Sánchez regaló 43 millones a Aragonès nada más perder las elecciones para comprar coches nuevos a los Mossos

Pedro Sánchez regaló 43 millones de euros a la Generalidad nada más perder las elecciones generales del 23 de julio, con una subvención directa que probablemente sorprenderá a la Policía Nacional, desbordada por la falta de material, uniformes, recursos y efectivos: ese dinero se dedicó sobre todo a la renovación de la flota de los Mossos d'Esquadra, el cuerpo policial al que el independentismo quiso convertir en su ejército propio durante el procés para oponerse a los «piolines», el despectivo término utilizado contra los policías españoles.

Así consta en la documentación a la que ha accedido El Debate, en la que se demuestra el regalo de Sánchez a Pere Aragonès para engrasar su propia investidura. La jugada se dividió en tres fases: primero se allanó el camino de la subvención antes de las elecciones con la participación de los Ministerios de Hacienda e Interior.

Después se avaló el importe y destino desde la Secretaría de Estado de Presupuestos nada más cerrarse las urnas y, por último, se aprobó formalmente la transferencia en el Consejo de Ministros, en pleno mes de agosto, con la excusa de la guerra en Ucrania y un Sánchez derrotado y ejerciendo el cargo en funciones.

La reconstrucción de los hechos empieza por el final, cuando el Gobierno ya en funciones aprobó en su primera reunión tras las vacaciones de verano, el 22 de agosto, dos subvenciones con destino a Cataluña por importe de 43 millones de euros que se venían gestando en las semanas previas a los comicios.

En concreto, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico, se trata de sendos pagos de 25 y 18 millones de euros destinados a la transición energética del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra en edificaciones y en las flotas de vehículos.

En primer lugar, un mes antes de los comicios, el 20 de junio, el Ministerio de Hacienda acordó transferir al Ministerio del Interior los 43 millones de euros que irían destinados a la Generalitat. Posteriormente, sería la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la que, en pleno día de resaca electoral, el 24 de julio, avalara con un informe dicha concesión.

Sánchez dio esa subvención millonaria estando en funciones para reforzar a la misma Generalitat que llamaba «piolines» a los policías nacionales

Y así, se llegó hasta el 22 de agosto, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a las subvenciones, que quiso justificar amparándose en la guerra de Ucrania. En concreto, el acuerdo ministerial refleja que «el contexto actual, marcado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la disrupción en las cadenas de suministro, ha puesto de manifiesto, más que nunca, la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea en ámbitos clave, entre los que destaca especialmente el de la transición energética».

De esta forma, el Gobierno volvió a colmar de dinero las arcas de la Generalidad independentista, amparándose en «la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea», pero destinando fondos únicamente a unas fuerzas de seguridad que según sus dirigentes aspiran a convertirse en la policía de la futurible república catalana.

Todo ello ha generado un enorme malestar entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ya vieron cómo el presidente del Gobierno hablaba de 'piolines' en el Congreso de los Diputados para referirse a los policías desplazados a Cataluña durante la intentona secesionista y ven mermados sus efectivos mientras que sus equipamientos siguen siendo precarios.

«Tenemos compañeros patrullando a pie en algunas localidades porque no hay vehículos, porque no tenemos coche, porque están rotos, porque tardan muchísimo en repararlos o porque ha acabado el renting y pagamos los coches a los Mossos. Nosotros no tenemos y a ellos que no les falte de nada», lamentaba, por ejemplo, David Pola, portavoz del sindicato de la Policía Nacional CEP.

Contra la Guardia Civil

A esto hay que sumarle la creciente actividad encargada desde el Gobierno a los Mossos, que tuvo un claro ejemplo con la retirada de la Guardia Civil ordenada por Marlaska en la pasada Vuelta Ciclista a España celebrada en suelo andorrano.

En este caso, se pactó que fuesen los mossos quienes se encargasen de la seguridad, pero desde el Ministerio del Interior no han aclarado a El Debate las razones de tal decisión, informa Alicia Martín.

De hecho, en un documento oficial, firmado el 29 de septiembre por la directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana María Pejigueiro, se negaba a facilitar los informes y órdenes que justificasen la retirada de la Benemérita en favor de la policía catalana durante el periplo de la vuelta ciclista en el Principado de Andorra, alegando que se trataba de información que tiene «carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas».

La «seguridad» catalana está en manos de un partidario del referéndum que pasó por el PSOE antes de acercarse a ERC

Esto fue el caldo de cultivo perfecto para que una competición seguida en todo el mundo fuese boicoteada por el independentismo radical, con la colocación de clavos y jabón en el firme, y con un plan para lanzar 400 litros de aceite sobre la calzada al paso del pelotón.

Además, cabe recordar los lazos existentes entre el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, y el Gobierno de España. Elena, fue miembro del PSC, partido con el que llegó a la alcaldía de Vilanova i la Geltrú, para luego ser diputado del Parlamento de Cataluña de 2012 a 2014, aunque ese mismo año rompió la disciplina de voto para apoyar una consulta sobre la posible independencia de Cataluña.

Desde entonces sus vínculos con ERC no han hecho más que crecer, hasta convertirse en un miembro más de la formación liderada por Oriol Junqueras. Abandonó las filas socialistas, en 2016 fue elegido coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum y durante el juicio del procés fue portavoz de las defensas jurídicas de Esquerra Republicana, como «enlace» con los medios de comunicación.