El PSOE recurre la decisión del juez de dejar fuera del caso Kitchen al PP como partícipe a título lucrativo

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha recurrido el auto de apertura de juicio oral acordado por el juez que investiga la Operación Kitchen para impugnar «la exclusión del Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo».

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE señala que la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de dejar fuera al PP argumentando que la petición del PSOE era extemporánea «resulta sorprendente, además de ser contraria a la ley».

Recuerda que en esta causa, en la que se investigó ese operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel, la petición de que el PP entrara como responsable a título lucrativo «fue formulada al mismo tiempo que la petición contra el otro responsable civil, el Estado» –que sí que fue admitida por el juez–.

Cabe recordar que el juez sobre esa petición del PSOE señaló en su auto que hasta ese momento el partido no había dirigido pretensión alguna en este sentido contra el PP y que, por tanto, siguiendo doctrina del Tribunal Supremo, resultaba extemporánea, teniendo en cuenta, además, que se realizaba sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emanaba dicha responsabilidad, «apreciándose una falta de relación entre los hechos que sustentan la pretensión y la persona frente a la que se ejercita la acción civil».

Pero el PSOE replica que en este tipo de causas «no existe norma alguna que contemple el llamamiento del responsable civil subsidiario al procedimiento durante la instrucción» y remarca que el artículo 781.1 de la Ley Procesal «contempla la necesidad de que en sus escritos de conclusiones provisionales las acusaciones identifiquen a las personas responsables civilmente de los hechos».

«Por lo que será el auto de apertura del juicio oral el que determine el llamamiento al proceso de los responsables civiles», añade, para sumar que «si esto es aplicable a los responsables civiles subsidiarios, aún con más razón resulta predicable de los participes a título lucrativo».

La acción civil

Por otro lado, el PSOE analiza también la posible prescripción de la acción civil respecto del partícipe a título lucrativo en Kitchen, y subraya que es «evidente» que el inicio del cómputo para la prescripción «se produce desde que se conocen los hechos constitutivos de la pretensión».

En este punto, indica que el cálculo de cuándo tiene conocimiento cada una de las partes sobre los hechos es «complejo» porque la instrucción estuvo secreta de 2018 a junio de 2020 cuando se levantó parcialmente.

Incide en que parte de la investigación de esta causa por la que se va a sentar en el banquillo la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy –con el ministro y el secretario de Estado incluidos– se mantuvo parcialmente en secreto hasta junio de 2021, «solo mes y medio antes del cierre de la instrucción por auto de 29 de julio de 2021».

Tras esto, y una vez que aclara que los hechos investigados tuvieron lugar entre principios del año 2013 y finales del año 2015, que es cuando Sergio Ríos Esgueva –chófer de Bárcenas– se incorpora a la Escuela de Policía Nacional, resalta que «el inicio de la prescripción no puede producirse hasta que se conocen los hechos».

«Es decir, como mínimo cuando la Unidad de Auxilio lo investiga y lo pone en conocimiento del Juzgado. Las personaciones se suceden a partir de ese momento. Resulta obvio que no han transcurrido 5 años ni desde el conocimiento, ni desde la finalización de la actividad delictiva que es objeto de enjuiciamiento», recalca.

Así, concluye que «no puede mantenerse la prescripción utilizada como argumento para desestimar la petición de responsabilidad civil del Partido Popular».

La responsabilidad

Sobre la delimitación de la responsabilidad del PP en esta causa, el PSOE explica que en el auto de apertura de juicio oral sólo se enumeran los acusados y se añade «por los delitos referidos en los antecedentes de este auto, conforme a las calificaciones presentadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones».

Apunta que el auto no recoge un relato de hechos propio sino que resume los escritos de calificación, por lo que entiende que «asume los hechos allí relatados» porque «no cabe calificación alguna si no hay hechos».

En base a esta tesis, el PSOE recoge parte del escrito de los fiscales anticorrupción para sostener que el mismo «no deja lugar a dudas de que el principal beneficiario de esta ilícita operación policial de inteligencia era el propio Partido Popular».

Y señala que esto fue así «directamente como persona jurídica o con la finalidad de evitar el descrédito que la imputación de sus máximos dirigentes conllevaría para el partido».

Para los socialistas, el beneficio para el PP con el caso Kitchen «resulta evidente» porque no sólo se «ahorra» los gastos que una operación de este calado le habría supuesto, sino que la misma es «graciosamente regalada por los acusados, eso sí, con cargo a dinero público».

Así, sobre el cálculo del coste de esa responsabilidad civil, señala que es difícil de calcular y que por tanto se ha de centrar en reparar el daño causado a las arcas públicas. Apunta que esto tiene que determinarse en la vista oral.

En este sentido, el PSOE señala que es necesario que el Ministerio del Interior cuantifique el perjuicio total provocado al Estado con esta operación parapolicial. Y suma que es incoherente pedir responsabilidad civil subsidiaria a la Administración Pública y dejar fuera al PP.

El PSOE, que recuerda que se realizaron seguimientos con agentes pertenecientes a la Policía Nacional, sostiene que en este caso, «el perjudicado es el Estado, ya que la ilícita actividad se dirige claramente a obstruir la acción de la justicia».