PSOE y Sumar presionan a los separatistas catalanes para que rebajen sus exigencias para investir a Sánchez

El parón estival ha secado la agenda política pública, pero no así la que transcurre entre bambalinas. Y es que, aunque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, esté disfrutando de unos días de asueto en Marruecos junto a su familia, las conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo para volver a investirle no han cesado ni un minuto.

El PSOE y Sumar, quienes tratan de reeditar un Ejecutivo de coalición aupado por la amalgama de partidos separatistas saben que donde más difícil lo tienen es en Cataluña, toda vez que tanto el PNV como EH Bildu ya han avanzado que apoyarán a Sánchez y con un BNG que, con un solo representante en el Congreso de los Diputados no es la fuerza política a la que más haya que rogar su 'sí'.

Los partidos independentistas catalanes, con el procés aún fresco en la memoria de sus votantes, son los que con mayor ahínco defienden que el futuro de Cataluña debe pasar por un referéndum de independencia. ERC y, sobre todo, Junts lo llevan en sus programas electorales para los comicios del pasado 23 de julio, aunque la exigencia de llevarlo a cabo es un precio que ni Sánchez puede pagar, ya que su realización sería a todas luces inconstitucional y no cuenta con los apoyos necesarios para acometer una reforma constitucional que permitiese llevar a cabo un procedimiento que permitiera fragmentar el país.

Pese a todo, es una incógnita cuál será el precio que deba pagar el secretario general del PSOE para poder permanecer en el Palacio de la Moncloa. Es por ello que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llamaba a la discreción este jueves tras visitar una obras ferroviarias en Almería. «Tenemos que ser discretos. Creo que el diálogo para que sea útil, para que sea fructífero, ha de ser discreto, ha de ser respetuoso. Tenemos que ser responsables porque nos jugamos como país mucho», aseguraba, a la vez que precisaba que las negociaciones están «dentro de la ley y de la Constitución» y que tanto ERC como Junts partían de «máximos muy maximalistas».

«Tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos sin hacer ningún tipo de movimiento. Yo creo que lo esencial es que podamos seguir hablando con tranquilidad. Cualquier acuerdo que lleguemos tiene que ser un punto de equilibrio donde todas las partes se sientan cómodas», apuntaba, en una línea similar a la manifestada estos días desde Sumar, el sustituto de Unidas Podemos en ese hipotético futuro nuevo Gobierno de coalición. La última en pronunciarse ha sido Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y líder de los Comunes, uno de los partidos que integran la coalición liderada por Yolanda Díaz.

La vía canadiense

Colau pedía este viernes a los secesionistas que afrontaran las negociaciones desde puntos intermedios. «No tienen sentido los conceptos que hemos escuchado demasiadas veces en los últimos años, como líneas rojas o soluciones mágicas. No existen las soluciones mágicas. Y las líneas rojas es un concepto que hemos de erradicar de nuestro lenguaje democrático», pedía en una entrevista en Efe.

En este sentido, Colau se mostraba bastante menos discreta que Bolaños y admitía que la vía canadiense, una propuesta que ha colocado ERC encima de la mesa, debería de tomarse en consideración. «El acuerdo de claridad –similar al que se empleó en Canadá para el referéndum en Quebec– es una de las propuestas a estudiar y que puede ayudar para encontrar soluciones, pero no hemos de limitarnos a un solo concepto», afirmaba la exregidora de la Ciudad Condal, que sacaba pecho porque «los primeros en situar el acuerdo de claridad como una de las posibilidades a explorar» fueron ellos.