La amnistía a la carta del Gobierno perdonará la malversación de Junts y ERC pero no la de otros partidos

Impunidad para los líderes del procés de Cataluña. El endemoniado resultado de las elecciones generales del 23-J ha llevado a Pedro Sánchez a depender del apoyo explícito de Junts, el partido que lidera el expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont. Y consciente del precio de dar a los socialistas la gobernabilidad de España, el propio Puigdemont exige una amnistía que borre el procés y, con ello, la desaparición de cualquier responsabilidad de las que pesan sobre el ex político catalán. Una petición que, a efectos prácticos, equivaldría a una ley de caso único.

Esto es, el perdón a la carta para la malversación cometida por Junts y ERC en el marco del referéndum ilegal del 1-O pero no para el resto de condenados por dicho delito incluso aún en aquellos casos en que dicha desviación de fondos públicos lo hubiese sido con una finalidad política, léase Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, condenado a casi 30 años de prisión por la Época 1 de la trama Gürtel (1999-2005); o, los socialistas de los ERE andaluces como José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel y pendiente del indulto.

Así las cosas, son muchas las razones de índole jurídica que, hasta la fecha, han aportado los expertos que se oponen frontalmente a la confección de un texto que nace «con la única voluntad de perdonar no una conducta que no merece ser socialmente reprobada, sino de hacer desaparecer esa conducta para un contexto y unas personas concretas», algunas de ellas, como lo son los cabecillas políticos del procés, ya condenados en firme. O, lo que es lo mismo, la amnistía –que procede del término griego, amnesia– no supone el perdón de una condena, sino «un olvido del hecho delictivo».

Un escenario que «rebasa los límites soportables por las costuras de la Constitución» y que convertiría a España, dentro de los países de nuestro entorno, en la única que «primero ha concedido un indulto y a continuación amnistiado a quienes ya fueron favorecidos por un perdón previo» y tan polémico que, además, está pendiente de revisión por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Y es que, más allá de la excepcionalidad de figura que se recoge, apenas, en los artículos 666 y 675 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, la redacción de una ley de amnistía a la carta para el procés supondría, precisamente, «poner en entredicho la propia actuación del Alto Tribunal sentenciador y reconocer», como siempre ha defendido el relato del separatismo, que «el TS forma parte de un sistema judicial injusto». Una idea que «en sí misma dinamita el Estado de Derecho como base irrenunciable del juego democrático».

El criterio del Tribunal Constitucional

No en vano, hasta la fecha, y en otros caso de «leyes singulares» que han tratado, sin éxito, de dar respuesta a situaciones o necesidades concretas, por ejemplo, de un territorio, el Tribunal Constitucional ha sido tajante. La Corte de Garantías ha denunciado, y sancionado, que una forma de legislar congruente con las características y necesidades de un Estado social y democrático de Derecho pueda ser utilizada por el legislador para impedir el control jurisdiccional que garantiza los derechos e intereses legítimos de los directamente afectados por la ley.

Altera el principio fundamental de igualdad entre los españoles

Así las cosas, «la ley puede no ser en estos supuestos una garantía democrática, sino, por el contrario, una limitación de las garantías de los derechos e intereses legítimos que se asocian al control jurisdiccional de la actuación administrativa a las que de alguna forma suplanta», advierten algunos de los juristas consultados por El Debate, a propósito de algún precedente como el caso Rumasa. ¿Alguien imagina que la gobernabilidad de España hubiese dependido, en su momento, del perdón de un partido al empresario José María Ruiz Mateos que, en 1989, obtuvo hasta dos escaños en Bruselas mientras le perseguía la Justicia en nuestro país?.

O lo que es lo mismo, con la amnistía que exige Puigdemont, «no se trata de actualizar una anomalía penal en una sociedad que ya no sanciona ni reprocha un determinado comportamiento» sino «de hurtar a los tribunales su función esencial» para beneficiar a quienes intentaron la secesión del 1-O y, pese a estar reclamados, todavía no han comparecido ante la Justicia ni han sido juzgados por ello». No sólo eso, sino que «no han renunciado, en ningún momento, a la vía de la unilateralidad».