Así defiende el PNV a la Ertzaintza mientras Sánchez ignora la persecución más violenta a la Guardia Civil

Si arde una furgoneta de la Ertzaintza, habrá consecuencias. Pero si queman a guardias civiles, se les echa de mala manera o se celebra en su contra el «Día del inútil», no pasará nada.

Todas las agresiones son simbólicas, a través de carteles o con manifestaciones, pero tienen consecuencias antagónicas: si el objetivo es la Policía autonómica vasca, el PNV actúa con contundencia. Pero si lo es la Benemérita, con 210 asesinados en sus filas a manos de ETA, el Gobierno Central mirará para otro lado y lo calificará incluso, por escrito, de ”libertad de expresión”.

El contraste es apabullante, como evidencia la documentación obtenida por El Debate, demostrativa de la desigual respuesta de los poderes públicos en función de cuál sea el color del uniforme del objetivo.

Al Gobierno Vasco no le duelen prendas a la hora de eliminar muestras de enaltecimiento del terrorismo «de oficio», mientras que el Gobierno de Sánchez prefiere no actuar, pese a tener más y mejores herramientas legales para hacerlo.

Eso es lo que ocurrió con un cartel que mostraba una furgoneta policial en llamas de la plaza Txofre de San Sebastián en julio que formaba parte de una exposición de grafitis organizada por un colectivo y que fue retirado por la Ertzaintza.

Según la documentación remitida por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a El Debate, «la retirada fue realizada de oficio y como quiera que el mural podría incitar al odio y la violencia contra esta institución y/o un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, se instruyen las diligencias policiales con número de referencia 590A2305026, las cuales una vez finalizadas serán remitidas a la autoridad judicial competente».

Aun así, no ha ofrecido más datos al respecto pues «al encontrarse la investigación judicializada, en aplicación del art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es potestad del Juzgado competente autorizar a la entrega del contenido de dichas diligencias, por lo que procede limitar el acceso en virtud del artículo 14.1.e) de la LTIPBG».

Sin embargo, desde el Gobierno Vasco se ha explicado que los agentes de la Ertzaintza llevaron a cabo estas actuaciones en base a la normativa interna de la policía autonómica vasca.

El Gobierno Vasco aplica normativas internas para responder; La Moncloa ignora leyes de mayor rango y opta por mirar para otro lado

En concreto, la Orden de Servicio nº 008, «Procedimiento de retirada de carteles y pancartas», donde se indica la forma de proceder de los agentes, «ante la localización de carteles, pintadas, pancartas, etc., que puedan constituir un posible delito de enaltecimiento del terrorismo (Art. 578 de la Ley Orgánica 01/2015, del Código Penal); y/o un ataque a los derechos de las víctimas (Art.4b. de la Ley 4/2008, de Reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo del País Vasco); y/o hagan referencia a un delito de odio en cualquiera de sus modalidades infractoras». Una normativa que dado su «carácter interno» no es pública, afirman.

Sin embargo, esta medida contrasta con la pasividad del Gobierno cada vez que se realizan actos similares. El caso más paradigmático es el Ospa Eguna, una serie de actos organizados por la izquierda abertzale que cada mes de agosto se celebra en la localidad navarra de Alsasua para reivindicar la expulsión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Navarra, informa Alicia Martín.

A pesar de realizarse de forma periódica y pese al revuelo que suele generar, el Gobierno cree que este acto no debe ser prohibido. De hecho, tal y como publicó El Debate, en base a un documento oficial del Gobierno de España firmado por el Director General del Ministerio de Política Territorial, Agustín Torres Herrero, defiende expresamente la celebración del Ospa Eguna con el argumento de que el supuesto derecho a la manifestación prevalece.

Así, asegura que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, prevé en su artículo tercero que «ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización», indicando a su vez que el artículo octavo dice que «la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas con una antelación de diez días naturales como mínimo y 30 como máximo. Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones. La comunicación a que hace referencia el párrafo anterior podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas».

Además, en otro documento en propiedad de El Debate, procedente de la Abogacía del Estado se argumenta que «con los datos objetivos de los que disponemos y los antecedentes de los últimos años no parece que existan indicios racionales suficientes como para pensar que durante el desarrollo de la manifestación comunicada o con posterioridad puedan producirse altercados públicos».

¿Por qué no actúa el Gobierno?

Junto a ello, desde el Ministerio del Interior en un documento rubricado por Ana María Prejigueiro, directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad, señalan que «el criterio, doctrina y la jurisprudencia de los órganos judiciales competentes, ha sido considerar que, en lo referente a las convocatorias de los Ospa Eguna, se estaba ante una mera expresión de opiniones arriesgadas que inquietan o chocan a diversos sectores de la población, pero que no tienen cabida «ex ante» en el ámbito penal y que no justifican la adopción de alguna medida cautelar de suspensión, cuya necesidad de prevención y evitación pudiera motivar una restricción justificada de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión».

La negativa del Gobierno a actuar preventivamente para no humillar a las víctimas desoye la Ley que las protege y obliga a los poderes públicos

Sin embargo, se olvida de que existe otra norma de obligado cumplimiento, la Ley de Protección Integral de Víctimas que en el artículo 61 dice literalmente lo siguiente: «El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas».

Así, desde el Gobierno de España se dejan a un lado a las víctimas mientras se da carta blanca a actos como el Ospa Eguna, que son el caldo de cultivo perfecto para enarbolar discursos de odio, mientras que desde el Gobierno Vasco se tiene meridianamente claro que no se puede tolerar ningún ataque a las Fuerzas de Seguridad, que además atenta contra la dignidad de las víctimas del terrorismo e incluso podría ser constitutivo de delito de enaltecimiento del terrorismo.

También se puede «quemar» guardias civiles

Otro caso paradigmático, revelado por este periódico, evidencia hasta qué punto la Guardia Civil carece del mismo amparo, lógico, que otros Cuerpos de Seguridad en las zonas más calientes del universo abertzale en el País Vasco o Navarra.

La Delegación del Gobierno en Navarra, con el mismo modus operandi desplegado para permitir el humillante Ospa Eguna, también se negó a actuar preventivamente con motivo de la conmemoración del «Día del inútil», celebrado el pasado mes de agosto.

La humillante fiesta, convocada en la localidad navarra de Etxarri Aranatz, gobernada por Bildu, se calentó con carteles que convocaban al aquelarre con una imagen de dos números de la Guardia Civil ardiendo en el fuego.

Un póster que dejaba claras las intenciones de la festividad, someter a escarnio público a la Guardia Civil poco tiempo después de que le quitaran las competencias de Tráfico en Navarra, una de las exigencias abertzales para mantener en el Gobierno Foral a la socialista María Chivite, perdedora en las dos últimas convocatorias electorales y, pese a ello presidenta.

En ese caso, de nuevo, la Delegación del Gobierno ignoró apelar a la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para prohibir incluso el evento, y no hizo nada para proteger a las víctimas. Se limitó, una vez más, a realizar «acciones tendentes a la monitorización y seguimiento» del acto.