El Supremo reactivará la euroorden a Puigdemont si se confirma que no ha pedido medidas cautelares para su inmunidad

En una nueva entrega del pulso interminable que el expresidente Carles Puigdemont mantiene con el Supremo español, en plena negociación para la amnistía del procés a cambio del 'sí' de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, la defensa del político presentaba el pasado viernes, en el último día del plazo permitido para hacerlo, un recurso ante la Justicia europea para que restablezca la inmunidad parlamentaria que le retiró el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Horas más tarde, el juez instructor del Alto Tribunal encargado de la causa, el magistrado Pablo Llarena, dictaba una providencia en la que daba 10 días a Puigdemont para que confirme si ha pedido, o no, la suspensión cautelar de la pérdida de su protección como miembro de la Eurocámara.

De no ser así, y tras una prudente espera de varios meses, consciente de que la pérdida de la inmunidad, piedra angular del proceso de entrega, no era firme pero sabedor también de que, hoy por hoy, Puigdemont no disfruta de ella, el Supremo resolverá favorablemente la petición de la Fiscalía de emitir nuevas euroórdenes a Bruselas sobre todos los prófugos, también los exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Luís Puig. Un escenario que podría complicar, y mucho, el pacto con los socialistas de cara a cerrar el apoyo expreso de los separatistas a Sánchez.

Por el momento, lo que ha trascendido es que el recurso planteado ante el TJUE por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, no incluía la solicitud de medidas cautelares porque éstas podrían instarse en cualquier momento del proceso ante la corte comunitaria y siempre que no haya resuelto. En tal caso y de confirmarse este extremo, Llarena tendrá el camino despejado para reactivar la petición de entrega a España de los encausados que dejó en suspenso, antes de verano, a la espera de conocer si los políticos independentistas impugnaban la sentencia del TGUE y en qué términos.

Así las cosas, fuentes jurídicas consultadas por El Debate sostienen que si la medida cautelar no se ha solicitado de inicio y si se insta una vez registrado el recurso y con posterioridad a la nueva puesta en marcha de la euroorden, existe una alta probabilidad de que el TJUE se la deniegue. No en vano, hasta en dos ocasiones anteriores, en los meses de julio y en esta misma, se han anunciado mecanismos provisionales de protección, por parte de Puigdemont y los suyos, que no se han materializado.

Por ello, si Puigdemont maniobrase justo después de decretarse, de nuevo, su detención europea, será evidente que lo hace con la única intención de dilatar el procedimiento, con un doble objetivo: el primero, que llegue la amnistía exprés que se cocina en la Moncloa para asegurar una nueva legislatura de Sánchez; y, el segundo, que mientras tanto se cierre la andadura del actual Parlamento Europeo sin que se hayan podido tramitar las euroórdenes, un proceso que tendría que empezar de cero con la nueva Eurocámara resultante de las elecciones de mayo de 2024.

Un vez más queda en manos del TJUE impedir a Puigdemont y el resto de los prófugos lo que sería un abuso de derecho en el uso de la petición de medida cautelar. Un mecanismo que en ese caso, y según los expertos, no se estaría instando para proteger una inmunidad parlamentaria que, de entrada, ya no le acompaña, sino para vaciar de contenido el suplicatorio que concedió el Parlamento Europeo al Supremo para proceder, penalmente, contra todos ellos.