Montero gasta 50 millones en pulseras para violadores y maltratadores tras el fracaso de sus políticas

El Ministerio de Igualdad ha licitado de urgencia el servicio integral de seguimiento por medios telemáticos a maltratadores y violadores por algo más de 50 millones de euros, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por El Debate.

El contrato, que ascenderá hasta los 50.075.078,29 euros con impuestos, se hará para hacer cumplir la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del 'sólo sí es sí', que ha rebajado las penas a 1.155 agresores sexuales y excarcelado a 117.

La licitación se produce después de que la delegada del Gobierno en Violencia de Género, Victoria Rosell, emitiera un certificado en el que admitía que «la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género carece de los medios personales necesarios para la prestación del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos».

Esto es, que no había ni las suficientes pulseras ni los trabajadores necesarios para realizar el control sobre sus portadores. Igualdad contratará por ello a 82 personas para que se encarguen de esas labores de seguimiento y se adquirirán 7.600 pulseras con un valor estimado de 1.200 euros por unidad, según consta en la documentación publicada por la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este material se utilizará hasta 2025, según las previsiones de la memoria justificativa de la licitación, firmada, como el resto de la documentación asociada, por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'. Del total del montante, 11 millones de euros correrán a cargo de los fondos europeos para la covid.

Las violaciones, al alza

Este movimiento realizado por el Departamento liderado por Irene Montero se produce después de años de aplicación de medidas de fuerte impronta ideológica –basada en el feminismo más radical– que, sin embargo, han supuesto un rotundo fracaso.

Y es que las violaciones han aumentado ostensiblemente durante el Gobierno de Pedro Sánchez y no solo desde que Montero (Podemos) recogió la cartera de Igualdad de manos de la socialista Carmen Calvo.

Según los datos del Ministerio del Interior, en 2018, el año que Sánchez tomó posesión del cargo, se produjeron 9.786 delitos sexuales cometidos por una sola persona y otros 465 perpetrados en grupo. Un año después ya eran 10.971 los individuales y otros 483 los grupales.

En 2020, el año en el que estalló la pandemia de coronavirus y se decretó el confinamiento, los delitos sexuales disminuyeron hasta los 9.221 en el primer caso y hasta los 415 en el segundo. En 2021, la cifra se disparó hasta los 12.709 delitos sexuales cometidos por una persona, a los que se añadieron otras 573 violaciones en manada y delitos sexuales similares cometidos por varios individuos sobre una mujer.

Respecto a las víctimas mortales asesinadas a manos de sus parejas, las políticas feministas de Montero y Calvo no han tenido el efecto esperado y se han mantenido más o menos estables a lo largo de los años. Unos delitos cometidos, además, en buena parte por población foránea.

Así, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, se cometieron 53 asesinatos de este tipo (tres más que el año anterior y cuatro más que en 2016. En 2019 fueron 56; en 2020, 49; en 2021, 48; en 2022, 49; y este año, hasta junio ya eran 24 las víctimas mortales asesinadas por sus parejas sentimentales.