La exdiputada con más pensión vitalicia es una nacionalista sorprendida con dinero de Andorra

119 exdiputados de todos los partidos, incluyendo de izquierdas o nacionalistas, siguen cobrando una pensión vitalicia doce años después de que esa práctica fuera derogada, tal y como adelantó El Debate, sirviéndose de una disposición que anulaba la abolición para los casos que ya tenían reconocido ese privilegio antes de su supresión en 2011.

Y quizá el caso más llamativo de todos es, sin duda, el de la nacionalista Mercé Pigem i Palmés, diputada entre los años 2000 y 2013 por Convergencia Democrática de Catalana, una de las marcas históricas del nacionalismo catalán que, ya por entonces, empezaba a defender abiertamente la ruptura con España y ensayó poco después un «referéndum» de independencia promovido por Artur Mas, ensayo del celebrado por Carles Puigdemont en 2017.

La también abogada es la tercera, junto a Castellano y Del Burgo, que se embolsa la pensión más alta posible, 3.568,61 euros, pese a que en su currículum figura un episodio escandaloso.

En 2014, nada más dejar el Congreso, fue promovida a vocal del Consejo General del Poder Judicial por CiU, pero tuvo que dimitir tras ser sorprendida intentando entrar con su hermana en España, desde Andorra, con casi 20.000 euros en metálico de extraña procedencia, de los cuáles 9.500 los portaba ella personalmente.

Una cifra muy cercana del límite legal que hubiera convertido su extraño comportamiento incluso en un delito como los que ella denunciaba desde la tribuna del Congreso con especial intensidad, dada su condición de ponente en la reforma del Código Penal para endurecer las penas por ilegalidades fiscales: «Nuestro grupo parlamentario está comprometido en la lucha contra el fraude fiscal», llegó a decir en 2012.

La exdiputada con la pensión «vitalicia» más alta es nacionalista y tuvo que dimitir en el CGPJ tras ser sorprendida con dinero en metálico en Andorra

Aquel episodio la forzó a abandonar su puesto en el órgano de gobierno de los jueces, presidido por entonces por Calos Lesmes, sin que la propia CiU saliera en su defensa, aunque su salida le costara una posición de privilegio en el Poder Judicial que, aún hoy, no ha recuperado.

Ni su credo nacionalista ni su comportamiento personal, que no fue considerado delito pero sí incompatible con el cargo, le impiden disfrutar desde hace años de más de 3.500 euros cada mes, sufragados con los impuestos de los ciudadanos y aprobados por el Congreso para los diputados con más de siete años de servicios, con la intención de que disfrutaran de la pensión máxima del sistema aunque no hubiera cotizado para ello fuera de la política.

Condenado y con pensión

El de la nacionalista Pigem es un caso llamativo, ciertamente, pero no el único. Porque el privilegio también se extiende para otro caso muy controvertido, el del socialista José Acosta, histórico líder del «guerrismo» madrileño en los años 90 que logró crear una corriente propia, el «acostismo», muy enfrentada en aquella época a la familia renovadora encarnada por Joaquín Leguina.

Acosta fue una de las 64 personas condenadas en el caso de las «black card» de Cajamadrid, que consideró culpables a un ramillete de rostros conocidos de la política y el sindicalismo del uso ilegal de tarjetas opacas de la entidad bancaria, luego rescatada, para gastos personales en muchos casos suntuosos.

Acosta, en concreto, se gastó 62.500 euros y fue condenado a un año de cárcel, convirtiéndose junto al exministro Virgilio Zapatero en el dirigente del PSOE más célebre mancillado por un escándalo que afectó también a ilustres personalidades del PP, UGT, CCOO o CEIM.

Esos antecedentes lo le impiden al veterano socialista disfrutar cada mes, puntualmente, de una «pensión vitalicia» de 1.302,57 euros con la que, probablemente, alcance el máximo de jubilación previsto por el sistema, aunque hace 15 años que abandonó el Congreso, en el que estuvo entre 1979 y 2008.

Tanto Pigem como Acosta y los otros 117 exdiputados y exsenadores que mantienen una prebenda ya prohibida para el resto podrían renunciar a ella si lo consideraran incompatible con el concepto de ejemplaridad, tal y como de hecho parecen haber decidido otros políticos de mayor enjundia.

Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy fueron diputados durante más de siete años antes de la supresión de la medida en 2011, pero ninguno de ellos ha solicitado la «pensión vitalicia» que otros compañeros suyos mantienen voluntariamente, con importes mensuales superiores a los 3.500 euros, en los casos de Pablo Castellano o Jaime Ignacio del Burgo o más de 2.000, en el de Cristina Almeida.