La Guardia Civil acreditó que Puigdemont intentó desde Waterloo seguir recibiendo ayuda de Putin

La Guardia Civil logró reunir decenas de pruebas que acreditan que el expresidente catalán Carles Puigdemont siguió en contacto con Rusia desde Waterloo para continuar recibiendo ayuda del presidente ruso Vladimir Putin. Según la investigación que los agentes llevaron a cabo, a la que ha tenido acceso El Debate, el prófugo catalán usó a un empresario ruso afincado en Barcelona para mantener el contacto con Moscú.

Con estas maniobras, el objetivo de Puigdemont poder continuar recibiendo ayuda de la órbita de Putin. El dato que hoy revela este periódico se suma a las informaciones que demuestran que ya en 2017 contaba con ayuda rusa para poder ejecutar la proclamación ilegal de independencia de Cataluña. Rusia ofreció al Ejecutivo autonómico dos propuestas. La primera de ellas un ejército de 10.000 soldados rusos. La segunda pagar su deuda pública. Hace seis años, cuando se produjeron estos ofrecimientos Cataluña contaba con una deuda pública de 77.740 millones de euros. Finalmente, ninguna de las dos se llevaron a cabo porque el requisito es que la proclamación de independencia fuera efectiva, cosa que no ocurrió.

Con Puigdemont ya fuera de España, el expresidente prófugo continuó sus contactos con Rusia. Para ello usó a Alexander Dmitrenko, un empresario ruso afincado en Barcelona. Dmitrenko se comunicaba con Puigdemont a través del jefe de gabinete de este último, llamado Josep Lluís Alay. De hecho, la Guardia Civil dio por probado que las labores de Alay con Moscú estaban siendo pagadas con dinero público. En la actualidad, Alay es director de la oficina que tiene Puigdemont como expresidente de la Generalitat. Por este cargo percibe mensualmente una remuneración con cargo al presupuesto autonómico.

Al mismo tiempo, Dmitrenko tenía línea directa con Putin gracias a la intermediación del también ruso Evgeny Primakov, miembro del Comité Estatal de La Duma para Asuntos Internacionales, que, en el momento de las conversaciones, en 2020, había sido nombrado jefe del Comité de Cooperación de Rusia de conformidad con un decreto del presidente ruso. Otro de los contactos que usaba el nexo con Puigdemont era el de Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vladislav Surkov, exsubjefe de la administración presidencial y jefe de personal del Kremlin.

Los investigadores interceptaron el móvil de Alay en 2020 tras detenerle en el marco del caso Voloh, la causa judicial en la que se investigó la injerencia rusa en el proceso ilegal de independencia de Cataluña. En ese dispositivo, los agentes encontraron conversaciones clave entre Puigdemont y su asesor en las que éste pedía aupar al empresario ruso afincado en Barcelona porque, de esta manera, Dmitrenko les abriría a su vez puertas en Moscú. Poco después el ruso fue nombrado presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.

Una reunión fantasma

Puigdemont, desde Bruselas, pidió a Alay que se organizara una reunión con Dmitrenko en el sur de Francia. El encuentro al final no se llevó a cabo por temor a que fuera interceptado por la Policía española. En efecto, los investigadores tenían identificado todos los detalles de la reunión. Estaba previsto que uno de los participantes fuera Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administración Pública hasta 2022. Puigneró era, además, responsable de las políticas de Ciberseguridad de Cataluña y Presidente del Centro de Seguridad de Información regional.

A esa cita estaba previsto que acudiera también Puigdemont, Josep María Matamala, empresario amigo del expresidente prófugo, y Jaume Cabaní, administrador de la sociedad mercantil belga con la que se administran los gastos que genera la estancia de Puigdemont en Waterloo.

Precisamente, El Debate publicó el pasado mes de mayo que esta compañía belga había recibido ingentes inyecciones de dinero que le permitían no justificar gastos de hasta 200.000 euros. Desde que Puigdemont comenzó a vivir en la casa de Waterloo hasta hace seis meses las dos sociedades que gestionan los fondos tenían un máximo de 30.000 euros destinados a esta partida. Es decir, un total de 60.000 euros. Ahora, cada entidad asciende su partida hasta los 100.000 euros, por lo que el aumento de 60.000 euros que hacen provoca que ahora cuenten con 200.000 euros. En las actas registrales que desveló este periódico figura que la persona responsable de este dinero es Sergi Miquel, un publicista experto en medios digitales que se ha convertido en los últimos años en una de las personas de la máxima confianza de Puigdemont.

La casa de Waterloo de Puigdemont está gestionada desde dos entidades belgas: CATGlobal y CATCiP, registradas ante el Banque Carrefour des Entreprises como «asociaciones internacionales sin ánimo de lucro». La primera de ellas fue constituida en 2018 y la segunda en 2019. La figura jurídica adoptada por estas compañías permite la no obligación de revelar con sus movimientos financieros a las autoridades belgas. En cambio, sí están obligados a dar parte de las decisiones que se tomen en sus juntas.