Jueces y fiscales «molestos» con el Gobierno por no haber aprobado aún la subida salarial que frenó su huelga

El pasado mes de abril, las principales asociaciones de jueces y fiscales de nuestro país convocaron una huelga indefinida, con fecha 16 de mayo, como protesta, tras años denunciando «la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la Administración de Justicia». Varias semanas después de arrancar las «medidas de presión» –que obligaron al Ministerio de Pilar Llop a convocar la Mesa de Retribuciones, inexplicablemente suspendida en octubre de 2022– los interlocutores del Gobierno y los portavoces, con fuerza negociadora, de la Magistratura y la Carrera Fiscal, sellaron un acuerdo de mínimos y el compromiso de llevarlo a cabo, vía Decreto del Ejecutivo, antes de las próximas elecciones generales del 23-J.

Sin embargo, sólo queda un Consejo de Ministros antes de las votaciones y los jueces y fiscales dan «por perdida» la aprobación del texto necesario para que se haga efectiva, entre otras cuestiones, la subida salarial de 46,7 millones de euros con la que se neutralizó el conflicto colectivo. En especial, después de las denuncias públicas de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que, en las últimas horas, han advertido de que tomarán acciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez por «traicionarles» al incumplir su propio compromiso. «Es una tomadura de pelo», afirman fuentes próximas al entorno asociativo de jueces y fiscales.

Tal es el malestar en el seno de ambas carreras, judicial y fiscal, que las asociaciones firmantes –Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– han iniciado una ronda de contactos previa a la emisión de un comunicado conjunto con el que afear al Ejecutivo su retraso en el cumplimiento de la palabra dada.

«Durante todo este tiempo», desde la firma del acuerdo el pasado 18 de mayo, los interlocutores de jueces y magistrados han mantenido un contacto permanente con representantes del Ministerio de Justicia quienes les garantizaron –«siempre de manera verbal», según ha podido saber El Debate– que el trámite necesario para arrancar con la aplicación práctica de los cambios consensuados «iba a salir» antes del final de la legislatura y de cualquier futuro y eventual nuevo Gobierno.

Así las cosas, la realidad es que los miembros de la Magistratura y del Ministerio Público son «escépticos». Para «ser rigurosos, todavía hay un mínimo margen pero se entendería muy mal que no se apruebe el Decreto que convalide lo pactado con los LAJ» y sí se incluya en el Pleno ministerial del próximo martes día 18 «el nuestro», apuntan fuentes próximas a la cuestión.

Por ello han decidido «no dejar pasar la oportunidad» de poner de manifiesto la realidad de lo que está ocurriendo aunque sin parecer «un activo» que pueda ser utilizado por algunas opciones políticas «en los días previos» a una convocatoria de elecciones generales, puntualizan las mismas fuentes. «Estudiaremos medidas contundentes» ante el «incumplimiento» del pacto, coinciden. «Lo que se discute es, mientras tanto, el momento más adecuado» para comunicarlas.