Así se preparó el enchufe al marido de Nadia Calviño: las actas ocultas con todos los nombres que participaron

El marido de Nadia Calviño estuvo a punto de fichar por Patrimonio Nacional con un sueldo de ejecutivo gracias a una operación perfilada por una amiga íntima de la ministra que acabó frustrada por la aparatosa polémica que generó. Y ahora puede arruinar su candidatura a la presidencia del BEI, la potente herramienta económica de la Unión que concede créditos de casi 70.000 millones de euros cada año.

El Debate ha accedido finalmente, tras la negativa de Patrimonio Nacional a explicar la génesis del fallido enchufe del marido de la ministra Calviño, en el curso del procedimiento instado ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a las actas de valoraciones y al informe que llevó a la antigua ex número dos de Calviño y ahora presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, con una retribución anual de 103.755 euros, a designar a Ignacio Manrique de Lara, marido de la ministra Calviño, como nuevo coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia.

Las actas de las valoraciones de la polémica contratación fueron realizadas por una comisión de asesoramiento al servicio de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.

Mediante resolución 649- 2023 del pasado 21 de agosto y firmada por José Luis Álvarez, Presidente del CTBG, El Debate ha obtenido una vez más el amparo en su labor informativa, dado que el Consejo de Transparencia es la máxima Autoridad Independiente de la Administración General del Estado y responsable de promover la transparencia de la actividad pública y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El intento de contratar al marido de Calviño con un sueldo de cinco ceros tuvo dos personas decisivas: la ministra de Hacienda y su antigua número 2

El Debate ha logrado el acceso a los documentos oficiales en los que consta cómo se gestó esta contratación, a la que posteriormente Manrique de Lara renunció porque en palabras de la presidenta de Patrimonio Nacional, «optaba por otras ofertas profesionales».

Las actas que obran en exclusiva en poder de El Debate reflejan las sesiones de la comisión constituida a tal efecto para seleccionar al alto directivo cuya contratación quedaba reservada para la antigua subordinada de Calviño.

La Comisión de Asesoramiento estuvo presidida por José Antonio Sánchez Quintanilla, director de Administración y Medios de Patrimonio Nacional; Mercedes Roldán Sánchez, subdirectora General de Museos Estatales del Ministerio Cultura y Deporte; Paloma Flórez Plaza, Jefa de desarrollo Estratégico, Comercial y Públicos del Museo Reina Sofía y María Concepción Romero Quintana, subdirectora Adjunta de Oficialía Mayor del Ministerio Trabajo y Economía Social; además de Leticia Ruiz Gómez, directora Colecciones Reales, en calidad de secretaria.

La primera de las reuniones fue el 2 de noviembre de 2022 y sirvió para constituir la Comisión de Asesoramiento detrás de la cual se colocó la ex número dos de Calviño. En ella, se daba cuenta de las ocho candidaturas presentadas al puesto, aunque eso sí, sirviéndose de una cláusula de confidencialidad incluida en las bases de la convocatoria, los nombres de los aspirantes han sido suprimidos por Patrimonio Nacional.

En dicha cláusula se recogía que «el CAPN garantiza la absoluta confidencialidad de todos los datos personales y profesionales de los candidatos, asegurando que la participación de los no seleccionados se mantendrá en el estricto ámbito del conocimiento y valoración del comité de expertos. Se hará público, exclusivamente, el nombre del candidato que resulte seleccionado.»

Los criterios arbitrarios

Dos semanas después, este comité se volvió a reunir para realizar la evaluación de los aspirantes en base a unos criterios subjetivos que quedaban a la valoración e interpretación de los propios miembros. Tales requisitos eran haber tenido una trayectoria y experiencia significativas en el desempeño de puestos de responsabilidad en el ámbito de la dirección Comercial y del Marketing digital; poseer habilidades de liderazgo, así como dotes para la comunicación y negociación, planificación, determinación de prioridades, toma de decisiones, solución de conflictos y evaluación de la eficiencia y eficacia organizativas; haber gestionado y puesto en marcha equipos comerciales y organizado estructuras de venta con resultados probados y disponer de experiencia en la definición de estrategia de Marketing, especialmente de Marketing Digital, y experiencia en la definición de estrategias que permitan la transformación digital de la actividad comercial de las entidades.

Ignacio Manrique de Lara obtuvo la máxima puntuación exigida que, según ha podido constatar El Debate, ascendió a 75 puntos, una vez que todos los miembros de la comisión le otorgaron tres puntos, –al considerar que era un aspirante muy adecuado– en cada uno de los méritos exigidos.

