Urkullu reactiva la descentralización del Poder Judicial en su nuevo plan nacionalista de reforma territorial

El vuelco del Constitucional que Pedro Sánchez consumó en la pasada legislatura, pese a la vigencia de su propio veto en materia de nombramientos de jueces y magistrados para el resto de tribunales, dejaba un órgano dominado por la izquierda siete a cuatro, conformado por varios perfiles afines al Ejecutivo socialista y a la medida de las aspiraciones políticas de sus socios separatistas catalanes. Entre ellas, la posibilidad de validar un nuevo Estatut que recogiese una fórmula acordada de 'consulta' lo suficientemente amplia y ambigua para encajarla nuestro ordenamiento actual. Un guante que, esta misma semana, recogía el lehendakari vasco Íñigo Urkullu al plantear una nueva «convención constitucional» sobre la Carta Magna pero sin reformarla por los cauces legalmente previstos para ello, como parte de su plan de reforma territorial.

El proyecto político independentista siempre ha ansiado, además de la plena «descentralización administrativa», la creación de una Justicia propia –para no tener que responder ante la española– que, en el caso catalán, pasaría como mínimo por transformar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una especie de Tribunal Supremo autóctono, conformado por magistrados afines a las posiciones separatistas y que se presentaba, por primera vez, con otro enfoque pero los mismos objetivos en el llamado Plan Ibarretxe: el texto de un Estatuto vasco que el Congreso de los Diputados rechazó, por 318 votos negativos, en 2005.

La propuesta diseñaba un Poder Judicial vasco propio, sin apenas injerencia del Supremo español y bajo el paraguas de un Constitucional «árbitro entre el Estado y las comunidades (...)» pero con una «representación real» de estas últimas en su Pleno. Asimismo, por aquel entonces, el PNV y la extinta Batasuna disponían la creación de un Consejo Judicial Vasco plenipotenciario en la designación de jueces con el que se aseguraban el control del estamento judicial.

De llegar a materializarse, el proyecto en su totalidad habría significado la voladura del statu quo jurídico y del Estado español, tal y como los conocemos, porque tanto los políticos catalanes como los vascos pasarían a estar aforados, en un claro privilegio frente al resto de sus homólogos, única y exclusivamente, frente a una futura y eventual justicia ' a medida'.

Alterar la centralidad de la Justicia

No en vano, una de las 'leyes de desconexión' aprobadas en el Parlament de Carles Puigdemont recogía, ya en septiembre de 2017, que: «El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierte en el Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que culmina la organización judicial de Cataluña».

Una norma que, además, hacía saltar por los aires la separación de poderes, al condenar al Judicial a actuar de forma «coordinada con el Ejecutivo» catalán y cuyo órgano de gobierno –equivalente al Consejo General, CGPJ, en España– estaría conformado por «el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias provinciales y cinco magistrados o jueces elegidos por el Parlament por mayoría absoluta». Así pues, estos últimos ni siquiera serían avalados por una mayoría reforzada de tres quintos o dos tercios del Cámara de representación territorial, sino que bastaría con que obtuviesen el aval de la mitad más uno de sus diputados.

Este último intento del procés, el más reciente pero no el único, por alterar la centralidad del Poder Judicial se nutría, en parte, de los cimientos que el nacionalismo vasco había sentado, sin éxito, unos años antes bajo el auspicio del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero; y, que ahora, con ocasión de las negociaciones del PNV con Pedro Sánchez para su posible investidura, Urkullu se ha atrevido a deslizar de nuevo.