La Sala Cuarta del Supremo acumula 17.000 causas pendientes con la mitad de magistrados por el bloqueo del CGPJ

La Ley de Demarcación y Planta Judicial establece que la Sala Cuarta de lo Social del Supremo debe estar constituida por un presidente y doce magistrados. Y, sin embargo, en la actualidad tan sólo cuenta con la mitad de los jueces, sólo seis, para resolver las más de 17.000 causas pendientes que se acumulan como consecuencia de la parálisis en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuesta por el Gobierno, en 2021. La reforma aprobada por PSOE y Podemos impide al órgano cubrir ninguna de las vacantes que se han ido produciendo en los tres últimos años y de ahí que se hayan reducido a la mitad los magistrados disponibles.

Tan sólo seis jueces son los activos del Alto Tribunal para dar salida a los recursos planteados, fundamentalmente, por motivos laborales –Rosa María Virolés, presidenta, Antonio Sempere, Ángel Blasco, Sebastián Moralo, María Luz García, Concepción Rosario, Juan Molins e Ignacio García-Perrote– y así continuarán hasta que, pasadas las elecciones del próximo domingo 23-J la llegada de un nuevo Gobierno agilice los trámites necesarios para renovar el CGPJ y rehabilitarle en sus funciones constitucionales plenas.

Que la situación del Supremo es insostenible es una evidencia a voces en los últimos meses, que el veto de los nombramientos, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la causa directa de la agonía de la mayoría de las Salas del Alto Tribunal, también. Y, además, a ello se suma que el 'plan B' para suplir la prohibición de las designaciones del Consejo, a través de comisiones de servicio provisionales presentado en el último Pleno del órgano de los jueces, y rechazada por los vocales de la izquierda, busca llevar al Alto Tribunal a una situación de parálisis irreversible que obligue a socialistas y populares a poner fin a la prórroga institucional vigente desde 2018.

Así las cosas, la Sala de Gobierno del Supremo volvía a pedir auxilio, por última vez el pasado mes de marzo, al Ministerio de Justicia en busca de refuerzos: quince plazas de letrado que ayudaran, provisionalmente, a sobrellevar la situación aunque sólo fuese un nuevo parche que resultó rechazado. De nada han servido las advertencias formuladas al Departamento que lidera Pilar Llop, basadas en un informe del Gabinete Técnico del Supremo sobre el fatídico impacto que está provocando en el funcionamiento del Alto Tribunal, especialmente en las Salas Tercera y Cuarta, las más mermadas, por la imposibilidad legal del CGPJ de efectuar nombramientos.

Las dificultades denunciadas por la Sala Cuarta de lo Social no es una novedad. Desde el órgano judicial que, cada vez, tiene más problemas para sacar adelante la carga de trabajo que debe abordar con la mitad de efectivos, se han lamentado, en numerosas ocasiones de que, o se resuelven las carencias y se aborda el «indispensable» nombramiento de seis magistrados «con sólida experiencia en la materia» o se enfrentan a un riesgo real de «colapso» ante la «avalancha de asuntos» pendientes con los que prevén cerrar el año.