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Irene Montero, en el Congreso durante el debate sobre la reforma del 'solo sí es sí'

 La última oleada de asesinatos a mujeres vuelve a poner en evidencia las políticas del Ministerio de Igualdad

Con las tres mujeres que murieron el lunes, son ya 35 las víctimas de violencia machista este año, aunque podrían ser sesenta si continúa el ritmo de estos sucesos

Uno de los temas sobre los que gira el debate público en las últimas semanas es el referido a que en diversos municipios los nuevos gobiernos del Partido Popular y Vox han eliminado las concejalías de Igualdad que la izquierda había instaurado en anteriores legislaturas. Aunque este hecho no implica necesariamente una reversión total de las políticas que se apliquen al respecto, los partidarios de mantener la cartera con el mismo nombre, tanto a nivel local como regional y nacional justifican su postura en que sin ella las mujeres quedarían totalmente desprotegidas y habría un aumento exponencial de los casos de violencia machista.

Sin embargo, los datos proporcionados por la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género son los que cuestionan y ponen en evidencia la eficacia de las acciones que desde el Ministerio de Igualdad se están llevando a cabo desde 2020, año en que Irene Montero tomó posesión como responsable de él. Especialmente alarmante ha sido lo vivido este último lunes, cuando en tan solo veinticuatro horas se cometieron tres asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, todos ellos confirmados como casos de violencia de género.

El primero tuvo lugar en Almería. Allí, un hombre de 32 años mató a su mujer de veintisiete en el domicilio que el matrimonio, de origen magrebí, compartía en la ciudad andaluza. El crimen fue presenciado por los tres hijos menores de edad que tenía la pareja, de nueve y ocho años y un bebé de cinco meses de edad. De hecho, fueron los dos mayores los que pidieron ayuda a sus vecinos al ver cómo su padre acababa con la vida de la madre. Según las primeras investigaciones, la víctima no había presentado denuncia alguna por malos tratos, por lo que no estaba incluida en la red VioGén, el programa del Ejecutivo de protección y atención a las mujeres que padecen violencia de género.

Los protocolos, «inactivos» desde 2018

El segundo caso en el mismo día se produjo en la localidad cordobesa de Pozoblanco, donde un hombre de 39 años al parecer habría matado a su pareja, de 32, tras dispararle con un arma de fuego. Aunque la causa de la muerte del presunto asesino todavía no ha sido confirmada, todo apunta a que primero asesinó a la mujer y posteriormente se suicidó. Al igual que en el episodio anterior, uno de los hijos de ambos, una niña de tres años, estuvo presente en el momento de los hechos. En esta ocasión, la víctima sí había denunciado a su agresor por malos tratos, aunque los protocolos a aplicar se encontraban «inactivos» desde 2018.

El último suceso de este lunes negro ocurrió en Valle Guerra (Tenerife), cuando un hombre de 92 años que posteriormente fue detenido terminó de forma violenta con la vida de su mujer, una anciana un año menor que él. La mujer no había interpuesto denuncia contra su marido, aunque los investigadores sospechan que el presunto asesino podría padecer algún trastorno mental. Con estos tres últimos casos confirmados, las mujeres víctimas de violencia de género a lo largo de 2023 son 35, pero se elevan hasta las 1.219 desde 2003, año en que se empezaron a contabilizar este tipo de crímenes.

En cuanto a la evolución de los datos durante los últimos años, estos dejan en evidencia la más que cuestionada política llevada a cabo por Montero y su equipo al frente del Ministerio de Igualdad, que cuenta, tal como presume el Gobierno, con la «cifra histórica de 573 millones de euros». Esta partida supone un incremento del 9 % en su asignación este año a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), es decir, 47 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

Evolución del presupuesto del Ministerio de Igualdad en los últimos años.MINISTERIO DE IGUALDAD.

Así, en cuanto al número de mujeres víctimas de violencia de género, el departamento dirigido por Victoria Rosell detalla que en 2019 fueron 56. En 2020, año de la pandemia, esa cifra se redujo hasta las cincuenta, mientras que 2021 y 2022 acabaron con 49 víctimas de la violencia machista. Como se ha mencionado, en lo que va de año ya han muerto 35 mujeres a manos de sus respectivas parejas, una cifra muy alta que de seguir ese ritmo alcanzaría las sesenta al término de diciembre.

117 excarcelados por el 'solo sí es sí'

Respecto a las denuncias que se han efectuado, también registran un aumento. De las 168.168 que se presentaron en 2019 se pasó hasta las 150.804 al año siguiente. Sin embargo, una vez se eliminaron las restricciones provocadas por el covid, en 2021 denunciaron 162.848 mujeres, y ascendieron hasta las 182.078 las que lo hicieron a lo largo de 2022. Dicho con otras palabras, en tres años con Irene Montero como titular de Igualdad ha habido 13.910 denuncias más.

En relación a los hijos que han quedado huérfanos a raíz de episodios de violencia machista, el dato también es preocupante. En el primer ejercicio de Podemos gestionando el Ministerio hubo 26 niños que se quedaron sin uno o sus dos padres, en 2021 fueron 32 y en 2022 38, mientras que a día de hoy son ya 39 los menores huérfanos. Es decir, ya se han superado los registros de hace un año.

Otro de los ámbitos relacionados con la violencia de género es el de la ley del 'solo sí es sí'. Según la última revisión realizada por el Consejo General del Poder Judicial, un total de 1.155 agresores sexuales se han beneficiado de la aplicación del texto estrella de Montero y aprobado por el Consejo de Ministros, lo que supone rebajas de las penas de prisión en el 31,4 % de los casos que se han solicitado. Asimismo, 117 reos por delitos sexuales han sido excarcelados, habiendo abandonado la prisión años antes de cumplir la condena a la que fueron sentenciados.

Finalmente, como se ha señalado anteriormente, el Ministerio cuenta con una aportación récord de las arcas públicas de 573 millones de euros, una asignación que ha venido incrementándose año tras año con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. De este modo, en los primeros PGE del actual Ejecutivo en funciones se pasó de los 181 millones presupuestados hasta los 459, mientras que en el ejercicio de 2022 la cuantía subió a 525 millones.