España celebra su Fiesta Nacional al comienzo de una legislatura crítica para su integridad

La imagen del Rey Felipe y Pedro Sánchez en el palco de la plaza de Neptuno, presidiendo el desfile de las Fuerzas Armadas de este jueves, se producirá entre dos actos. Por un lado, la llamada del presidente en funciones a Oriol Junqueras de este miércoles, como gesto de buena voluntad para apuntalar la negociación con ERC. Por el otro, las fotografías que el propio Sánchez se hará este viernes por separado con los portavoces de Bildu y Junts, inéditas e impensables hasta ahora.

Sánchez y su Gobierno en funciones celebran la Fiesta Nacional de este año en mitad de las conversaciones para la reelección del líder socialista, y en plena amenaza para la unidad de la nación. Motivada, esta última, por los mismos sobre los que recaerá la investidura gobernabilidad de España durante los próximos años. Que son, a su vez, quienes no participarán en los actos de este 12 de octubre, como no lo han hecho nunca: el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el lendakari, Íñigo Urkullu.

Nunca la Fiesta Nacional se celebró en un contexto de tanta incertidumbre sobre la cuestión territorial, que ya se intuye como uno de los temas nucleares de esta legislatura. Porque Sánchez ha puesto la línea roja de la investidura en el referéndum de autodeterminación, pero también antes negó los indultos y acabó concediéndolos. Y después negó la amnistía y va camino de otorgarla.

Rufián sostuvo este miércoles que, de aquí a algún tiempo, hablar de referéndum deje de ser una quimera

Este mismo miércoles, el portavoz de ERC en el Congreso ironizó con los cambios de opinión de Sánchez. «Hace cuatro años hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a algún tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera», señaló, dejando entrever que solo hace falta que la fruta del referéndum madure durante este mandato. Probablemente no con ese nombre, sino como algún tipo de «consulta a la ciudadanía de Cataluña».

Dos Sánchez distintos

En 2019, a Sánchez también le pilló la Fiesta Nacional estando en funciones. Pero hace cuatro años no iba camino de una investidura, sino de una repetición electoral –el 20 de noviembre–, porque de primeras se había negado a pactar una coalición de gobierno con Pablo Iglesias. Entonces estaba en campaña, y no hablaba de «concordia y convivencia». Todo lo contrario: por aquellos días prometió traer a Carles Puigdemont de vuelta a España para que respondiera ante la Justicia, el cumplimiento íntegro de las penas para los cabecillas del procés y hasta devolver al Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal.

Ahora, todos los socios necesarios de Sánchez, para la investidura y para el resto de la legislatura, han puesto boca arriba las cartas de la «plurinacionalidad» y el inexistente «derecho a decidir» desde las elecciones del 23 de julio. ERC, Junts, Bildu, el BNG y también el PNV. Urkullu propuso hace un mes convocar una «convención constitucional» para «pactar una interpretación constitucional específica que, sin la necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo nacional del autogobierno». Y Arnaldo Otegi tiene advertido a Sánchez de que «las agendas de las izquierdas plurinacionales tienen que verse satisfechas en este bloque de legislatura».

Las manifestaciones celebradas en Madrid y Barcelona contra la amnistía el 24 de septiembre y el 8 de octubre han actuado como caja de resonancia del malestar y la intranquilidad generados en la sociedad por las futuribles cesiones de Sánchez al independentismo. Y teme que, este jueves, el desfile del 12 de octubre sea un vía crucis para él. De ahí que los socialistas lleven toda la semana culpando al PP y a Vox de forma preventiva de los pitos, abucheos e insultos que pueda recibir el presidente en funciones en presencia de Felipe VI.

El jefe del Estado es precisamente el parapeto que ha buscado Sánchez. Este último ha esperado hasta esta semana, la de la Fiesta Nacional, para que el Consejo de Ministros acordara solicitar al Congreso y al Senado la celebración de una sesión conjunta el 31 de octubre, con motivo del juramento de la Princesa Leonor. Amén de condecorar a la Princesa de Asturias con el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, como hizo el Gobierno de Felipe González con Don Felipe cuando éste alcanzó la mayoría de edad. En aquel entonces, el Consejo de Ministros del PSOE dio trámite a la sesión conjunta de las Cortes el 27 de diciembre de 1985, más de un mes antes del cumpleaños del Príncipe de Asturias, el 30 de enero.

En la referencia del Consejo de Ministros de esta semana, el Gobierno incluso proclama la «continuidad de la Corona» en la persona de la Princesa Leonor. En estos términos: «Junto a la dimensión simbólica, el acto contiene una importante dimensión jurídica, ya que el juramento que prestará la princesa de Asturias supone una manifestación de su disposición para asumir la Jefatura del Estado llegado el momento. De esta manera, se garantiza la continuidad de la Corona, que es un órgano constitucional que se inserta, con las funciones que establece el Título II de la norma fundamental, en la estructura institucional del Estado».

La ausencia de los presidentes de Cataluña y el País Vasco en la celebración de este jueves contrastará con la presencia de todos los demás: los 11 presidentes autonómicos del PP, los tres del PSOE y Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, de Coalición Canaria. Además, estará el Gobierno en funciones casi al completo, con las únicas ausencias de la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ambas de viaje fuera de España.