Fiscales recurren al TS el «indebido tráfico de favores» en el nombramiento de Delgado para Memoria Democrática

«a la vista del objeto y actividades de la Fundación FIGBAR que preside la pareja de la candidata Dª Dolores Delgado, D. Baltasar Garzón, hay por lo menos indicio de que existe una estrecha relación con las competencias del cargo de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, máxime si se tiene en cuenta que esta Fundación lleva casos concretos en relación con estas competencias. Esta situación genera al menos indicios de la posibilidad de existencia de esa incompatibilidad y de la necesidad al menos de verificarla antes de proceder a un nombramiento que puede incluso generar una sanción muy grave para la candidata si finalmente se constata esa situación de conflicto de interés» denunciada ya en su momento ante el Consejo Fiscal.

Así reza el recurso presentado este jueves por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ante el Supremo, al que ha tenido acceso en primicia El Debate, contra la polémica designación de Delgado como titular de la plaza de Memoria Democrática. Una maniobra antes de las elecciones del pasado 23-J que, también, este periódico avanzó en exclusiva.

Ahora, en el escrito de 26 páginas consignado por la APIF se denuncia, formalmente, un nombramiento discrecional en el que se «apunta no simplemente a un indebido tráfico de favores» en la Fiscalía General del Estado entre la anterior responsable y su sucesor «que éste tendría de alguna forma que devolver» –lo que «ya sería bastante grave y ciertamente no favorece precisamente la imagen institucional de la FGE, dicho siempre en términos de estricta defensa»– sino «a una relación más estrecha y profunda entre la anterior FGE y su anterior mano derecha, y ahora FGE».

Es decir, a juicio de APIF, «el actual FGE ha intentado en todo momento favorecer a su amiga y anterior jefa, que a su vez le había favorecido en los términos señalados». No en vano, el actual titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, «ha realizado tres nombramientos discrecionales a su favor en menos de un año, existiendo en algún caso concreto otros candidatos con, aparentemente, méritos idénticos o superiores», lo que ha dado lugar a la interposición de los correspondientes recursos contencioso-administrativos.

Alguno de los ellos, como en el de la plaza de fiscal Togada de lo Militar del Supremo, ya anulado por la Sala Tercera del Alto Tribunal, sirvió a García Ortiz para promocionar a su mentora a la máxima categoría del escalafón fiscal.

«La estrecha vinculación entre FGE y candidata al puesto que hemos puesto de manifiesto puede también reconducirse a la causa de abstención señalada en la letra a) del art. 23 de la Ley 40/2015», apuntan desde APIF. Una circunstancia en la que señalan como «indiscutible» que «la imagen de neutralidad e imparcialidad en la actuación en este caso del FGE que es el fundamento, no lo olvidemos, de la existencia de las causas de abstención previstas» en la ley vigente «queda indudablemente comprometida».

Dicho de otra forma, «la apariencia de imparcialidad y de desinterés en este concreto nombramiento en el caso que nos ocupa está gravemente comprometida atendiendo a las relaciones previas con una de las candidatas a la plaza a la que se ha intentado beneficiar de forma evidente», sostienen los fiscales en el recurso con el que solicitan al Supremo la nulidad de la designación de Dolores Delgado para el puesto.

Y es que «queda sobradamente acreditado» que el fiscal general del Estado «tenía prisa por nombrar a Dª Dolores Delgado, su anterior jefa y mentora como Fiscal de Derechos Humanos y de Memoria democrática». «Más allá de su falta de abstención, que hubiera sido lo procedente a la vista de la estrecha relación existente entre ambos, lo cierto es que todas sus actuaciones se encaminaron» a asegurar este objetivo.

Cabe recordar que, como adelantó El Debate en primicia, García Ortiz convocó «un Consejo con carácter urgente a la vista de una convocatoria electoral que podría haber frustrado sus intenciones de nombrar a su amiga caso de haberse producido un cambio en la FGE y en el Consejo Fiscal»; y, además, se orientó a «eludir el necesario pronunciamiento del Consejo Fiscal respecto a la existencia de una posible causa de incompatibilidad que hubiera podido frustrar la propuesta de nombramiento».