La integridad territorial de España, ante el abismo de un nuevo Gobierno Frankenstein

El programa del PSOE para las elecciones generales del pasado 23 de julio no contenía la propuesta de convertir a España en un Estado federal ni tampoco hacía mención alguna a que estuviera compuesta por varios países. Sin embargo, no hace tanto, apenas seis años, en 2017, esta era una de las medidas estrella de Pedro Sánchez, quien aseguraba que «la España nación de naciones va a llegar» porque «el centralismo es pasado».

Un centralismo que no existe más allá del discurso político de quien compra el argumentario de los separatistas periféricos, ya que el nuestro es uno de los países más descentralizados del mundo e incluso la Constitución habla ya de «nacionalidades», aunque después no desarrolle este concepto de manera extensa.

Fue en Cataluña donde el presidente del Gobierno en funciones pronunció esas palabras, con las que auguraba que su intención era que España debía avanzar «para que se reconozca su identidad y se reconozcan sus identidades, se las comprenda y se las ampare». Más tarde precisó que su nación de naciones estaría compuesta «al menos» por España, Cataluña, País Vasco y Galicia.

La apuesta de los socialistas en su contrato del 23-J con la ciudadanía es la de la «cogobernaza». «Frente a la unilateralidad que ha caracterizado siempre al centralismo de la derecha, la cogobernanza implica la participación y el intercambio entre niveles de gobierno. Frente a la imposición, la cogobernanza implica cooperación y acuerdo, basados en los principios de buen gobierno y lealtad institucional», abunda el programa del PSOE en su apartado sobre la cuestión territorial.

Más allá de en qué se traduciría de manera fáctica esta declaración de intenciones, la situación postelectoral es hoy bien distinta, al depender más que nunca tanto de los nacionalistas e independentistas, que aumentarán el precio de la factura por su apoyo, como de Sumar. La plataforma de Yolanda Díaz mantiene una postura similar a la del Sánchez de 2017, aunque va un poco más allá, al diferenciar explícitamente entre unos territorios que serían más importantes que otros ya desde su propia definición.

La coalición, en su programa de los comicios generales aboga por firmar «un nuevo contrato territorial que asuma y articule la complejidad y la diversidad» de España, que definen como «una realidad plurinacional, un país de países, en el que todas las naciones y comunidades políticas deben desarrollarse en un marco igualitario y solidario».

Reconocimientos nacionales

Respecto a los hipotéticos futuros aliados de Sánchez para armar un nuevo Gobierno Frankenstein, todos ellos contemplan, en mayor o menor medida, y con más o menos radicalidad esa desintegración de la Nación española. En Cataluña, Junts, el partido del expresidente prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, es quizás el más tajante en sus aspiraciones. «Junts asume plenamente como la estrategia para alcanzar la plena efectividad de la independencia de Cataluña el enfrentamiento con el Estado español», se puede leer en uno de los puntos de su programa del 23-J.

Sus a veces socios, a veces rivales, de ERC mantienen los mismos objetivos, aunque con una estrategia en la que buscan que España les ponga en bandeja de plata la vía para la consecución de sus fines. «Tenemos como objetivo la autodeterminación y la independencia y hemos conseguido que el Estado español asuma, por primera vez, que existe un conflicto político entre Cataluña y el Estado. Nos decían que era imposible, pero hemos conseguido hacer sentar al Gobierno del Estado para hablar sobre la autodeterminación de Cataluña», presumen en su programa.

En el País Vasco sucede algo similar. El PNV también saca pecho de su gestión, al indicar que «somos una nación con un fuerte dinamismo estatutario, nos mostramos fuertemente ligados a nuestra constitución interna, potenciamos su respeto, su protección y defensa, y lo reclamamos del Estado». «EAJ-PNV defenderá el reconocimiento nacional de Euskadi y la bilateralidad en relación con el Estado a través de un ejercicio compartido de la soberanía. Porque más autogobierno significa más bienestar», añaden.

Por su parte, EH Bildu demanda un referéndum de independencia, al señalar que «la ciudadanía vasca aspira a decidir y construir su futuro de manera libre, justa y democrática. Para ello es necesario que avancemos también en la solución democrática al conflicto político que nuestro pueblo, al igual que el resto de naciones sin estado del Estado español, aún mantiene. Una solución que debe tener el diálogo y el acuerdo como base, y la voluntad y palabra de la ciudadanía vasca como único límite».

Por último, el BNG, apunta como su «posición estratégica» que «Galicia no solo debe ver reconocido el derecho de autodeterminación, sino que debe tener también la posibilidad de ejercerlo. Esto implica que Galicia pueda asumir la soberanía por medio de un proceso constituyente propio en la perspectiva de la creación de un estado gallego soberano, la República de Galicia».

Todas estas reclamaciones estarán en las conversaciones entre el PSOE y Sumar y los partidos nacionalistas e independentistas. La duda es hasta dónde serán capaces de llegar Sánchez y Díaz para contentarles y cuál será la fórmula para hacerlo, toda vez que no disponen de los apoyos suficientes para acometer una reforma de la Constitución que ampare la disgregación de España en múltiples agentes políticos.