Junts y ERC urden la fórmula para subirle la factura a Sánchez: referéndum, amnistía y la vuelta de Puigdemont

Una vez recontado el voto de los españoles residentes en el extranjero, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, depende un poquito más de Junts, el partido del expresidente catalán prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont. La aritmética resultante de ese escaño que el Partido Popular le ha arrebatado al PSOE obliga a que Junts vote «sí» en una futura investidura de Sánchez, a diferencia de antes, cuando le bastaba su abstención.

Los separatistas catalanes ya han movido ficha y solo queda que pongan negro sobre blanco cuál es el precio que el secretario general socialista, y por ende todos los españoles, debe pagarles para que impidan su salida del Palacio de la Moncloa.

Esquerra Republicana de Cataluña ha admitido que ya está hablando «con discreción» con el partido de Puigdemont para urdir la fórmula para reeditar un nuevo Gobierno Frankenstein. Así lo ha explicado este sábado la portavoz de ERC, Raquel Sans, quien ha apuntado que su partido está conversando con Junts para alcanzar una «unidad estratégica» que impida una repetición electoral que «no interesa a la ciudadanía».

De tener que celebrarse unos nuevos comicios, nadie sabe hacia donde se decantaría la balanza surgida del resultado del 23-J. Una vez contabilizado el voto CERA, y si no hay sorpresas con el escrutinio general, aun pendiente, el Partido Popular ha obtenido una amarga victoria, con 137 escaños en el Congreso de los Diputados.

Con tan solo el apoyo de Vox y UPN, esos escaños no le valen para formar gobierno, pese a superar los 121 de los socialistas, que estarían flanqueados, además de por Sumar, por EH Bildu, el PNV, el BNG, Junts y un ERC que ya tiene claras sus demandas: «La amnistía y el referéndum y la necesidad de cumplir todos los acuerdos» hasta que se construya el «horizonte nacional», en palabras de Sans.

La postura de Junts va en la misma dirección, pero un poco más allá, al exigir la «autodeterminación». Esto es, la potestad para que Cataluña decidiese libremente su futuro político a través de un referéndum de independencia, y no otro tipo de consulta que dotase a la comunidad autónoma de mayor autogobierno, a través de un nuevo Estatuto o de alguna fórmula similar.

Además, el protagonismo que se le daría al expresidente que organizó el golpe del 1 de octubre de 2017 sería mucho mayor y podríamos enfrentarnos a una vuelta a España de Puigdemont aupado como un héroe nacional, a imagen y semejanza de Tarradellas y su «Ja sóc aquí», lo que insuflaría al independentismo de autoestima y le daría aire de cara a tratar de volver a enfrentarse de forma unilateral contra el Estado.

4.000 amnistiados por el 1-0

El abogado del expresidente regional, Gonzalo Boye, además pidió a comienzos de esta semana una amnistía general para los aproximadamente 4.000 encausados por el procés «para solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales». Una amnistía general que iría más allá de la de los políticos que organizaron el referéndum y mucho más allá del perdón concedido por el Ejecutivo de Sánchez, que se pudo aplicar vía indulto sobre personas juzgadas.

Puigdemont, según la fórmula de Junts, jamás pisaría la cárcel ni un juzgado y su jaque al Estado no solo quedaría totalmente impune, sino que lo elevaría a los cielos del independentismo y contentaría al ala dura de su partido, encabezada por Laura Borràs. Aun así, ni en el caso de que Sánchez idease la manera de pasar por encima de la Constitución y le prometiese a Junts cumplir con todas sus demandas estaría asegurado su apoyo, como advertía el propio Puigdemont este sábado en un tuit en el que advertía de que no aceptaría ni chantajes ni presiones.

Anteriormente, tampoco había dejado entrever que fuese a ser fácil lograr su apoyo. «No votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Gobierno de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para sacarnos de la Alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC», advertía el propio Puigdemont en Twitter tras la noche electoral, cuando diversos analistas daban por seguro su apoyo al candidato socialista.

Sin embargo, en aquel mensaje también se ocultaba un dardo contra sus competidores por el voto separatista, ERC, a quienes desde Junts acusan de pedir «cositas», en lugar de apostar por posturas maximalistas. No en vano, el independentismo tiene un ojo puesto en las elecciones autonómicas de 2025 –que se podrían adelantar fruto del débil Gobierno de Pere Aragonès y los 33 diputados de Esquerra en el Parlament–, por lo que cualquier argumento debe ser escrutado también desde esa óptica.

Por ahora, desde el PSOE se ha recibido ese baile escaño arrebatado por el PP en la circunscripción de Madrid con inquietud y ya emplazan a Junts a apoyarles.

«Junts tendrá que decir si quiere un gobierno progresista o une sus votos al PP y a Vox para que haya un gobierno de derecha con la ultraderecha, con lo que cada uno de ellos representa en lo que tiene que ver con el avance de los derechos o en su retroceso», señalaba este sábado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, Patxi López, quien aseguraba que, a diferencia del PP, su partido sí entiende la diversidad de nuestro país.

El problema es que los de Puigdemont no buscan un nuevo encaje de Cataluña en España, como proponen los socialistas, sino levantar una frontera. ¿Será ese el precio de la factura por investir a Sánchez?