García Ortiz niega al Consejo Fiscal un debate para pronunciarse sobre la amnistía

un «no» rotundo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la petición de un vocal del Consejo que, en el turno de ruegos y preguntas, instó el debate sobre una ley de amnistía y la votación sobre la necesidad de emitir un pronunciamiento jurídico del Ministerio Público sobre esta cuestión. Así terminaba el Pleno ordinario de este jueves, el primero celebrado tras el cese del titular de la Fiscalía junto con el Gobierno que lo nombró, como resultado de la convocatoria electoral del pasado 23-J.

García Ortiz «denegó de plano» la propuesta, en el mismo sentido en el que rechazó otra petición para analizar y, en su caso, denunciar formalmente los incumplimientos retributivos del Ministerio de Justicia comprometidos con la Carrera fiscal. Hace ya un año que el sucesor de Dolores Delgado en el cargo evitaba, también, deliberar sobre la reclamación de un presupuesto propio para la Fiscalía.

Según ha podido saber El Debate, a juicio del fiscal general entre las funciones de la institución no está contemplada la de pronunciarse sobre cuestiones jurídicas de la naturaleza de la amnistía. Sin embargo, algunos expertos consultados por El Debate apuntan cómo el argumento no tiene en cuenta «el aspecto representativo» del órgano fiscal que sí permitiría una nota oficial.

Especialmente en un momento en el que el papel de la Fiscalía del Tribunal Supremo está siendo determinante para avanzar en las causas, todavía pendientes, contra los prófugos del procés Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Toni Comín.

Así las cosas, lo que sí prosperó durante este Pleno fueron los nombramientos de varios fiscales, en Comisión de Servicio, para los Departamentos de Anticorrupción y la Audiencia Nacional. El Debate adelantó hace unos días, cómo esta cuestión planteaba una duda jurídica sobre la capacidad de un fiscal general ya cesado, junto con el Gobierno que lo nombró, para el que el Estatuto del Ministerio Público no prevé, expresamente, una situación de interinidad.

Por una parte estaban los vocales que consideraban que, con arreglo a la ley y en sentido estricto, García Ortiz, está cesado «desde el mismo momento en que cesó el Gobierno que lo designó» y, por lo tanto, «no tiene capacidad para asumir ninguna función correspondiente a su estatus» ni aún en las cuestiones «más básicas y aparentemente inocuas» del mismo.

Por otro lado, quienes entendían que «pese al vacío en las previsiones de la norma de funcionamiento» de los fiscales, para la situación actual, «el hecho de que el Ejecutivo que lo nombró siga en funciones podría ser asimilable» en este caso y, por lo tanto, «admisible plantear designaciones no permanentes» como lo son las comisiones de servicio que, con una duración de entre 6 y 12 meses, están llamadas a «cubrir ciertas vacantes o reforzar áreas que por su carga ordinaria de trabajo» necesitan incorporar a un fiscal.

Ésta es la tesis que ha prosperado al justificarse que siendo nombramientos «por un tiempo concreto y determinado», «nada tienen que ver» con las asignaciones discrecionales para puestos indefinidos que sí tendría vetadas García Ortiz.

Además, el Consejo Fiscal también abordó el plan de formación de la Fiscalía, la Comisión de prevención de riesgos laborales, las mejoras del sistema informático y algunas propuestas sobre la productividad de la Carrera.