El TC rechaza la suspensión de las penas a los condenados de los ERE de la que sí disfruta Griñán

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este martes por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por siete condenados por los ERE para suspender sus penas de prisión, al tiempo que ha aprobado la renuncia del ex presidente andaluz José Antonio Griñán a dicha medida cautelar, después de que la Audiencia de Sevilla ya paralizara su entrada en la cárcel, según ha informado la propia Corte y como hace días avanzó, en primicia, El Debate.

Aunque un total de doce condenados por los ERE han pedido amparo al Constitucional, solo ocho solicitaron la medida cautelar: Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, José Antonio Viera, Carmen Martínez y el propio Griñán.

De estos ocho, el último de ellos desistía, hace una semana, de la medida cautelar instada simultáneamente con su recurso de amparo, después de que la Audiencia de Sevilla suspendiera durante cinco años el cumplimiento de los seis de cárcel que se le impusieron como responsable de dos delitos de prevaricación y malversación. La Justicia andaluza consideró, para ello, que el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece es incompatible con su estancia en un centro penitenciario. Un desistimiento que ha sido aceptado por el TC, también, hoy.

En cuanto a los siete restantes, todos están en prisión menos Márquez, que mantuvo la medida cautelar a pesar de que el tribunal sentenciador tomó la misma decisión que con Griñán, después de que el Tribunal Supremo redujera su pena de prisión a tres años. El TC ya rechazó en junio las medidas cautelarísimas planteadas por Griñán y los demás condenados, al tiempo que admitió a trámite sus recursos de amparo, que ahora seguirán su curso hasta que el órgano se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Además de Griñán y esos siete condenados, han recurrido al Constitucional el también ex presidente andaluz Manuel Chaves, quien fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación; así como la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrias y Antonio Vicente Lozano.

De esta forma, el Pleno ha hecho suyas las ponencias redactadas por la magistrada de izquierdas Inmaculada Montalbán, para cada una de las peticiones cursadas, que proponían no conceder las medidas cautelares. Y es que, de acuerdo con su propia doctrina, la Corte de Garantías no suele frenar el ingreso en prisión de aquellos condenados en firme, aunque hayan recurrido la decisión judicial que lo motiva, cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad por tratarse de sanciones «graves».

De hecho, el TC explica en un comunicado que los magistrados aplican la «abundante jurisprudencia» del tribunal, al tratarse de «una pena de prisión netamente superior a los cinco años, sin que las razones alegadas por los demandantes de amparo hagan desaparecer el cualificado interés general que, en un caso como este, presenta la ejecución de la resolución condenatoria firme».

«Junto a la gravedad de la pena», el Pleno ha tenido en cuenta «la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos enjuiciados operan como parámetro decisivo para no acceder a la suspensión interesada». A este respecto, recuerda que «los recurrentes fueron condenados por delitos continuados contra la administración pública cometidos a lo largo de un extenso periodo de tiempo y con incidencia en toda una comunidad autónoma».