La Fiscalía sanchista se moviliza en plena tarde de agosto para auxiliar a Puigdemont tras un revés del TC

Solo habían pasado unas horas desde que se diera a conocer la mañana de este miércoles la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero catalán Toní Comín contra las órdenes de detención dictadas por el Tribunal Supremo por los delitos de desobediencia y malversación –toda vez que el Gobierno suprimió del Código Penal el delito de sedición–. La Fiscalía del TC se ha movilizado esta tarde ante esta decisión y ha anunciado que la recurrirá en septiembre. De esta manera, el Ministerio Público fuerza el debate en el Pleno, que, precisamente, cuenta con mayoría izquierdista tras la renovación del pasado enero.

La decisión de rechazar el recurso de amparo presentado por Puigdemont salió de la Sala de Vacaciones del Constitucional (que es la que se conforma en los tribunales durante el período en que interrumpen su actividad ordinaria), que tiene mayoría conservadora hasta que se reanude el curso que volverá a contar con mayoría izquierdista tras la renovación de la Corte de Garantías del pasado enero.

La inadmisión del recurso de amparo de Puigdemont contó con dos votos a favor, los de los magistrados del ala conservadora, César Tolosa y Concepción Espejel, y con el voto en contra de Laura Díez, del ala izquierdista. Hay que recordar que esta última fue ex alto cargo en La Moncloa, corredactora de la polémica ley de la Generalitat contra la sentencia del Supremo que impone el 25 % de las clases en español, y fue una de las magistradas elegidas por Sánchez para la renovación a medida del TC, como el exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Los primeros, Tolosa y Espejel, consideraron que al ser la de los abogados de Puigdemont una petición de una medida cautelarísima, urgía resolverlo. Por el contrario, Díez era partidaria de que no se resolviera sin el Pleno al entender que no era urgente la decisión sobre la suspensión de esas medidas cautelarísimas y que, en su caso, el recurso de amparo debió ser admitido.

La Fiscalía presentará un recurso de súplica, dado que considera que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones a resolver la petición de Puigdemont de suspender la orden de detención dictada por el Alto Tribunal. Desde el Ministerio Público opinan que no era una cuestión que requiriese que se resolviera fuera del Pleno del Constitucional que, cabe volver a subrayar, cuenta con una mayoría izquierdista, a diferencia de la Sala de Vacaciones.

La investidura de Sánchez, en manos de Junts

El movimiento de la Fiscalía del TC horas después de que la Corte de Garantías tomara una decisión que perjudica a Carles Puigdemont se produce en pleno contexto de búsqueda de apoyos para la investidura. En una semana, el 17 de agosto, se constituirán las Cortes y a partir de ahí correrá el cronómetro para atar las alianzas parlamentarias que posibiliten a uno u otro candidato, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fue la lista más votada, o al líder del PSOE, Pedro Sánchez, ser investido presidente del Gobierno.

Sánchez necesita el 'sí' de todos los partidos nacionalistas y separatistas, además del de Sumar, con el que ya cuenta, para poder reeditar su Ejecutivo de coalición como en la pasada legislatura. Esta vez, además de los votos de ERC, Bildu y el PNV, necesita los de Junts. Tras el 23-J, el candidato socialista solo necesitaba, en el caso de este último, su abstención. Sin embargo, tras el recuento del voto CERA, el de los españoles residentes en el extranjero, unos días después, el PP arrebató un escaño en Madrid al PSOE, y con ello, Sánchez pasa a requerir el apoyo explícito del partido de Puigdemont.

Es por ese motivo por el que el Gobierno ha puesto en marcha su maquinaria para tratar de salvar al independentista fugado. El diario El País, afín y altavoz de los movimientos sanchistas, reconoce que el PSOE teme que esta decisión del Constitucional «enturbie el proceso hacia la investidura». Según relata este periódico, miembros del Ejecutivo hablan de una «derecha judicial» que tiene la intención de «torpedear» sus negociaciones con los separatistas.