El PNV exigirá a Sánchez reformar el CNI y desclasificar secretos oficiales como peajes

Dijo el miércoles el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que se reunirá con Alberto Núñez Feijóo «por cortesía», pero para nada más. El partido que preside Andoni Ortuzar no piensa cambiar de pareja de baile en esta legislatura. Ahora bien, obligará a Pedro Sánchez a bailar a su son. Y el son del PNV pasa, entre otras cosas, por dos reivindicaciones que afectan directamente a la zona más sensible del Estado: el CNI y las materias reservadas.

Los vascos aprovecharán la negociación para la investidura de Sánchez para exigir al PSOE que reforme de una vez por todas la Ley de Secretos Oficiales, del año 1968, y la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, para limitar su margen de maniobra y aumentar el control político sobre la casa. Se trata de dos compromisos que el propio presidente del Gobierno asumió en mayo de 2022, para calmar al secesionismo tras la crisis ocasionada por el espionaje a varios independentistas con el sistema Pegasus.

Ni uno ni otro asunto estuvieron nunca entre las prioridades de Sánchez, y el final precipitado de la legislatura fue la excusa perfecta. Entre medias, el pasado mes de febrero el propio Aitor Esteban preguntó al ministro de la Presidencia en el Congreso a qué esperaba el Gobierno. Félix Bolaños le dio esquinazo y el portavoz del PNV le recriminó: «Mucho eslogan bonito, pero mantienen leyes poco garantistas y franquistas», en alusión a la de Secretos Oficiales.

Como arrieritos son, en el camino de la investidura los socialistas se han vuelto a encontrar con el PNV. Estos piensan volver a la carga, y quieren compromisos concretos en esta ocasión.

Los secretos oficiales

Por lo que respecta a la Ley de Secretos Oficiales, el PNV lleva más de siete años intentando que sea derogada y cambiada por otra. En su última proposición de ley sobre la materia, los de Esteban pedían que las materias secretas fueran desclasificadas a los 25 años y las materias reservadas, a los 10 años.

El 2 de agosto de 2022, el Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto de una Ley de Información Clasificada, que así la denominó. Pero ya de entrada su planteamiento era muy distinto al del PNV. El borrador del Gobierno preveía que la información catalogada como «alto secreto» se desclasificara a los 50 años, prorrogables por 15 más. Lo que dejaba fuera el golpe de Estado del 23-F y los GAL, que es precisamente a donde quiere llegar a parar el PNV. Tampoco gustó a Unidas Podemos, ERC, Bildu ni Más País. El anteproyecto de ley recibió la crítica de varios órganos consultivos del Estado, juristas y asociaciones de la prensa. Especialmente, por la discrecionalidad con la que el Ejecutivo podía clasificar materias utilizando como coartada la seguridad nacional.

El control del CNI

Con respecto a la promesa de reformar la ley orgánica que regula el control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, el Gobierno no hizo un solo movimiento ni aprobó un solo papel la pasada legislatura. En vista de esa falta total de iniciativa, en diciembre el PNV llevó al pleno del Congreso su propia proposición de ley. El PSOE votó en contra y la tumbó, con el dudoso argumento de que estaba trabajando en ello.

La propuesta del partido de Ortuzar a este respecto pasaba y sigue pasando por modificar no solo la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, sino también la ley del CNI, directamente. Ambas datan de 2002. El PNV sostiene que urge reformarlas porque fueron aprobadas tras el escándalo de las escuchas ilegales del CESID -el antiguo CNI- a políticos, empresarios y hasta a Juan Carlos I. Y lo justifica en la necesidad de «ahondar en el control político y judicial de las actuaciones del CNI, en especial en lo relativo a aquellas intervenciones con afección en derechos fundamentales, que requieren de las máximas garantías y del máximo respeto al Estado de derecho».

El PNV pretende que la que comúnmente se conoce como la Comisión de secretos oficiales del Congreso pueda ser informada de las intervenciones del CNI que han recibido previa autorización judicial. Como la del espionaje a varios cabecillas independentistas, operación que acabó costando la cabeza a la entonces directora de la casa, Paz Esteban. Ello implicaría revelar información muy sensible al secesionismo. La legislatura pasada, y por primera vez en democracia, el PSOE dio entrada a partidos como ERC y Bildu en esa comisión parlamentaria.

Los de Aitor Esteban también quieren que el control judicial sobre el CNI no lo ejerza solo un juez del Tribunal Supremo, como ocurre ahora, sino un órgano colegiado compuesto por tres magistrados. Además, la autorización para cualquier escucha u operativo requerirá la unanimidad de los tres. En la solicitud, el CNI deberá especificar «los medios y recursos a emplear, detallando sus características concretas, para su consideración desde el principio de proporcionalidad», según pide el PNV.

Para los nacionalistas vascos casi todo es cuestión de dinero cuando se trata de negociar, pero no todo.