El PNV permite a etarras salir de prisión sin vigilancia y sin aclarar cada caso para proteger su intimidad

Hace solo dos años, el PNV comenzó a gestionar las tres cárceles de la comunidad: en junio de 2021, Pedro Sánchez traspasó las competencias penitenciarias al País Vasco, una de las exigencias históricas del nacionalismo que le permitió al PSOE contentar a Bildu.

Su líder, Arnaldo Otegi, había sido muy claro: si el PSOE quería su apoyo, había que conceder privilegios a los presos de ETA. Y así comenzaron los traslados a presidios vascos donde se daba por supuesto que se concederían los regímenes de semilibertad negados en sus cárceles de origen y los permisos que, como hoy revela El Debate, facilitan a asesinos con condenas vigentes acudir a consultas sin ningún tipo de vigilancia.

El preso de ETA Mikel Otegi, condenado por asesinar a dos ertzainas, salió de la cárcel para ir al dentista sin custodia policial el pasado mes de julio. Según el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, no es «algo excepcional», sino que «es más o menos habitual y forma parte del día a día», pero el Ejecutivo liderado por Iñigo Urkullu no ha querido precisar cuántos presos de la banda han tenido los mismos privilegios.

De hecho, según un documento oficial en propiedad de El Debate, emitido desde la Dirección de Servicios del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y que data del 14 de septiembre, «no es posible pasar una relación o listado de las personas privadas de libertad que (…) han acudido a visitas médicas sin acompañamiento de escolta policial, por tratarse de datos personales especialmente protegidos».

La salida de Otegi de la prisión de Zaballa, donde cumple una condena de 34 años de cárcel por matar en 1995 en Itsasondo (Guipúzcoa) a los ertzainas José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluce Echeverria, generó una enorme indignación entre los miembros de la policía autonómica y los familiares de las víctimas, sobre todo al conocer, por boca del propio Tapia que es habitual en casos en los que no hay riesgo de reincidencia o de fuga, ni peligro para la sociedad ni las víctimas.

Además, admitió que, por otra parte, se hace «con una idea de economía de gasto». «Una patrulla policial tiene determinados gastos y, si esa persona puede acudir sin necesidad de la patrulla y sin medidas de seguridad, pues se adopta. Es lo que se llama autogobierno. Esa persona vuelve cuando ha terminado la consulta».

Pero el hecho de que un preso de la banda terrorista haya podido abandonar la prisión sin custodia policial para ahorrar ha supuesto un auténtico escándalo y las familias de los asesinados vivieron «con resignación, profundo dolor y humillación» la concesión del permiso.

Desde el Gobierno Vasco no han facilitado el coste que podría suponer esta custodia y que han preferido ahorrarse. En este caso argumentan que no es competencia del departamento que ha emitido el escrito, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, sino que «incumbe, en su caso, al Departamento de Seguridad».

Seis años fugado

Junto a ello, Tapia aseguró que esta salida es algo que está «previsto en la Ley y no es una cosa que el Gobierno Vasco se haya inventado ni sea una arbitrariedad». De hecho, explicó que es una posibilidad «contemplada para aquellas personas que tienen una necesidad de acudir a una consulta médica, previo informe médico, si se determina que esa persona necesita un tratamiento que no puede ser dado por los servicios médicos del centro penitenciario».

«Se valora la situación penal y penitenciaria, la posibilidad de que tenga un riesgo de reincidencia o quebrantamiento de la pena y, si concurren los requisitos, se le concede un permiso para acudir a la consulta médica. Es una práctica habitual», añadió, obviando que Otegi estuvo fugado de la justicia durante más de seis años y solo tras condenado en Francia, llegó a España para ser juzgado y condenado por la Audiencia Nacional, una pena que ratificó el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el Gobierno Vasco no ha sabido precisar cuáles son esos «documentos que recomiendan aplicar tales políticas de protección de la dignidad a los presos pertenecientes a la banda terrorista ETA con independencia de los años que falten para cumplir la pena», informa Alicia Martín.

De hecho, argumentan que «la petición es inconcreta y valorativa. No se trata de recomendaciones existentes en supuestos documentos, sino de aplicación de los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario», sin ofrecer más detalles acerca de los preceptos legales en los que se amparan.

La ley obliga a escoltar a los presos en sus salidas médicas con agentes de las fuerzas de seguridad para evitar fugas

De esta forma, el Gobierno Vasco no aclara si estas actuaciones, es decir, la salida de prisión de reclusos sin ninguna escolta policial, es una práctica habitual como sí reconoció Tapia, pero lo que recoge el artículo 35 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, es claro al respecto: «La salida de internos para consulta o ingreso, en su caso, en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por el centro directivo».

A esto añade algo fundamental: «Acordada la conducción, el director del establecimiento solicitará al Gobernador civil o, en su caso, órgano autonómico competente, la fuerza pública que deba realizar la conducción y encargarse de la posterior custodia del interno en el centro hospitalario no penitenciario».

Junto a ello, el artículo 155, relativo a los premisos extraordinarios para consulta ambulatoria extrapenitenciaria, establece que «no estarán sometidos, en general, a control ni custodia del interno cuando se trate de penados clasificados en tercer grado y podrán concederse en régimen de autogobierno para los penados clasificados en segundo grado que disfruten habitualmente de permisos ordinarios de salida».

Por ello, Tapia ha asegurado que es una medida perfectamente legal, pues está contenida en el reglamento. Sin embargo, a Otegi aún le resta una década de condena por cumplir y una de las principales quejas de las víctimas de la banda terrorista es la laxitud con la que se interpreta el reglamento cuando afecta a los etarras.

La etarra que quiso matar a Fraga

De hecho, no ha sido la única salida similar, sino que también Alicia Sáez de la Cuesta, condenada a 30 años de cárcel por varios delitos, entre ellos uno de asesinato y otro por intentar atentar contra el expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, disfrutó del mismo permiso para asistir a citas médicas sin custodia policial.

Aunque desde el Gobierno Vasco han insistido en que solo hacen cumplir la ley, lo cierto es que estas salidas han generado la indignación de las víctimas y el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz señaló que el PNV está “cumpliendo la hoja de ruta impuesta por Sánchez y Bildu, proporciona a los etarras las llaves de la cárcel".

Y es que, fue el propio líder del PNV, Andoni Ortuzar, el que el pasado mes de junio desveló la realidad acerca del traspaso de las competencias de las prisiones al País Vasco.

«En el calendario de transferencias del Gobierno siempre nos decían que era la última o anteúltima (junto a la gestión económica de la Seguridad Social) por el trasfondo político que tenía». «Por otras razones distintas, que todos podemos imaginar cuáles son, se nos concedió», afirmó en RNE, constatando que fue una concesión más a Bildu en el que el Gobierno Vasco ahora actúa como cómplice.

«Tenemos a 200 dentro. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos». Son palabras literales de Otegi, pronunciadas en octubre de 2021. Cinco minutos después, prácticamente, el intercambio de favores se puso en marcha.