Diez anomalías democráticas desde el 23-J y una certeza: Sánchez solo ha empezado
Lo ocurrido en estos casi tres meses hace presagiar que España se adentra en una legislatura de búsqueda de ángulos muertos en la Constitución y líneas rojas borradas
Pedro Sánchez, el jueves durante el desfile de la Fiesta Nacional
No han pasado ni siquiera tres meses desde las elecciones generales. Sin embargo, en este tiempo de impasse ha habido tantas anomalías que todo invita pensar que España se adentra en una legislatura de líneas rojas difuminadas –cuando no, directamente borradas–, búsqueda de ángulos muertos en la Constitución y triquiñuelas. Hagamos memoria democrática de lo ocurrido desde el 23 de julio.
Un perdedor que se siente ganador
La misma noche electoral, Pedro Sánchez salió al balcón como si hubiese ganado las elecciones generales. Sabiendo que, aunque dependiera de Carles Puigdemont, tenía una oportunidad de seguir en la Moncloa. Durante la campaña, el candidato socialista había afirmado en una entrevista en Telecinco: «Afortunadamente, el señor Puigdemont es el pasado. Hace cinco años era un problema para España. Hoy es una anécdota».
La noche del 23 de julio, Sánchez mandó un mensaje a Alberto Núñez Feijóo. Pero no para felicitarle, sino para advertirle de que no sometiera al país a una situación de «bloqueo político», en alusión a la mayoría insuficiente del PP.
Otro «cambio de opinión»
Tras las elecciones, el propio Sánchez y su Consejo de Ministros quedaron en funciones. Todos ellos se fueron de vacaciones. El 17 de agosto tuvo lugar la sesión constitutiva de las Cortes. Para que ERC y Junts votaran a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso (pese a que el PP es el grupo parlamentario mayoritario), el PSOE acordó con los independentistas permitir el uso del catalán, el euskera y el gallego en toda actividad de la Cámara Baja, oral u escrita. Aun cuando, en junio de 2022, los socialistas habían votado en contra de una propuesta similar.
Una reforma aplicada antes de aprobada
Armengol convocó un Pleno extraordinario, y por tanto fuera del periodo de sesiones, para aprobar la reforma del Reglamento en ese sentido. Además de las prisas, lo insólito fue que esa reforma entró en vigor 48 horas antes de su aprobación. El martes 19 de septiembre, durante el debate de la reforma los diputados pudieron hablar sin cortapisas en catalán, euskera, gallego y hasta «aragonés», como hizo el parlamentario de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. Pero el Pleno no aprobó la reforma hasta el jueves 21 de septiembre. Ello le valió a Armengol una querella de Vox por prevaricación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El escaño de Pedro Sánchez con los auriculares de traducción depositados por Vox
La amnistía, con todas sus letras
El sábado 19 de agosto, dos días después de la constitución de las Cortes, El País titulaba: Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al 'procés'. Aquel titular era la confirmación de que el presidente en funciones estaba dispuesto a conceder una amnistía que borrara el mayor desafío al que se enfrentó la democracia española desde el golpe de Estado de 1981.
A partir de ahí empezaron semanas de evasivas, eufemismos y algunos silencios clamorosos por parte de los miembros del Gobierno y del PSOE, empezando por el propio Sánchez. Hasta que el líder de ERC, Oriol Junqueras, contó lo que los socialistas venían callando: que el pacto para la amnistía estaba cerrado desde el 17 de agosto. Sánchez telefoneó a Junqueras el pasado miércoles, en una llamada que se ha interpretado como el comienzo de la fase definitiva de las negociaciones para la investidura.
Sánchez obliga al Rey a elegir
El 21 y 22 de agosto se produjo la primera ronda de consultas del Rey. Desde el día después de las elecciones, Feijóo había mostrado su intención de postularse en incontables ocasiones. Hasta el día 21, los socialistas aseguraron que Sánchez dejaría pasar a Feijóo porque no iba a darse «codazos» con el líder del PP por ir primero a la investidura.
