El forajido salvavidas de Sánchez

ACarles Puigdemont i Casamajó le pega más asaltar el Parlamento catalán con una cabeza de búfalo que gestionar la gobernabilidad de un país al que odia, España. Pero el sanchismo produce estos monstruos: a punto de perder su inmunidad parlamentaria, el expresidente de la Generalitat, huido a Bélgica, está negociando con el enviado de Yolanda Díaz, Jaume Assens, qué jirones puede arrancar de lo que queda de España al presidente con menos escrúpulos de la democracia. Objetivo: que Sánchez siga en el poder y que Puchi no pise la cárcel.

El nivel de delirio de la política española ha llevado a que un representante de la derecha más rancia y supremacista catalana, prófugo de la justicia, sea socio imprescindible del «gobierno de progreso». El comunista Assens y el xenófobo Puigdemont masajeándose para perpetuar a Sánchez. Y para completar el estupefaciente equipo negociador, otra huida como Marta Rovira representará a ERC en la sala de despieces del Estado, donde no faltará un etarra como Otegi. Solo Pedro consigue estas gangas.

Delirante como todo lo que acompaña a la peripecia vital de este periodista con excedente capilar y déficit neuronal metido a político, que ha engañado a cuantos se han cruzado a su paso: primero al Gobierno de España con el que fue desleal y artero durante su mandato (2016-2017), después a sus compañeros de aventura, principalmente a Oriol Junqueras, que dieron con sus huesos en la cárcel –luego indultados por el amigo Pedro–, mientras él se afincaba en Waterloo, y siempre a los catalanes, a los que prometió una republiqueta de chatarra, impropia de una puntera región de la cuarta economía de la zona euro, región que hoy vive sumida en la decadencia más absoluta.

Mariano Rajoy reveló en el libro que publicó al dejar la presidencia que el 11 de enero de 2017 invitó en secreto al entonces presidente catalán a una comida para chequear hasta dónde estaba dispuesto a llegar el que era, según la Constitución, representante ordinario del Estado español. Quedaban nueve meses para el golpe separatista, y Puchi –que al correr de los años también contaría este episodio monclovita–, escuchó de labios del presidente del PP que no iba a consentir un referéndum ni la declaración de independencia. Rajoy le preguntó por las 43 reivindicaciones propuestas por la Generalitat, pero Puigdemont advirtió impertérrito: «No estamos hablando de si tendremos más dinero para becas, de si habrá más inversión o no. Ya no va de eso».

Esas palabras del líder de Junts son la quintaesencia de su carrera política: nunca resolver los problemas de los catalanes sino encabezar un golpe institucional del que se valió, para más escarnio, el dictador Putin en su cruzada por debilitar a la UE, gracias a las conexiones entre los chicos de Puigdemont y los servicios de inteligencia rusos. Otra excelente carta de presentación de España en la Europa que intenta salvar a Ucrania de las garras del compañero de Puchi.

Con casi sesenta y un años, Puigdemont es un forúnculo supino para el separatismo, al que Pere Aragonés no puede ni ver y con el que rompió en octubre pasado, pero que ha resucitado en su ínsula de Waterloo con su corte bufa, gracias a que sus siete escaños en el Congreso valen su peso en oro para la investidura sanchista, en la que ya solo le valdrá un voto afirmativo. Pedro y Carles, dos políticos debilitados electoralmente (el catalán ha perdido 140.000 votos) ayudándose mutuamente en su particular manual de resistencia. Dos bueyes uncidos por ese trágala, arando el mismo surco de odio a España.

Desde su guarida en Waterloo, vive con un sueldo de eurodiputado de 8.000 euros al mes, sumados a 4.320 euros para gastos varios y dietas de 306 euros diarios, sin contar la oficina que mantiene abierta en Barcelona, que cuesta a las arcas públicas 235.000 euros, una fábrica de odio contra España. Todo al servicio del escarnio de nuestra justicia que, gracias al rigor y perseverancia del juez Llarena, no ha cejado en su intento de que el delincuente pague lo que hizo. Ya nada queda de aquella promesa de Pedro Sánchez de que iba a traer al prófugo para que fuera juzgado; ahora, gracias a su reforma legal, solo podrá sentarse en el banquillo por el delito agravado de malversación de un montante de 2,3 millones de euros, según investiga el Tribunal de Cuentas.

Desde su descanso en Lanzarote, el presidente en funciones prepara un puente de plata para recibirlo a cambio de que Puigdemont se sume al Sanchenstein 3.0 y le garantice cuatro años más en Falcon y con derecho a La Mareta. Valido de la laxa justicia belga y del papel mojado de las euroórdenes europeas –instrumento al que podría acudir de nuevo Llarena cuando se levante su inmunidad–, su defensa legal está en manos de Gonzalo Boye, un pseudoabogado que irá a juicio junto a Sito Miñanco por blanqueo de dinero del narcotráfico. Este es el equipo de amigos de Sánchez.

Puigdemont es un sucedáneo de periodista que en 2004 fundó el diario Catalonia Today, en lengua inglesa, y su aplastante éxito profesional todavía se estudia en las Facultades de Comunicación. Está casado con Marcela Topor, colega rumana que presenta, por 6.000 euros al mes y solo ocho horas de trabajo, un detritus televisivo en una red de canales pagados por la Diputación de Barcelona. De 2006 a 2011 fue alcalde de Gerona y sus méritos separatistas le catapultaron a suceder a Artur Mas, como candidato no solo del antiguo partido de Pujol sino de la CUP.

Mientras batalla judicialmente con España, su socio Junqueras le ha birlado el Gobierno catalán, el hecho diferencial y hasta el encamamiento con Sánchez. Hoy pretende revivir de sus cenizas y convertirse en el salvavidas imprescindible para que Sánchez continúe en La Moncloa. Desgraciadamente, España depende de que este forajido tocado con un mocho por flequillo levante o baje el pulgar.