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Pedro Sánchez y Alfonso Rueda en una reunión en la Moncloa

Pedro Sánchez y Alfonso Rueda en una reunión en la MoncloaFernando Calvo/ Moncloa

Muy distinto trato

El Gobierno lleva a Galicia ante el Constitucional dos veces en 15 días mientras negocia la amnistía

La Xunta ve motivos políticos en los dos recursos de inconstitucionalidad que el Consejo de Ministros ha presentado en su contra. Y justo cuando el PSOE gallego ha activado su reloj electoral

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha llevado a la Xunta de Galicia dos veces ante el Tribunal Constitucional en solo 15 días. Mientras, en paralelo, el presidente negocia la amnistía con los independentistas catalanes y trata de ganarse el favor del prófugo Carles Puigdemont.

El 24 de septiembre, el presidente de Galicia estuvo en Madrid protestando contra la amnistía, en compañía de la cúpula del PP y de miles de madrileños. Un día después, el Consejo de Ministros presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas fiscales y administrativas aprobada por la Xunta en diciembre de 2022.

El 8 de octubre, Alfonso Rueda también estuvo en Barcelona en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. Dos días después, el Consejo de Ministros presentó otro recurso de inconstitucionalidad contra una ley del Ejecutivo gallego, en este caso la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.

Ni la Xunta ni el PP gallego dan crédito a lo que consideran «un chiste urdido en el Consejo de Ministros», en palabras de la secretaria general del PPdG, Paula Prado. «El Sánchez que considera inconstitucional la Ley del litoral de Galicia es el mismo que considera constitucional la amnistía; que cree que el referéndum de independencia también es constitucional; y al que también le parece constitucional darle 450.000 millones a Cataluña y nada al resto», lamentó.

El Sánchez que considera inconstitucional la Ley del litoral de Galicia es el mismo que considera constitucional la amnistíaPaula PradoSecretaria general del PP gallego

Desde la Xunta denuncian que el Gobierno central no medió palabra antes de recurrir al Constitucional y eligió actuar por las malas, en lugar de convocar una comisión bilateral para buscar una solución negociada. Y exigen a la Moncloa que les deje ver cuanto antes el dictamen del Consejo del Estado en el que el Gobierno justifica su decisión de recurrir la Ley del litoral.

Las elecciones gallegas

Aunque creen que hay algo más: Alberto Núñez Feijóo presidió la Xunta de Galicia durante cuatro legislaturas con el respaldo de la mayoría absoluta, en todas ellas. Sánchez tiene por costumbre recriminar al líder del PP su gestión pasada en Galicia siempre que encuentra ocasión. A mayores, el año que viene habrá elecciones gallegas y el PSdG activó la semana pasada su proceso de primarias para elegir candidato. El diputado por Lugo José Ramón Gómez Besteiro tiene todas las papeletas de serlo después de que, este domingo, Gonzalo Caballero anunciara la retirada de su candidatura.

Pedro Sánchez y José Ramón Gómez Besteiro

Pedro Sánchez y José Ramón Gómez BesteiroEFE

En el caso de la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Rueda, el Ejecutivo de Sánchez argumenta que varios de sus preceptos son «contrarios al orden constitucional de distribución competencial». En el caso de la Ley del litoral, directamente acusa a la autonomía de «apropiación de la competencia exclusiva del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre».

A este último respecto, la referencia del Consejo de Ministros señala: «En reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontramos que el mar territorial no forma parte del territorio de una comunidad autónoma y, por tanto, solo excepcionalmente pueden ejercer su competencia sobre él. En consecuencia, la competencia autonómica sobre ordenación del territorio, que abarca la ordenación del litoral, no puede proyectarse sobre el mar territorial, como establece la ley impugnada».

En paralelo, el PSOE proclama las bondades de aprobar una ley de amnistía que muchos juristas consideran a todas luces inconstitucional. Este mismo lunes, José Luis Rodríguez Zapatero defendió que una amnistía en torno al 1-O sería buena para el interés público, siempre que esté justificada y ser proporcional.

El precedente de Ayuso

La Xunta de Galicia ve intencionalidad política en el doble recurso del Gobierno. También la vio la Comunidad de Madrid cuando, en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas, el Consejo de Ministros recurrió ante el Constitucional una ley que la Asamblea de Madrid aprobó para esquivar la aplicación de la ley de eutanasia de Sánchez en algunos supuestos.

En concreto, la ley por la que la Comunidad aprobó en febrero la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Según la norma, la eutanasia en estos casos ha de ser autorizada por un juez. Ocurrió, además, una semana después de que el ministro Félix Bolaños protagonizara un episodio polémico durante los actos en conmemoración del 2 de mayo.

En junio, el TC admitió a trámite el recurso de Sánchez y suspendió cautelarmente la creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

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