La Fiscalía instará la entrega de Puigdemont tras asegurarse de que no es posible ningún revés judicial

Una nuevo escenario reclama una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que ponga sobre la mesa el regreso, en firme, del prófugo Carles Puigdemont a España. La decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de retirar definitivamente la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán ha abierto una nueva etapa en el procedimiento penal que el Supremo español mantiene activo contra él por su participación en el procés inconstitucional de 2017 en Cataluña.

El magistrado instructor de la causa, el juez Pablo Llarena espera, desde hace días, a que la Fiscalía mueva ficha para reactivar la euroorden que dejó en suspenso a comienzos de este mismo año a la espera, precisamente, de conocerse el sentido de la sentencia de la Sala Sexta ampliada del Alto Tribunal de Luxemburgo. El Ministerio Público, según ha podido saber El Debate, avanza en el tema para hacerlo bien y pronto pero no en estos días previos a las elecciones generales del 23-J.

La dificultad que hubo para ejecutar las órdenes anteriores ha hecho entender a la Fiscalía que debe tomarse su tiempo. El recurso contra la decisión del TGUE puede interponerse por parte de Puigdemont hasta mediados de septiembre y, tan sólo en un mes más, el TJUE habrá resuelto si concede, cautelarmente, de nuevo, la inmunidad mientras tramita el asunto de fondo. El Ministerio Público español es consciente de que la admisión de las medidas provisionales, con una nueva OEDE vigente desde ya, obligaría a España a pedir, de nuevo, que todos los países de la UE suspendieran su aplicación una vez más. Pero si se la deniegan , entonces, podrá reactivarse sin problema.

Sea como sea, el mecanismo de cooperación automática entre los países miembros de la UE sólo podrá reclamar a Puigdemont por un delito de malversación ya que la última reforma legal del Gobierno de Pedro Sánchez eliminó la sedición por la que, inicialmente, también estaba requerido el político separatista.

El pasado 12 de enero, tras entrar en vigor la modificación a la carta del Código Penal gracias a la que el Ejecutivo socialista consiguió el apoyo de Esquerra (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el magistrado revisó de oficio los escritos provisionales de acusación que pesan tanto sobre Puigdemont como para el resto de políticos catalanes prófugos de la Justicia española. Y lo hizo tanto para confirmar que las conductas asociadas al delito de sedición sólo pueden perseguirse, ahora, por desobediencia como para mantener íntegramente que no es posible aplicar la alteración penal diseñada por el Ejecutivo socialista a los procesados Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig –este último sobre el que no se ha pronunciado el TGUE, dado que no ostenta la condición de europarlamentario– por el delito de malversación de caudales públicos.

O, lo que es lo mismo, el juez Llarena descartó, en firme, que los hechos cometidos por los exlíderes políticos del referéndum inconstitucional del 1-O encajen en el tipo atenuado de malversación. Luego, la OEDE será dictada teniendo en cuenta este nuevo escenario legal.