Así Ana de la Cueva rubricaba la resolución por la que se designaba a «Ignacio Manrique de Lara Fernández como Coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, con quien de conformidad con lo previsto en el apartado II de la convocatoria, se suscribirá un contrato de alta dirección».

El resto de concurrentes se quedaban muy por detrás, como para no dejar dudas de la idoneidad del aspirante que, en realidad, tenía todo el respaldo casi antes de que se hicieran las valoraciones formales. El siguiente clasificado, por ejemplo, sumó apenas 61 puntos.

El enchufe del marido de Calviño fue en fraude de ley

Patrimonio Nacional cuenta con su propia ley reguladora, la 23/1982 de 16 de junio, que lo define como una Entidad de Derecho Público que depende de Presidencia del Gobierno, siendo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de su supervisión habitual. En 1987 fue aprobado el Reglamento de la ley de Patrimonio Nacional, un reglamento que ha sufrido diversas modificaciones hasta la última efectuada mediante el Real Decreto 214/2014 de 28 de marzo.

Esta modificación reforzaba las competencias de la Dirección de Actos Oficiales y Culturales, que actualmente ocupa Reyes Moreno Castillo, haciendo desaparecer la Dirección de Imagen, Promoción y Desarrollo, cuyas funciones ha querido camuflar ahora Patrimonio Nacional con la creación de la figura de coordinador que fue adjudicada al marido de Calviño.

El truco es sencillo; dado que por un decreto de 2014, firmado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, se había suprimido la categoría que luego se quiso ofrecer al marido de la ministra, se cambiaba la denominación, pasando de Director a Coordinador, evitando así el cumplimiento extra de requisitos, además de una farragosa y complicada modificación legal que debería ser publicada en el BOE.

Quizá por ello la antigua número dos de Calviño, que ahora depende directamente de Presidencia del Gobierno, optó por tomar un atajo en fraude de ley que ahora destapa El Debate para contratar al marido de Calviño como alto directivo.

La controversia generada por este fichaje fue tal que incluso la vicepresidenta primera fue preguntada en Bruselas por este caso. El PP emplazó al Gobierno a ofrecer las explicaciones oportunas, manifestando que «hacer este tipo de colocaciones se está convirtiendo en algo habitual en el gabinete de Pedro Sánchez».

La ministra Calviño, la candidata elegida por Sánchez como presidente en funciones del Ejecutivo para presidir el BEI, Banco Europeo de Inversiones, se ha encontrado con el posible rechazo de Alemania por el polémico intento de Calviño para colocar a su marido, tal y como informa el periódico Vozpópuli.

Patrimonio Nacional guardó silencio

A las preguntas formuladas por El Debate relacionadas con la fecha de la vacante del puesto de coordinador de estrategia comercial y marketing, o si ese trataba de un puesto de trabajo de nueva creación y desde cuándo se había modificado la RPT, Patrimonio Nacional, que depende directamente de Presidencia, guardó silencio para luego reconocer tras la denuncia formulada por este medio que fue la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien autorizó el 23 de junio de 2022 la creación de este nuevo puesto de alta dirección, que no era otro que el asignado al marido de la ministra Calviño.

De hecho, tras la presentación de dicha denuncia ante Consejo de Transparencia, fue en fase de alegaciones cuando Patrimonio remitió la información al CTBG. El Consejo ha emitido una resolución el pasado 21 de agosto amparando a este periódico en la que recuerda a Presidencia y Patrimonio Nacional que «éste se ha limitado a trasladar el informe y la documentación correspondiente al CTBG, sin que conste que haya dictado resolución expresa sobre la solicitud de acceso tal y como exige el artículo 20.1 LTAIBG».

Por ello, abronca a Patrimonio ya que esta «omisión constituye una infracción manifiesta de la LTAIBG que determina que se deba estimar la reclamación e instar al organismo requerido a que dicte una resolución expresa y la notifique a los solicitantes conforme a lo exigido por la ley», tras resaltar que el órgano competente no respondió en el plazo que la ley establece, sin casusa alguna que lo justifique y recordando a la Administración que el derecho de acceso a la información de carácter público es un derecho constitucional.

Al varapalo del frustrado fichaje se le añade así una resaca dolorosa para la ministra: su carrera europea puede embarrancar y las pruebas documentales evidencian cómo se preparó todo, entre una colega del Consejo de Ministros y una de sus colaboradoras más cercanas, para que su marido obtuviera un salario de cinco ceros.