La Moncloa no desmiente que el espionaje a Sánchez influyera en su volantazo en el Sáhara

¿Por qué Sánchez pasó, en apenas un año, de acoger clandestinamente en España al líder del Frente Polisario a cederle a Marruecos, de facto, el liderazgo en el Sáhara? ¿Tuvo algo que ver en ese viraje el episodio de espionaje en su propio teléfono móvil, achacado a la inteligencia marroquí?

Las dos grandes preguntas siguen sin respuesta, pero un sorprendente documento oficial, al que ha accedido El Debate, ayuda a entender hasta qué punto todo puede estar relacionado y conforma una bola que no deja de crecer sin que Sánchez, de vacaciones ahora en Marruecos, sepa cómo pararlo ni explicarlo.

En el mismo, fechado el pasado 25 de julio con la firma de la Secretaría General de la Presidencia, no se desmiente la relación entre el hackeo del móvil de Sánchez y el volantazo en el Sáhara, como parecería lógico, y se limita a escudarse en cuestiones técnicas para sortear el escollo.

De hecho, desde Presidencia del Gobierno ni se confirma ni se desmiente la existencia de «documentación que justifique que el cambio de postura referente a Marruecos tiene que ver con la información robada de su teléfono móvil».

Simplemente, aseguran que la cuestión se basa «en el planteamiento previo de una situación hipotética», ya que en la pregunta planteada a La Moncloa por este periódico se hacía mención «al cambio realizado en la posición tradicional de España respecto al Sáhara»; a las sospechas de que el supuesto responsable del espionaje era Marruecos como señaló la Unión Europea; y a la posible relación entre ambas variables.

Así, pese a solicitar la documentación que relacione todas estas variables, para confirmarlas o despejarlas, desde la Secretaría General de Presidencia aseguran que «no requiere un documento o contenido concreto, identificado o identificable, que permita a este órgano verificar la existencia o no de la información, sino que se formula una solicitud en términos tan genéricos e hipotéticos (…) que no resulta posible, con los medios técnicos de los que dispone este organismo, dar respuesta a esta solicitud».

Además, da un paso más y explican que «conocer la existencia de cualquier documento, en cualquier formato, en el que se recoja información que pudiera corresponderse con los concretos requisitos de contenido que determina la solicitud, requeriría de la revisión, y posterior análisis pormenorizado, de la información en poder de la Presidencia del Gobierno, con el fin de determinar si su contenido, en todo o en parte, pudiera contener información que cumpla los criterios señalados y que, por tanto, pudiera concluirse, de forma cierta, que se trata de la información requerida».

La enrevesada respuesta del equipo de Sánchez es en sí misma un indicio de hasta qué punto este asunto, crucial en la política exterior española, se ha convertido en un problema al menos en términos de ofrecer explicaciones a la opinión pública: lo rutinario sería que la Presidencia del Gobierno descartara, de un plumazo, toda relación entre una decisión institucional de Sánchez y el asalto a su móvil personal, pero en este caso eso no sucede y se opta por perpetuar la duda.

Todo apunta a Marruecos

Sánchez sigue así lanzando todo tipo de evasivas a la hora de aclarar las razones del cambio de postura sobre el Sáhara Occidental y mucho más si el asunto tiene que ver con el espionaje de su teléfono móvil. Un tema que ha planeado de forma inevitable durante la legislatura y que ha generado grandes tensiones en materia de política exterior con un país en el punto de mira: Marruecos.

Nadie sabe qué ha ocurrido, ni si el contenido hackeado del teléfono de Sánchez ha servido para presionar al presidente en favor de los intereses de Marruecos, algo que desde Moncloa intentan enterrar pese a la investigación que ha realizado El Debate.

Sin embargo, este nuevo intento de La Moncloa para no ofrecer las explicaciones públicas necesarias sobre un asunto de tanto calado ofrece nuevos y sorprendentes datos. Así, en sendos documentos que obran en poder de El Debate, el Gobierno ya se había negado a dar explicación alguna acerca del robo de la información del teléfono espiado del presidente que él mismo hizo público a través de una comparecencia del ministro Félix Bolaños.

