y la nación. No puede haber libertades para los que son criminales, delincuentes o para los que intentan destruirnos.