El TC encarga a una magistrada afín a Moncloa el recurso del PSOE por el escaño de Madrid aunque no ha sido notificado al Pleno

El Constitucional tendrá la última palabra en el recurso del PSOE contra las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) y del Supremo que rechazaron revisar los votos nulos que el pasado 23-J otorgaban un escaño más al PP en Madrid. Pese a que a comienzos de esta misma semana trascendió que los socialistas elevarían al TC la negativa del Alto Tribunal y que ya se conoce el nombre de la magistrada que redactará la sentencia del caso, la exalto cargo de Moncloa Laura Díez, lo cierto es que, por el momento, el texto de la reclamación no ha sido notificado formalmente a todos los miembros del Pleno de la Corte.

Una situación que contrasta con la urgencia que el órgano, presidido por Cándido Conde-Pumpido, ha dado al asunto a nivel interno. No en vano, y según ha podido saber El Debate, Díez ya habría solicitado un informe jurídico preliminar favorable a la admisión de un recurso que, de acuerdo con la propia doctrina del Constitucional «debería inadmitirse». No es la primera vez que la Corte, de mayoría zurda, podría alterar su tradicional criterio para salvar a Pedro Sánchez, como ya hizo, por ejemplo, con las leyes más polémicas e ideológicas de la pasada legislatura.

Tras consumarse la modificación del Código Penal pactada con el separatismo catalán, y aprobada con su apoyo bajo la fórmula exprés de la proposición de ley– Díez fue una de los dos candidatos designados por el Ejecutivo socialista al TC como parte de la 'hoja de ruta' de Sánchez para obtener el favor del independentismo. No en vano, la catedrática catalana seleccionada por la cúpula socialista, como parte del plan para despejar el camino judicial a la convocatoria de un referéndum pactado previo a la renovación del órgano, como adelantó El Debate en su día, siempre ha contado con el beneplácito de los separatistas de Esquerra Republicana (ERC).

Un perfil procatalanista

La magistrada Laura Díez ya se mostró, en contra del Supremo, y a favor de no imponer el 25% del castellano en las aulas de las escuelas catalanas. Y, pese a ello, resultó la encargada de redactar la ponencia sobre los recursos que presentaron los diputados del PP y de Cs contra el Decreto-ley de Cataluña 6/2022 y contra la ley de Cataluña 8/2022, es decir, los que fijan los los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos y regulan el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Siendo vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat la jurista firmó el dictamen 3/2022. Este dictamen concluyó por unanimidad que, la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria «no vulnera» ni la Constitución ni el Estatut, es decir, que no consideraba inconstitucional que no contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular.

Sin embargo, en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fijaba la exigencia de establecer un porcentaje mínimo del 25% del castellano como lengua de uso en la enseñanza no universitaria, pero el nuevo dictamen sostiene que no se trataba de un «parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad» de carácter vinculante, y que, por lo tanto, el legislador no está obligado a «respetarla».

El dictamen firmado por la magistrada también insistía en que omitir la mención del castellano como lengua vehicular no era inconstitucional porque no implicaba la exclusión del castellano como lengua docente. También subrayaba que la legislación básica estatal en materia de educación «nunca» había declarado el castellano como lengua vehicular a excepción del pequeño paréntesis que supuso la Lomce (vigente desde el 30 de diciembre de 2013 hasta al 19 de enero de 2021). El Consejo también ponía de relevancia en el texto que la admisión del uso diferenciado del catalán y el castellano en la enseñanza «es el fundamento sobre el que descansa la declaración de constitucionalidad que ha hecho siempre el Tribunal Constitucional del modelo general de conjunción lingüística que ha adoptado Catalunya desde del inicio.»

Así las cosas, con una mayoría progresista controlada por Sánchez –y perfiles afines, dispuestos a plantear cualquier variable creativa sobre la «indisolubilidad» de la nación española que recoge nuestro ordenamiento– la Corte de Garantías, que tendrá que pronunciarse en los recursos contra las causas más políticas del Gobierno, se prepara, en el próximo curso para ver con buenos ojos cualquier posibilidad que pueda beneficiar a los socialistas para reeditar una investidura apoyado en sus socios más radicales y separatistas.