El separatismo ya no oculta que el control del Poder Judicial estará entre sus exigencias para apoyar a Sánchez

Para el separatismo, el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) son dos órganos judiciales que, en no pocas ocasiones durante el procés y después del mismo, han soterrado sus aspiraciones independentistas. De ahí que, en el relato victimista del Junts y Esquerra (ERC), uno de los principales argumentos se dirige contra la Justicia española que les ha negado el 'derecho a decidir' sobre su futuro a través de un referéndum de autodeterminación, o una 'consulta pactada', cuando no condenando a sus cabecillas por violentar la ley vigente.

Un discurso al que, ahora, en plena negociación para una eventual y futura investidura socialista, Pedro Sánchez se ha sumado, cuestionando la 'judicialización' del 1-O y abriendo a puerta a una amnistía para Carles Puigdemont y los suyos que, de producirse, será una enmienda a la totalidad de los magistrados y los fiscales como parte esencial del Estado de Derecho. Sin embargo, más allá del indulto general a los sediciosos, la hoja de ruta que El Debate ha ido avanzando, en primicia durante los últimos meses, pasa por controlar al Poder Judicial y descentralizar sus competencias. Ayer era, precisamente el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu quien se sumaba, pública y abiertamente a dicha posibilidad durante la apertura del Año Judicial en Bilbao.

Urkullu advertía en su discurso que «el Poder Judicial no debe ser ajeno a la conformación territorial descentralizada del Estado» y defendía la búsqueda «de una adecuación flexible del Poder Judicial, y su gobierno», esto es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «acorde con un Estado compuesto». «Más si se repara en que el Poder Judicial es, por definición, un poder atomizado y no unitario, ya que lo encarnan todas y cada una de las y los jueces y magistrados», señalaba.

Ya en mayo de 2022, y para Cataluña, Puigdemont anunciaba que el Consejo por la República (el órgano parainstitucional que dirige desde Bruselas) tendría un «tribunal republicano». Una institución que el expresidente de la Generalitat –y prófugo de la causa abierta por el Supremo contra las irregularidades del procés–, definió como el «embrión» del futuro «Poder Judicial de la República catalana».

No es nada nuevo que el independentismo siempre haya tenido entre sus prioridades la creación de una Justicia propia, controlada y sometida a la medida de sus aspiraciones políticas, para no tener que responder ante la española. Un ansiado escenario que pasaría por transformar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una especie de Tribunal Supremo catalán que sería la máxima instancia judicial en todos los órdenes –civil, penal, social y contencioso-administrativo– y cuyos magistrados serían elegido, por descontado, en base a su afinidad a las posiciones separatistas.

Un proyecto de pseudojusticia a la carta para las formaciones separatistas que ya estaba incluido en la Ley 20/2017 de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, una de las 'leyes de desconexión' aprobadas en el Parlament de Cataluña en septiembre de 2017.

«El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierte en el Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que culmina la organización judicial de Cataluña», rezaba el texto anulado por el Constitucional que hacía saltar por los aires las costuras del ordenamiento jurídico, dinamitaba la separación de poderes y atacaba, de frente, la independencia judicial al obligar a los jueces a actuar de forma «coordinada con el Poder Ejecutivo».