El ministro Marlaska, en un documento de fecha 24 de mayo de 2022, negó a este periódico acceso a la información relativa al espionaje del teléfono de Sánchez y Robles, entre otros altos cargos espiados, porque «la difusión pública» de tales datos podría propiciar «otro tipo de acciones maliciosa con medios similares», «utilizarse en contra de la seguridad nacional y la seguridad pública», concluyendo que la información solicitada se encuentra dentro de las materias clasificadas como «Secreto».

Tras el cese de la anterior directora del CNI por el «fallo de la seguridad de las comunicaciones del Gobierno», El Debate preguntó a la ministra Robles sobre el espionaje sufrido por Sánchez y cuántos de sus ministros, entre los que ella misma figuraba según declaró el presidente en rueda de prensa, habían sido víctimas del hackeo de sus móviles de Estado.

La falta de explicaciones ha generado un batiburrillo de justificaciones distintas: Moncloa, Interior y Defensa apelan a razones distintas para callarse

Defensa, de quien depende el CNI, en un documento que obra en poder de este periódico y datado el 20 de julio de 2022, negaba el acceso a cualquier información por el carácter secreto de todas las actuaciones del CNI, según la ley 11/2002 de 6 de mayo.

Tras la investigación llevada a cabo por El Debate, que reveló la ausencia de despachos formales entre Sánchez y el Rey para este asunto y la insólita negativa de La Moncloa a entregar la supuesta carta original en la que el presidente asumió la posición de Mohamed VI sobre el Sáhara, amparándose a menudo en la figura del «secreto oficial» y la «seguridad nacional», resulta sorprendente que ahora Moncloa no apele a la misma normativa y reconozca que esa información podría existir.

En términos más sencillos, lo que Moncloa viene a decir es que tendrían que buscar la documentación y para no hacerlo invocan uno de los motivos por el que pueden ser inadmitidas las solicitudes de información, que se enmarca en un supuesto de reelaboración, cuando lo realmente necesario es hacer una búsqueda de los documentos para facilitarlos, rebajando así una cuestión de Estado a una mera labor administrativa en la que la información recogida en los registros de comunicaciones del Estado contienen únicamente datos básicos de identificación e individualización de la comunicación.

En otras palabras, los informes que obran en poder del presidente del gobierno sobre el espionaje sufrido parecen pasar así de ser un secreto de Estado a un mero apunte administrativo. Misterios de La Moncloa.

Ghali, Ceuta y el bandazo del Sáhara

Los bandazos de Sánchez en este asunto han sido evidentes, pues ha pasado de acoger en un hospital al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, (lo que desembocó en un cruce masivo de 8.000 inmigrantes en El Tarajal en Ceuta como medida de presión), a reconocer que la propuesta de un régimen de autonomía para el Sáhara que Marruecos hizo en 2007 es la propuesta «más seria, realista y creíble» para la resolución del conflicto, creando una crisis diplomática y comercial con Argelia, informa Alicia Martín.

En medio de todo este asunto irrumpió, además, el hecho, anunciado por Moncloa, de que el teléfono móvil de Pedro Sánchez había sido infectado por el programa Pegasus en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre del año siguiente.

La infección del móvil del presidente se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, y se extrajeron al menos 2,57 gigabytes de información

Según indica el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, encargado de la investigación del hackeo, «el teléfono móvil del presidente del Gobierno presenta indicios de haber sido infectado por Pegasus en cinco ocasiones». Entre el 19 y el 22 de mayo de 2021, solo un día después de la entrada masiva en Ceuta, se llegaron a extraer «al menos» 2,57 gigabytes.

Sin embargo, el juez ha tenido que cerrar el caso por falta de cooperación de Israel, país en el que se encuentra la empresa NSO Group, creadora y propietaria de la herramienta de espionaje, por lo que no ha podido confirmarse la autoría del hackeo, aunque la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus apunta a Marruecos como el «posible» responsable del espionaje.

Y es allí, a Marruecos, donde curiosamente Sánchez ha decidido irse de vacaciones con su familia, en plena incertidumbre por la investidura del próximo presidente del Gobierno y tras haber difundido la agencia EFE que estaba de descanso desde hace días en el palacio de La Mareta, en Lanzarote. En realidad, estaba en La Moncloa antes de viajar al país que, tal vez, mejor conozca sus secretos guardados en su móvil.