La amnistía no pasará por el Consejo de Ministros: el PSOE diseña un atajo a través del Congreso

«El diálogo es el método, la Constitución es el marco», afirmó el martes Pedro Sánchez cuando fue preguntado acerca del encaje en la Constitución de una futurible amnistía al independentismo catalán, como quiera que la llamen finalmente. Los socialistas aún no saben cómo empotrar en el ordenamiento jurídico español la principal exigencia de Junts per Catalunya y ERC para la investidura, pero sí tienen algo claro: la amnistía no pasará por el Consejo de Ministros.

Es decir, el «alivio penal» en el que ya trabajan el PSOE y Sumar no será tramitado como proyecto de ley del Gobierno, sino como proposición de ley de sus grupos parlamentarios. Básicamente para evitar pedir informes a los órganos consultivos del Estado y acortar los plazos de aprobación.

La diferencia no es menor: un proyecto de ley del Gobierno debe pasar por los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública durante la fase de elaboración de su anteproyecto. También requiere una memoria económica y dictámenes de órganos consultivos como el CGPJ, el Consejo Fiscal y, en su caso, incluso el Consejo de Estado. Después debe ser aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros y, por último, enviado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

La proposición de ley es, por el contrario, un atajo. Porque el PSOE se ahorra todo lo anterior y empieza el camino directamente en el Congreso, con la votación de la toma en consideración de la iniciativa. No solo es más rápido, sino también mucho menos engorroso. Y ya no digamos si lo tramita por el procedimiento de urgencia, cuando los plazos se acortan a la mitad y se ahorra la comparecencia de expertos en sede parlamentaria.

Un atajo recurrente

La legislatura pasada, la proposición de ley se convirtió en la fórmula preferida de Sánchez para acometer algunas de sus decisiones más polémicas. Incluso para reformar normas con rango de ley orgánica, que afectan a derechos y libertades fundamentales y que por tanto requerirían de un especial escrúpulo y garantías en los trámites.

La última vez que el PSOE la empleó fue para reformar la ley del ‘solo sí es sí’, con el voto en contra de Unidas Podemos y de la propia Yolanda Díaz, hoy líder de Sumar. Y el apoyo del PP, que fue el que decantó la balanza.

Sánchez también eligió este atajo para eliminar el delito de sedición del Código Penal y rebajar el de malversación, mediante una proposición de ley que presentaron de forma conjunta en noviembre los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos y que en 42 días estaba aprobada. No sin polémica, puesto que en plena tramitación ambos grupos trataron de introducir una enmienda totalmente extemporánea que les sirviera para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional que quería Sánchez. Ello mediante la modificación de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

El propio TC paralizó el debate cuando la proposición de ley ya había sido aprobada por el Congreso y remitida al Senado. Finalmente salió adelante, pero sin las enmiendas metidas con fórceps.

El verano pasado, Sánchez se valió también de una proposición de ley para reformar los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e intentar, sin éxito, obligar al CGPJ a designar a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional aun estando en funciones. Más que rápida, la tramitación parlamentaria fue un visto y no visto: se produjo por el procedimiento de urgencia para acortar los plazos a la mitad; pero, además en lectura única, que es cuando las enmiendas parciales y a la totalidad se solventan en un único debate ante el pleno. Total: 34 días.

También el verano pasado, los dos socios del Gobierno utilizaron la vía de la proposición de ley para aprobar el «impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas» y los polémicos gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca.

La proposición de ley también fue la carretera que eligió el PSOE para reformar el Código Penal y castigar con penas de cárcel de entre tres meses y un año los rezos, vigilias y manifestaciones junto a las clínicas abortivas. En aquel caso, el grupo parlamentario socialista registró la proposición el 21 de mayo de 2021 y la reforma contra los provida entró en vigor 11 meses después.

Como ya contó El Debate el miércoles, la amnistía para los para los implicados en el procés será el Rubicón que Sánchez cruzará durante las negociaciones para ser investido presidente del Gobierno y evitar una repetición electoral el 14 de enero. Si el PSOE ya no se esconde, Sumar aún menos. Yolanda Díaz incluso ha reclutado a una veintena de juristas para estudiar fórmulas imaginativas para un encaje constitucional de la amnistía, a pesar de las dudas expresadas durante las últimas semanas por muchos expertos. Ella ha hablado esta semana de explorar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que menciona la amnistía en sus artículos 666 y 675.