Sánchez y su Gobierno llevan cinco meses eludiendo el control de un Congreso paralizado

Entre unas cosas y otras, Pedro Sánchez y sus ministros han encadenado más de cinco meses sin someterse al control parlamentario, desde antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y lo que les queda, puesto que el presidente en funciones no tiene la más mínima intención de alterar esa dinámica hasta que se celebre el pleno de investidura. Que, por otra parte, lleva sin fecha 18 días, desde que el pasado 3 de octubre el Rey designó candidato al líder del PSOE.

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso se celebró el 17 de mayo y estuvo protagonizada por el escándalo de la inclusión de 44 etarras en las candidaturas de Bildu. Inmediatamente después de los comicios, el presidente convocó elecciones generales y las Cortes fueron disueltas.

Pero tanto el Congreso como el Senado quedaron formalmente constituidos para la XV legislatura de nuevo el 17 de agosto, hace más de dos meses. Y aun así Sánchez y sus ministros siguen negándose a ir, con la indispensable colaboración de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. El Gobierno se escuda en que está funciones, pero existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que rebate ese argumento: «El hecho de que un Gobierno esté en funciones no impide la función de control de las Cámaras, ya que en la medida en que el Gobierno sigue desarrollando actividad, ésta no puede quedar exenta del control de las Cortes Generales, sin perjuicio de que la función de control habrá de adecuarse a la propia situación del Gobierno en funciones», señalaba el tribunal de garantías en una sentencia de 2018 en respuesta a un recurso presentado, precisamente, por el PSOE cuando estaba en la oposición.

Armengol, de brazos caídos

El PP y Vox llevan semanas denunciando el cerrojazo del PSOE al Congreso, que no se limita a la ausencia de sesiones de control al Gobierno. La presidenta Armengol no convoca la Junta de Portavoces y no convoca plenos, a excepción de la sesión conjunta que las Cortes celebrarán el 31 de octubre para el juramento de la Princesa Leonor. Esto último hará que la Mesa del Congreso tenga que reunirse el próximo miércoles, excepcionalmente.

Tampoco ha puesto la fecha de la investidura de Sánchez, aplicó una reforma del reglamento dos días antes de su aprobación (la del uso del catalán, euskera y gallego) y tampoco ha iniciado el procedimiento para constituir las comisiones, salvo las del Estatuto del Diputado y la de Peticiones. De manera que los ministros no tienen que comparecer en ellas.

Esto último produjo este viernes una situación inusual. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, citó a los grupos parlamentarios a una reunión para informarles de la situación en materia antiterrorista, toda vez que el Ministerio ha descartado de momento elevar el nivel de alerta de 4 a 5. Pero como no está constituida la Comisión de Interior del Congreso porque la Moncloa no quiere, Grande-Marlaska los citó en la sede del Ministerio.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cuya comparecencia también había pedido el PP en el Congreso para valorar el ataque de Hamás a Israel, no ha tenido esa deferencia con los grupos parlamentarios al menos.

Este viernes, el grupo parlamentario popular en el Congreso se concentró a las puertas del Congreso para denunciar la «injustificable parálisis institucional» a la que Armengol está sometiendo a la Cámara Baja. «El Congreso no se cierra ni en guerra. El Congreso no está en funciones», según su portavoz, Cuca Gamarra.

Dos meses después del arranque de la legislatura ni siquiera se ha constituido la Diputación Permanente, que es el órgano que queda de guardia los meses fuera del periodo ordinario de sesiones y cuando se disuelven las Cortes. A pesar de que el 27 de noviembre, si no hay investidura antes, el Congreso y el Senado quedarán disueltos automáticamente para celebrar elecciones el 14 de enero. En ese supuesto sería la Diputación Permanente la que quedaría encargada de cualquier urgencia.

Sobre el propio Sánchez hay una solicitud de comparecencia registrada por los populares, para que informe en sede parlamentaria del último Consejo Europeo, como es lo habitual. Pero sin respuesta. El presidente en funciones incluso renunció a hablar en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, y tampoco él ni nadie de su Gobierno quisieron estar el jueves en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Allí, en la Cámara Alta, sí hay actividad. En octubre el Senado ha celebrado dos plenos, las semanas del 3 y del 17, y ya están fijados otros dos para noviembre y dos más para diciembre. Porque el PP tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, es el que decide.

A pesar de todo, los grupos tratan de mantener algo de actividad a duras penas en el Congreso, registrando preguntas por escrito al Gobierno y proposiciones de ley, de momento sin salida.

Cabe recordar que, la legislatura pasada, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el cerrojazo al que la antecesora de Armengol, Meritxell Batet, sometió a la Cámara Baja durante el primer estado de alarma. Fue antes de la llegada de Cándido Conde-Pumpido.