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El ministro José Manuel Albares ha llevado la propuesta del catalán a la UEEFE

¿Qué piensa la UE del catalán? Del «es un poco pronto» al «no es nuestro principal problema»

Muchos piensan que expandir la lista de lenguas oficiales ralentizará la toma de decisiones en la comunidad y distraerá de otros temas más importantes

El día en que Pedro Sánchez perdió las elecciones generales españolas, empezó un quebradero de cabeza para la Unión Europea.

Cuando Sánchez buscó el apoyo de los independentistas catalanes, aprovechó la presidencia española del Consejo Europeo para colocar en la agenda la solicitud de integrar el catalán, el gallego y el euskera en los idiomas oficiales de la UE.

El bloque ya tiene 24 lenguas oficiales, pero en total sus 27 naciones suman más de 60 lenguas de minoría y regionales. Todo documento de la UE –tratados, legislaciones y acuerdos internacionales– debe traducirse a esos 24 idiomas. También debe haber traducciones disponibles en todas las cumbres entre líderes y las reuniones entre ministros.

A pesar de la campaña española para dar mayor importancia al catalán, gallego y euskera, lo cierto es que los demás países ya están hartos de debatir sobre un tema que apenas incumbe al resto de la UE, roba el foco de temas más importantes y, de materializarse, costaría caro a Bruselas. De momento, estos son los países que se han pronunciado en contra del empuje español.

Letonia

Krisjani Karins, el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia,manifestó de manera contundente que su país no tiene intención de «dedicar tiempo» a la discusión sobre el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.

«No creo que vayamos a ampliar el número de lenguas que se usan de forma oficial en la Unión Europea», expresó Karins.

Ante la pregunta sobre la posición de su gobierno respecto a la petición española, el ministro fue claro y directo, descartando la posibilidad de entrar en este debate en el momento actual. «No creo que ahora mismo sea el asunto número uno que necesitemos discutir, ni nuestro principal problema», añadió, subrayando la existencia de «muchos asuntos geopolíticos» y cuestiones relacionadas con la «posición estratégica» futura del bloque europeo que requieren de una atención prioritaria.

Lituania

El Gobierno de Lituania, representado por su viceministra de exteriores, Jovita Neliupsiene, y su embajador ante la UE, apoyó la posición de Letonia durante una reunión en Lucemburgo posterior a las declaraciones de Karins.

Suecia

El gobierno sueco ha expresado sus dudas y ha solicitado un estudio sobre las «consecuencias para la eficiencia del trabajo de la unión».

Jessika Roswall, ministra sueca de Asuntos Europeos, destacó que «hay muchas lenguas minoritarias dentro de la Unión Europea que no son lenguas oficiales». Además, los embajadores de la UE ya señalaron que la solicitud española plantea «cuestiones legales, administrativas y presupuestarias» que deben ser cuidadosamente examinadas antes de tomar cualquier decisión.

El gobierno sueco reconoció que tiene dudas sobre la incorporación del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales dentro de la UE y, aunque aún no ha tomado una posición final, ha indicado que estudiará las implicaciones presupuestarias y operativas que esta iniciativa conllevaría.

Finlandia

Anders Adlercreutz, ministro finlandés de Asuntos Europeos, mencionó que «es realmente importante que fortalezcamos la diversidad cultural y lingüística dentro de las lenguas europeas, pero creemos que es un poco pronto para tomar una decisión».

Este país nórdico considera que lo del catalán implicaría cargas financieras y administrativas y, alega, hay otras maneras «más sencillas» de promover cuestiones relacionadas con las lenguas minoritarias. Esto fue lo que se acordó en septiembre por un comité de Helsinki centrado en temas de la UE y presidido por el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, quien afirmó que expandir la lista de lenguas oficiales podría ralentizar la toma de decisiones en la comunidad y retrasar la entrada en vigor de futuras regulaciones.

Croacia

Andreja Metelko-Zgombić, secretaria de Estado de Croacia expresó que la cuestión requería «una consideración muy cuidadosa» y un análisis detallado por parte del servicio jurídico del Consejo.

«Realmente queremos tener una decisión informada tomada en un asunto tan importante», afirmó.

Dos años antes de que Croacia se uniera a la UE en 2013, por ejemplo, el presupuesto quinquenal del bloque en ese momento fue modificado para asignar inicialmente más de 5 millones de euros para nuevos gastos relacionados con el idioma. La factura de 1.2 millones de euros para traducir los documentos existentes de la UE al croata se repartió entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, aunque José Manuel Albares ya ha afirmado que, en el caso del catalán, el gallego y el esukera, España pagaría por todo.