119 exdiputados siguen cobrando pensiones vitalicias pese a estar prohibidas desde 2011

Un centenar largo de exdiputados, 119 en concreto, disfruta de uno de los privilegios que más molestan a la opinión pública: el de cobrar grandes sueldos mensuales sin trabajar, las famosas «pensiones vitalicias» que fueron prohibidas hace doce años formalmente.

Para ellos, sin embargo, el lujo se mantiene, según consta en la documentación oficial del Congreso a la que ha accedido El Debate: se trata de todos los antiguos miembros del Parlamento que, cuando se decidió acabar con esa prebenda en 2011, ya la venían cobrando y la nueva legislación promovida les exoneró de su cumplimiento.

Y en el listado aparecen nombres ilustres, de todos los partidos incluyendo los nacionalistas, que dejaron el Congreso o el Senado hace décadas y, sin embargo, cobran cada mes retribuciones más propias de un ejecutivo, por no hacer literalmente nada.

El récord de retribución lo marca el histórico socialista Pablo Castellano, que cobra religiosamente 3.568,61 euros cada mes pese a que abandonó el Congreso hace casi 23 años: la última legislatura en la que prestó sus servicios fue la terminada en el 2000.

Desde entonces, quien fuera líder de la corriente Izquierda Socialista y detractor de la renuncia al marxismo encabezada por Felipe González en Suresnes, ingresa esa «jubilación de oro» cortesía del contribuyente.

En una situación parecida está Jaime Ignacio del Burgo, con casi tres décadas de actividad política en la UCD y el PP, que ahora disfruta de un «salario» idéntico al de su otrora rival político: tres veces la pensión media en España y 500 euros por encima de la más alta prevista por la Seguridad Social para las cotizaciones más altas.

Con cantidades inferiores, pero también muy generosas, figuran otros políticos tan célebres como Cristina Almeida, que fue diputada durante 9 años y senadora otros cuatro. A pesar de que no pisa el Congreso ni el Senado desde hace dos décadas ya, se lleva cada mes 2.067,39 euros sin hacer ningún esfuerzo.

A esa «pensión» no renuncian tampoco los políticos nacionalistas, al parecer muy satisfechos, al menos para esto, de haber representado al pueblo español. Porque gracias a él se llevan esa pensión vitalicia, de distintas cantidades en función de los años de servicio, dirigentes del PNV, Eusko Alkartasuna o Convergencia como Pere Vidal, Marcos Vizcaya, Joan Miquel Nadal, Andoni Monforte o Joseba Azcárraga, entre otros.

Las pensiones vitalicias desaparecieron en 2011, pero las siguen disfrutando quienes adquirieron ese «derecho» antes de la abolición

En el listado de agraciados figuran incluso políticos de partidos que ya ni existen, como Antonio Faura, en su día secretario general del grupo parlamentario de la extinta UCD, con una retribución mensual de 2.854 euros, cifras que alcanzan otros exdirigentes sin distinción de siglas.

En esto, socialistas, populares, derechas e izquierdas disfrutan del mismo privilegio, acordado además por todos ellos y solo derogado para las siguientes generaciones de diputados y senadores por la mala imagen que daba. En esa lista aparecen nombres más conocidos, como Josep María Trías de Bes o Ana María Ruiz-Tagle, ambos con más de 2.000 euros mensuales, o los más anónimos para el gran público como José Luis Galache y Joaquín Galant, ambos en la frontera de los 3.000 euros.

La ley lo prohíbe

Las «pensiones de por vida» han sido una de las quejas más recurrentes de la ciudadanía, convencida de que por ser diputado adquirías el mismo derecho que a un trabajador corriente le cuesta al menos 37 años de cotización conseguir, y en unas cantidades inferiores.

Nunca fue del todo así, aunque sí se le parecía: el artículo 9 del Reglamento del Congreso preveía desde 2006, entre otras ayudas a Sus Señorías, la concesión de las llamadas «pensiones parlamentarias», una especie de complemento que les permitiría acceder en mejores condiciones a la jubilación definitiva con el máximo previsto por el sistema y que, en la práctica, les permitió a algunas conservar una retribución parecida a la que tenían como diputados sin serlo ya.

La cantidad mensual variaba entre los apenas 50 euros para casos con una pensión propia máxima por sus cotizaciones al margen de la política y los más de 3.500 para los veteranos, con larga trayectoria en las Cámaras y poca vida laboral fuera de ellas. En ambos casos, debían haber ostentado la representación del ciudadano durante al menos siete años.

Y a todo ello se le añadía una indemnización, ya desaparecida, para los viudos de diputados fallecidos o para sus hijos menores de 25 años, consistente en dos mensualidades del sueldo de su padre o madre difunto por cada año de servicios a las Cámaras.

Presionado por la indignación social, que veía en todo ello un privilegio ajeno a los derechos del resto, derogó el 19 de julio de 2011 el catálogo de ayudas, complementos y pensiones que hasta entonces cobraba cualquier miembro de las Cámaras desde 1977, pero con una salvedad que explica la suerte de Castellano, Almeida, Del Burgo o Pigem: excluyó de la medida a cualquier diputado o senador que disfrutara ya del privilegio y puso como línea roja para perderlo a todo aquel que no gozara del mismo con la fecha tope del 13 de diciembre de 2011.

Todos los anteriores a esa fecha siguen hoy disfrutando de las famosas pensiones vitalicias, un premio del pasado que, para algunos elegidos, sigue muy vigente.