Félix Bolaños jugó un papel capital en la 'mesa de diálogo' con el separatismo
Juristas rechazan el encaje de la amnistía que está ofreciendo el PSOE: «Sería como decir que España es una dictadura»
La exigencia de los independentistas catalanes para investir al líder socialista chocaría con los principios de la Constitución, ya que prohíbe expresamente eximir de responsabilidades penales a nivel general
El próximo 17 de agosto se constituyen las Cortes Generales y ese momento será la primera muestra de lo que puede ser la próxima legislatura en un mandato tremendamente endiablado en lo parlamentario que obligará (tanto al bloque de la izquierda como al del centro-derecha) a realizar equilibrios en busca de una estabilidad que se antoja, cuando menos, complicada.
Con tal de lograrlo, los independentistas catalanes ya han puesto sobre la mesa sus exigencias, entre las que destaca la petición al futuro e hipotético Gobierno de Pedro Sánchez una amnistía que deje a todos los implicados en procedimientos judiciales relacionados con el procés libres de toda carga penal y antecedentes policiales y judiciales.
De cara a conocer si esa polémica medida pudiera tener cabida dentro del marco que establece la Constitución Española, El Debate se ha puesto en contacto con diversas fuentes jurídicas de reconocido prestigio. Así, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos José Manuel Vera es más que contundente: «Si el Ejecutivo aprobase una ley de amnistía sería reconocer que en España estamos en una dictadura y que hay procesos políticos», explica sin ambages.
«No caben indultos generales»
En esta línea, es tajante al afirmar que una iniciativa de este tipo «no tiene encaje» dentro de la Carta Magna: «No caben indultos generales y mucho menos cabe la amnistía. La amnistía lo que supone es borrar los delitos. Se puede declarar inconstitucional el indulto general, con lo que mucho más inconstitucional es declarar una amnistía con carácter general», subraya.
Otra fuente consultada dentro del ámbito jurídico tampoco ve compatible la exigencia de Puigdemont y Esquerra con el espíritu de la Constitución:
«Supone que haya una acción por encima de tribunales. Lo único que tiene cabida es el indulto una vez el acusado haya sido juzgado y sentenciado. Pero la amnistía es suponer que hay personas que han cometido delitos y que pueden quedar impunes sin ni siquiera ser juzgados. Por tanto, es sustraer la acción de la Justicia, cuando en España rige el principio de legalidad», insiste.
Pedro Sánchez y Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados
En cuanto al procedimiento que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tuviera que llevar a cabo para culminar con éxito la tramitación parlamentaria de la amnistía, ambos expertos apuntan a que sería mediante la aprobación de la una ley orgánica.
De este modo, Vera muestra sus reservas en cuanto a los tiempos que tendría el Congreso. Sus sospechas tienen un antecedente como fue la reforma del delito de sedición que el jefe del Ejecutivo y sus socios culminaron el pasado mes de diciembre mediante un procedimiento de urgencia: «Metió en un mismo decreto una amalgama de cosas, pero aún así en la legislación española no cabe una ley de amnistía», insiste.
La otra fuente señala que la rapidez o lentitud burocrática «depende» de si se pretende «evitar los diferentes informes del Consejo de Estado o de coordinar el Poder Judicial», así como de la configuración y funcionamiento de la Mesa del Congreso de los Diputados a partir del próximo 17 de agosto, ya que esta puede maniobrar a la hora de facilitar la tramitación de la propia ley o enmiendas a esta por parte de los grupos representados en la Cámara Baja.
En base a eso, advierte: «Si el Congreso lo controla alguien que vaya apoyar al presidente del Gobierno, lo puede tramitar por urgencia, acortando plazos y a lo mejor en cuatro meses está todo aprobado».
Preguntados ambos juristas acerca de que si sacar adelante la amnistía requeriría una reforma constitucional con su correspondiente disolución de las Cortes, de nuevo los dos coinciden. En este sentido, Vera no deja lugar a dudas:
«Yo no haría una reforma de la Constitución para permitir la amnistía porque sería matar moscas a cañonazos». A eso añade los pasos que se tendrían que seguir: «Tendría que aprobarse por los partidos de las cámaras. Luego habría un referéndum obligatorio, aprobarse por dos tercios y, para terminar, elecciones generales. Ese Congreso tendría que aprobar el texto por otros dos tercios y habría otro referéndum obligatorio. Así que no creo que nadie se le pase por la cabeza reformar la Constitución», concluye Vera.