Un Constitucional dividido saldrá al rescate del Gobierno en tres nuevas causas políticas

El bloque de izquierdas del Constitucional no parece dispuesto a ceder posiciones en aquellas causas acompañadas de una clara lectura política. No en vano, el Pleno del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido, se asoma durante los próximos tres días a resolver, a favor del Gobierno, tres recursos que se arrastran desde la pasada legislatura y que afectan al impuesto de las grandes fortunas, discutido ante la Corte por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; a la retirada del acta de diputado al expolítico de Podemos Alberto Rodríguez, tras ser condenado por un delito contra la autoridad policial; y, la negativa de la presidenta de la Mesa del Congreso Meritxell Batet a requerir al Ejecutivo los informes técnicos incorporados a los expediente de indulto de los líderes separatistas del procés.

Tan sólo hace dos semanas, que El Debate avanzaba, en primicia, cómo el polémico aval del TC al veto del Gobierno del PSOE a los nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encerraba, en realidad, una vía para permitirle renovar el órgano de los jueces sin acuerdo con el Partido Popular; y, la semana pasada, también este diario, revelaba que en el informe jurídico que precedió a la admisión de los recursos de José Antonio Griñán y el resto de condenados por los ERE, contra la sentencia del Supremo, abría una puerta a 'desjudicializar' la prevaricación impuesta al que fuera presidente socialista de la Junta de Andalucía.

Ahora, la Corte se prepara para avalar el impuesto que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros, a partir del próximo martes, en base a una propuesta de ponencia elaborada por la magistrada de izquierdas María Luisa Balaguer. La autora de la sentencia que dio luz verde a la parálisis del CGPJ sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión de las competencias autonómicas en materia fiscal. Hasta el punto de que el texto que respaldarán sus compañeros de filas subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse bajo la premisa de neutralizar las estatales.

La misma suerte que correrá el recurso planteado, en este caso, por el que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, con visos de prosperar, sin problemas, a manos de otra de las magistradas del bloque zurdo de la Corte de Garantías. Según avanzó El Debate en primicia, María Luisa Segoviano apuesta por dar la razón al expolítico frente a la decisión del Supremo, ejecutada por la entonces presidenta socialista del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle el acta de diputado tras ser condenado por patear a un policía. Una sanción que, a juicio de la que fuera presidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal, fue «desproporcionada».

Peor suerte correrá, en este caso, la resolución redactada por el magistrado conservador Ricardo Enríquez que plantea estimar el recurso de los diputados del PP contra la decisión de la Mesa del Congreso que, durante la pasada legislatura, decidió no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos –concedidos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de los líderes del procés condenados por sedición y/o malversación–.

Según ha podido saber El Debate, el texto del jurista encargado de la causa plantea que se debe dar la razón a los 'populares', quienes apoyaron su recurso de amparo parlamentario en el derecho a la información de los diputados y a los deberes de los órganos de la Cámara a preservarlos. Sin embargo, a priori, se estima que la deliberación sobre el texto de Enríquez no será sencilla, en tanto en cuanto que la mayoría de izquierdas que, actualmente, se conforma con siete miembros del órgano, incluido su presidente, muestra un notable desacuerdo con el planteamiento de base.

En el caso de que no se llegase a un consenso sobre la cuestión y que el ponente no accediese a modificar su fallo, atendiendo a la tesis mayoritaria de los miembros del Pleno, el magistrado tendría que renunciar y el Tribunal designar a un nuevo ponente que asumiría el procedimiento para redactar una nueva resolución acorde con la posición consensuada, aunque no unánime de la Corte.