El PSOE marca como línea roja en sus pactos con los separatistas una nueva «interpretación» de la Constitución

En el PSOE son conscientes de que no pueden ofrecer el oro y el moro a los partidos nacionalistas e independentistas para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, pero sí ven que hay cierta manga ancha para tratar de ofrecer una dádiva lo suficientemente jugosa como para que pasen por el aro y facilitar otros cuatro años del secretario general socialista como inquilino del Palacio de la Moncloa.

Mientras que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se saca de la manga una fórmula para plasmar el reconocimiento del País Vasco como nación y conseguir un mayor autogobierno, los partidos catalanes ERC y Junts han puesto el listón mucho más alto, de la mano de un referéndum de independencia y una amnistía para los participantes en el proceso separatista de 2017, casi 4.000 personas con una amplia gama de delitos a sus espaldas.

Una reforma constitucional que permitiese la posibilidad de trocear España a través de un referéndum es no solo harto complicado, sino directamente inviable, a tenor de la actual aritmética parlamentaria. Se necesita la aprobación por parte del Congreso de los Diputados y del Senado por una mayoría de tres quintos y aquí sí que no hay cuentas que valgan, con un Partido Popular y un Vox, amén de otras fuerzas parlamentarias que no están dispuestas a transigir con una medida de este calado.

De esta manera, los socialistas ya dejan entrever que la amnistía sí que tendría cabida en la Carta Magna, pero el referéndum no puede dejar de ser, al menos por ahora, más que un sueño húmedo de los separatistas catalanes, Bildu y el BNG, que son quienes lo piden explícitamente.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha apuntado este jueves en una entrevista en Telecinco a que ese referéndum no es un tema de debate en las negociaciones con los partidos del presidente autonómico Pere Aragonès y el expresidente catalán prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, porque «no está en la Constitución». El PSOE, ha aseverado, «solo trabaja con un marco que es el de la Constitución para dar respuesta a la cuestión territorial».

Una nueva lectura de la Carta Magna

Otro tema bien distinto es el de la amnistía a los culpables del golpe del 1-O. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha reconocido que que desde el PSOE «se están haciendo unos estudios y unas consideraciones teóricas sobre distintas figuras penales, en este caso, la amnistía». Eso sí, dentro de un «marco» que es «la Constitución Española, que es una garantía para todos que tenemos que estar muy satisfechos, y cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de consultas penales, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución», como ha explicado en Cope.

Según la titular de la Cartera de Defensa, que ha asegurado desconocer los detalles de «en qué se está trabajando», no haría falta modificación alguna de la Carta Magna, sino tan solo una lectura actualizada de la misma. «Nuestra Constitución es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social. Y, por lo tanto, hablar en teoría como si fueran clases de derecho penal... no es el momento».

«El derecho penal –ha precisado– siempre tiene en cuenta actuaciones individualizadas porque los tribunales lo que hacen es valorar actuaciones individualizadas». Por este motivo, hablar de «amnistía con carácter general está bien desde un punto de vista teórico». «Cualquier norma que tengamos ahora en este momento ha de hacerse siempre en el marco constitucional, y nuestra Constitución tiene esa posibilidad, no olvidarnos nuca que el derecho penal da respuesta a acciones individualizadas», ha abundado. Estas declaraciones llegan tres días después de que Robles, preguntada por la amnistía, indicase que la CE «permite una gama muy amplia de posibilidades»