El PNV permite salir a etarras a consultas médicas sin escolta para «ahorrar» en vigilancia policial

«Se hace con una idea de economía de gasto». «Una patrulla policial tiene determinados gastos y, si esa persona puede acudir sin necesidad de la patrulla y sin medidas de seguridad, pues se adopta. Es lo que se llama autogobierno».

Con estas palabras, el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, defendía la salida de prisión del etarra Mikel Otegi para acudir al dentista sin custodia policial. Una excusa de carácter económico que se desmorona una vez que el Gobierno Vasco ha reconocido que no sabe cuánto cuesta realmente este tipo de despliegues.

Eso es lo que se desprende de la documentación recabada por El Debate, en la que la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco reconoce no poder realizar una aproximación al coste que supone tal dispositivo.

En concreto, el escrito oficial, fechado este 28 de septiembre, explica que «los servicios de escolta se prestan desde unidades distintas y el tiempo de servicio de cada acompañamiento tampoco es coincidente», a esto, añade que «el cálculo del coste debe realizarse teniendo en cuenta la retribución concreta de los ertzainas asignados a cada servicio y del tiempo real empleado en cada acompañamiento».

Por tanto, desde el Gobierno Vasco concluyen que, como no pueden calcular la retribución concreta de cada agente y el tiempo que habrían dedicado al traslado «no es posible determinar un coste estimado a priori».

Aun así, parece que tampoco supondría un coste excesivamente elevado no extraordinario, pues al margen de los costes que supusiera tal desplazamiento, los ertzainas asignados al dispositivo seguirían percibiendo su nómina habitual.

Esta respuesta echa por tierra las excusas planteadas por el asesor de Urkullu, aludiendo a motivos económicos, a lo que hay que sumar la poca transparencia del Gobierno Vasco a la hora de explicar cómo de habituales es este tipo de situaciones.

El PNV deja salir a etarras sin escolta para economizar recursos policiales, pero luego es incapaz de decir cuánto ahorra realmente

De hecho, tal y como ha publicado El Debate, el Ejecutivo de Urkullu no ha explicado cuantas veces se ha repetido la escena en la que un etarra sale de la cárcel sin escolta policial, más allá de los ya conocidos de Mikel Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta ya que, desde su punto de vista «no es posible pasar una relación o listado de las personas privadas de libertad que (…) han acudido a visitas médicas sin acompañamiento de escolta policial, por tratarse de datos personales especialmente protegidos».

Pero el hecho de que un preso de la banda terrorista haya podido abandonar la prisión sin custodia policial para ahorrar dinero a la administración ha supuesto un auténtico escándalo y las familias de los asesinados vivieron «con resignación, profundo dolor y humillación» la concesión del permiso.

Y es que Otegi es uno de los presos de ETA que ya están en las cárceles vascas gestionadas por el Gobierno de Urkullu desde la transferencia de competencias realizada por Pedro Sánchez. En concreto, en la prisión de Zaballa, donde cumple una condena de 34 años de cárcel por matar en 1995 en Itsasondo (Guipúzcoa) a los ertzainas José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluce Echeverria, informa Alicia Martín.

El asesor de Urkullu explicó que para dar luz verde al traslado «se valora la situación penal y penitenciaria, la posibilidad de que tenga un riesgo de reincidencia o quebrantamiento de la pena y, si concurren los requisitos, se le concede un permiso para acudir a la consulta médica. Es una práctica habitual».

De hecho, aseguró que esta salida es algo que está «previsto en la Ley y no es una cosa que el Gobierno Vasco se haya inventado ni sea una arbitrariedad», pero las víctimas lamentan la laxitud con la que se interpreta el reglamento en lo tocante a los miembros de la banda, pues también se produjo un hecho similar con Alicia Sáez de la Cuesta, condenada a 30 años de cárcel por varios delitos relacionados con su pertenencia a la banda, incluyendo el intento de atentado contra el fundador del PP, Manuel Fraga.

Aun así, el Gobierno no ha querido aclarar qué documentos «recomiendan aplicar tales políticas de protección de la dignidad a los presos pertenecientes a la banda terrorista ETA con independencia de los años que falten para cumplir la pena».

Es más, asegura que «la petición es inconcreta y valorativa» ya que «no se trata de recomendaciones existentes en supuestos documentos, sino de aplicación de los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario», sin ofrecer más detalles acerca de los preceptos legales en los que se amparan.

Así, pese a que desde el Gobierno Vasco han insistido en que solo hacen cumplir la ley, lo cierto es que estas salidas han generado la indignación de las víctimas y el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz señaló que el PNV está «cumpliendo la hoja de ruta impuesta por Sánchez y Bildu, proporciona a los etarras las llaves de la cárcel».

De esa complicidad, con la que el PSOE se ha garantizado el respaldo del sucesor de Batasuna, han dependido presupuestos, investiduras y el acceso de la socialista María Chivite al Gobierno de Navarra, pese a haber perdido dos veces seguidas las elecciones en la Comunidad Foral.

A cambio, además del traslado de un centenar de terroristas a cárceles vascas con privilegios como salidas sin escolta o el acceso al régimen de semilibertad, el PSOE ha respaldado a Otegi para que su partido se quede con la Presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.