Sin embargo, la mañana del martes 22 el presidente en funciones dio un volantazo y trasladó a Felipe VI su disposición a ser designado ya mismo. «Hay una evidencia: solamente hay una mayoría parlamentaria posible, no hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso», proclamó aquel día desde la Moncloa. Con su maniobra metió intencionadamente al jefe del Estado en la pugna política, porque obligó a Don Felipe a decantarse por un candidato y descartar al otro. En ese momento, el Rey optó por el ganador de las elecciones, que le presentó 172 votos, frente a la inconcreción de los apoyos de Sánchez.
Una vicepresidenta de visita a un fugado
El 4 de septiembre, los españoles vieron con sus propios ojos otra imagen insólita. La de una vicepresidenta segunda del Gobierno de la nación viajando a Bruselas para entrevistarse con un prófugo de la Justicia. Uno del que depende no solo la investidura de Sánchez, sino sobre todo la gobernabilidad del país. De aquel encuentro, Yolanda Díaz salió «convencida de que va a haber un Gobierno progresista», según aseguró.
Carles Puigdemont y Yolanda Díaz, durante su reunión en el Parlamento Europeo
La fecha elegida para la reunión merece mención aparte: la víspera de que Puigdemont compareciera en rueda de prensa desde el Parlamento Europeo para poner sus condiciones: amnistía antes siquiera de sentarse a negociar la investidura, como pago por adelantado. Los socialistas leyeron entre líneas aquella comparecencia y concluyeron que se estaba ablandando, porque el fugado no había fijado el referéndum como condición previa.
Aunque, el jueves 28 de septiembre, su partido y ERC firmaron una resolución conjunta en el Parlamento de Cataluña comprometiéndose a no investir a Sánchez si no accede a pactar avances en un referéndum.
El Constitucional, árbitro de parte
El 12 de septiembre, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso presentado por el PSOE para el recuento del voto nulo en Madrid. Aquel episodio fue kafkiano. La ponente del recurso, la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa, había llegado a pedir un informe ad hoc a su abogado del Estado de confianza para respaldar la tesis del PSOE.
Sin embargo, en el último momento se echó para atrás y ella misma propuso inadmitir el recurso. Tiene su lógica: Sánchez decidió perder aquella batalla en el TC sabiendo que tiene una guerra por ganar, con ayuda de su presidente, Cándido Conde-Pumpido: la del encaje de la amnistía en la Constitución. El 3 de octubre, en una comparecencia en la Moncloa, el candidato del PSOE ya deslizó que cualquier decisión suya será avalada por el Parlamento y el Constitucional. Más presión sobre los hombros de los siete magistrados que componen el bloque de izquierdas.
Contra Felipe, Guerra y quien rechiste
En 14 de septiembre, el PSOE comunicó la expulsión de quien fuera el secretario general del PSE, Nicolás Redondo Terreros, por «reiterado menosprecio» a las siglas de la formación. Intramuros del socialismo, este tiempo transcurrido desde las elecciones generales ha servido para ver cómo un partido es capaz de crucificar a su presidente del Gobierno y secretario general del PSOE más longevo, Felipe González, por posicionarse en contra de la amnistía. A él y a quien fuera vicepresidente del Gobierno ocho años y vicesecretario general del partido durante 18, Alfonso Guerra.
Felipe González y Alfonso Guerra
Candidato con 121 votos
La cronología nos lleva a las dos últimas semanas, con dos anomalías más. De entrada, que el Rey se viera empujado a designar como candidato a la investidura a uno que solo le llevó 121 votos y el deseo de conseguir el resto. Además, ante la incomparecencia en la Zarzuela de cuatro de sus presumibles socios, ERC, Bildu, Junts y el BNG. Y lo que es más: después de que la socia de Sánchez y líder de Sumar trasladara a Felipe VI, según ella, que el acuerdo de coalición está «lejos».
La foto de Sánchez con Bildu
Por si todo fuera poco, el pasado viernes Sánchez completó el blanqueamiento de Bildu reuniéndose con sus portavoces en el Congreso. Una reunión que, por el contrario, se negó a mantener con Vox (aunque Santiago Abascal tampoco habría acudido de ser llamado, según él mismo). No hace ni medio año que el partido de Arnaldo Otegi incluyó a 44 condenados por terrorismo en sus candidaturas a las elecciones municipales, aunque después excluyera a los siete con delitos de sangre ante el escándalo suscitado.
Y todo esto con Pedro Sánchez en funciones, sin que aún haya sido investido presidente para dar inicio formal a una legislatura que se presagia disruptiva.