Bruselas podría llevar la reforma del CGPJ planteada por Sánchez ante la Justicia europea

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha expresado este jueves su preocupación por las posibles reformas en el Consejo General del Poder Judicial que quiere llevar adelante el Partido Socialista de Pedro Sánchez.

Reynders ha subrayado que la UE “no tolerará ninguna violación de los principios fundamentales de separación de poderes.

La medida planteada por el Gobierno permitiría renovar a los 12 vocales judiciales del CGPJ por una sola de las Cámaras, saltándose así la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado.

El Tribunal Constitucional controlado por Cándido Conde-Pumpido ya ha comunicado que no existe una limitación constitucional al respecto.

Ante el enésimo asalto socialista al poder judicial, el Partido Popular pidió la opinión de la Comisión Europea. El diputado Pablo Hispan consultó al comisario Reynders sobre los pasos que tomaría la UE en caso de que se violara flagrantemente la separación de poderes en uno de los Estados miembros, tal y como ocurre en el caso español.

En su respuesta, Reynders subrayó la importancia de que los parlamentos nacionales esperen las recomendaciones de la Comisión de Venecia antes de adoptar reformas legales y advirtió que la Unión Europea actuará si se produce una regresión en la independencia del poder judicial en cualquiera de los países de la Unión.

Es más, el comisario enfatizó que la intervención de Bruselas solo se produce cuando se implementa una reforma que supone un retroceso, y que en casos de prolongada inacción, como la renovación del CGPJ en España, se hacen recomendaciones. Además, destacó que se podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si fuera necesario.

Reynders ha reconocido que se encuentran en conversaciones constantes con el Gobierno español para aclarar la situación.

Estas declaraciones demostrarían que la presión ejercida por sociedad civil y partidos políticos en España está causando efecto. Hasta hace apenas un mes, la Comisión Europea había respondido a todas las preguntas al respecto saliendo por la tangente asegurando que era una «cuestión nacional».