El Constitucional resolverá el 2 de octubre los recursos de PP y Vox contra el bloqueo del Gobierno al CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones prorrogadas, desde 2018, está de nuevo en el centro del debate jurídico. Más allá de su renovación frustrada en clave política, el máximo órgano de los jueces sufre desde hace más de dos años la parálisis impuesta, vía exprés, por el Gobierno del PSOE y Podemos que, en la pasada legislatura, le vetaron la posibilidad de hacer nombramientos discrecionales como una medida de presión para forzar la dimisión en bloque de todos los vocales.

La reforma impuesta al Consejo fue recurrida por PP que, pese a la parálisis institucional no retomó la mesa de las negociaciones para renovarlo; y, antes por Vox, en abril 2021. Ahora, tras varios meses de mandato, Cándido Conde-Pumpido, y un primer intento fallido, antes de las generales, ha convocado un Pleno monográfico del Constitucional (TC), el próximo 2 de octubre, para resolver la posible inconstitucionalidad del texto que impide al CGPJ cumplir con sus funciones ordinarias. En dicha fecha se abordará una «deliberación conjunta» de las dos impugnaciones, «dada la complejidad del asunto y el interés general».

Sobre la mesa, la modificación efectuada en marzo de 2021 a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para prohibir que un CGPJ en situación de interinidad, como el actual, cubriese las vacantes generadas en los más altos tribunales, incluso a pesar de las nefastas consecuencias que ello ha tenido en el día a día del Supremo, especialmente, pero también de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

Sin embargo y pese a ello, el fracaso de la medida instada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de incorporar un nuevo colegio de vocales en el CGPJ, antes del final de la legislatura, propició que en julio de 2022 el Congreso aprobase una segunda reforma de la misma ley rectificando su decisión anterior y devolver, parcialmente, al Consejo su capacidad de proponer candidatos al Tribunal Constitucional y facilitar así una renovación de la Corte de Garantías –que se materializó el 9 de enero– a la medida de las expectativas del Gobierno y sus socios independentistas.

No en vano será el órgano el que, una vez consolidado entorno a una mayoría de izquierdas, tendrá que decidir sobre la legalidad, o no, de una futura amnistía al procés o sobre el encaje constitucional de una futura 'consulta pactada' con el separatismo.

La reforma inicial de la LOPJ fue impugnada tanto por Vox como por PP, pero los de Santiago Abascal lo hicieron antes que los de Núñez Feijóo, por lo que estaba previsto que su escrito se ventilara primero. Así, la propuesta elaborada por la magistrada María Luisa Balaguer marcaría el camino de la ponencia encomendada al magistrado conservador César Tolosa, en cuyas manos está el recurso 'popular'.

Los recursos contra la reforma del CGPJ iban a ir a Pleno en el mes de junio, una vez superados los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, pero el adelanto electoral 23 de julio trastocó los planes de Conde-Pumpido que, instado por parte del Pleno, para eliminar del calendario aquellos asuntos de naturaleza más política, renunció a incorporar cualquier referencia a la doble causa. Ahora, irán, conjuntamente al cónclave de la Corte para, todo apunta, salvar de nuevo la papeleta a Sánchez.

La «agonía» del Supremo y los tribunales

Cabe recordar que la imposibilidad legal de que el CGPJ haga nombramientos ha llevado al Supremo (TS) al borde del colapso, con un total de 23 plazas sin cubrir, una situación que afecta ya a todas sus salas. Un escenario «desolador» según las propias palabras del presidente interino del Alto Tribunal en su discurso ante el rey Felipe VI durante la pasada apertura del Año Judicial.

Del total de vacantes que, cada vez más, afectan al normal funcionamiento del TS, 2 corresponden a la Sala Primera de lo Civil, 1 afecta a la Segunda de lo Penal, 11 son ya las que se registran en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, otras 6 en la Sala Cuarta de lo Social y, por último, 3 merman la Quinta de lo Militar.

Una «anomalía insostenible» que está provocando gravísimas carencias de funcionamiento bajo la estoica labor de los magistrados que se reducen ya a sólo el 70 % de sus efectivos previstos. Al drama que implica que el más Alto Tribunal de nuestro país «funcione en precario», se suma a partir de ahora «un problema adicional»: el «peligro que supone que en órganos integrados por un total de doce magistrados, entren en bloque y de golpe cinco nuevos miembros», denunciaban hace meses, fuentes del TS, a El Debate.