Las controversias de la Ley de Amnistía de 1977 que sirvió para beneficiar a etarras durante la Transición

La Ley de Amnistía de 1977, llevada a cabo antes de que entrara en vigor la Constitución de 1978, tenía el objetivo de que todos los condenados «por actos de intencionalidad política» durante el Régimen del General Franco fuesen eximidos de sus responsabilidades criminales. Sin embargo, los diputados elegidos en las primeras elecciones democráticas –los mismos que serían los encargados de elaborar la actual Constitución– defendieron diferentes intereses, que generaron numerosas controversias, para llevar a buen término esta norma.

De esta manera, el artículo 1.a) de la ley de amnistía señalaba que quedaban amnistiados «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976». Se eligió esa fecha ya que fue el día en el que se celebró el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política –primera vez que se votó de manera libre– y cuya aprobación supuso de manera formal la llegada de la democracia.

No obstante, el artículo 1.b) añadía un punto más delicado, ya que también se amnistiaban «todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 diciembre de mil 1976 y el 15 de junio de 1977 (día que se eligieron las Cortes constituyentes), cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España». Este aspecto respondía a una clara voluntad política de beneficiar a los miembros de la banda terroristas de ETA que habían atentado en los primeros compases de la Transición.

La exigencia del PNV

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) presionó para que también se incluyeran en la normativa los asesinatos de ETA hasta junio de 1977, de manera que incluso amenazó con no presentarse a los próximos comicios en el caso de que no se cumpliera este extremo. Tal y como recoge la página La Hemeroteca del Buitre en los audios del debate parlamentario de la ley de amnistía, el líder del PNV en el Congreso, Xabier Arzallus, aseguró que «felicitándome de que, en este texto, efectivamente ningún vasco quedará en la cárcel o en el exilio».

Por su parte, el socialista vasco Txiki Benegas dictaminó que se amnistiaban los actos cometidos «hasta el 15 de junio, siempre que el móvil haya sido el restablecimiento de las libertades públicas, o la reivindicación de la autonomía, circunstancias estas que concurren en todos los militantes vascos susceptibles de ser amnistiados».

El hecho de concretar la amnistía en dos fechas distintas, y con dos circunstancias diferentes, supuso de manera destacada, que los asesinos de extrema derecha de la Matanza de Atocha del 24 de enero de 1977 –en la que murieron cinco personas, tres de ellos abogados comunistas– no se vieran beneficiados por sus actos, que eran de «clara intencionalidad política». En consecuencia, los responsables de la Matanza de Atocha fueron condenados a entre 73 y 193 años de cárcel.

El Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Abad Oliva CEU, Carlos Pérez del Valle, ha relatado a El Debate que en este aspecto «solo incluyeron los crímenes que tienen como motivación política la liberación de los pueblos de España y el regreso de la democracia. Y esto era evidentemente motivado porque el acuerdo al que llegaron –seguramente entre Carrillo y Adolfo Suárez–, no implicaba el perdón para los crímenes de Atocha, claramente».

La ley salió adelante el 15 de octubre de 1977, con el apoyo de casi todos los grupos (UCD, PSOE, PCE, PNV, y Convergencia Democrática de Cataluña), pero con la abstención de la Alianza Popular de Manuel Fraga.

Las consecuencias

La Ley de Amnistía de 1977 tuvo importantes consecuencias a nivel interno en España. Se liberaron a 89 presos con delitos de sangre, de los que 53 eran del GRAPO; 23, de ETA y 12, del FRAP, además de otros. De igual manera, también se dejaron de investigar todos los posibles delitos de terrorismo que se hubieran cometido con anterioridad de la fecha recogida en la Ley, lo que benefició a etarras como Santi Potros, inductor del atentado de Hipercor de 1987, que causó la muerte de 21 personas, o a Josu Ternera, imputado por cometer el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, que acabó con la vida de 11 personas, 5 de ellas niñas.

Por su parte, nunca se llegó a castigar a los etarras que llevaron a cabo el atentado de la cafetería Rolando, cometido el 13 de septiembre 1974 y en el que murieron 13 personas, 12 de ellas civiles y solo un policía, que falleció dos años después. Incluso se llegó a amnistiar a los responsables del asesinato del exalcalde de Bilbao, Javier Ybarra Bergé, secuestrado en mayo de 1977 y asesinado el 18 de junio de ese año, tres días después de lo que dictaminaba la Ley de Amnistía.

A pesar de todo ello, los políticos que promovieron la ley de amnistía pensaban que la llegada de la democracia iba a suponer el fin del terrorismo, extremo que no llegó a concretarse hasta varias décadas más tarde. De igual manera, la situación política actual, en la que se debate una ley de amnistía a los políticos independentistas involucrados en el 1-O, es muy distinta a la de hace 45 años.