El nuevo letrado mayor del Congreso rechazó la propuesta de Armengol en un primer intento

La llegada del nuevo letrado mayor de las Cortes Generales y secretario general del Congreso de los Diputados está envuelta en la polémica. Es la primera vez en democracia que el candidato accede al cargo directamente desde el Ejecutivo y, además, tras rechazar en un primer intento la propuesta de la presidenta de la Mesa parlamentaria, Francina Armengol que también se lo propuso a su mujer, Mercedes Cabrera –hasta ayer directora general de relaciones con las Cortes, en el gabinete de Rafael Simancas– quien también dijo que no.

A Fernando Galindo no le ha quedado más remedio que aceptar el encargo de la socialista tras más de dos meses de gestiones, y hasta cuatro intentos fallidos, para encontrar un perfil dispuesto a aceptar la vacante. No en vano, el 'papelón' pasa, inevitablemente, por firmar el informe técnico sobre la ley de amnistía que prepara Pedro Sánchez para los cabecillas del procés.

Galindo llega a encabezar la Asesoría Jurídica de las Cortes desde la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial, sin solución de continuidad, en una designación «inédita» hasta la fecha. Nunca hasta ahora se había producido «un vuelco tan descarado» para un papel tan relevante como el del máximo responsable, entre otras, de la «interpretación auténtica del Reglamento» del Congreso, denuncian algunos expertos en la materia consultados por El Debate.

La procedencia política de Galindo que desembarca desde un alto cargo del Gobierno en el Legislativo –y no cualquier Legislativo, sino el llamado a asesorar en Derecho a la sede de la soberanía nacional– desacredita el «estatuto de neutralidad» que reclama una figura como la del letrado mayor de las Cortes. Además, pendiente reunirse la Mesa del Congreso para formalizar la propuesta de Armengol, este viernes, todavía no se sabe si el elegido cuenta con el apoyo unánime de la misma.

Y es que, desde que su predecesor en el puesto, el veterano Carlos Gutiérrez Vicén, notificase su renuncia después de más de diez años, Francina Armengol ha pasado más de dos meses tratando de encontrar un candidato que se ajustase a las necesidades del perfil y que, por extensión, estuviese dispuesto a asumir que su primer retó será firmar el informe preceptivo, aunque no vinculante, con el que el Cuerpo técnico de letrados sentará la primera interpretación jurídica sobre la futura y eventual ley de amnistía.

Hace tan sólo dos años, Gutiérrez Vicén avanzó que la figura, como «indulto de carácter general», era «palmaria y evidentemente contraria» al artículo 62 i) de la Constitución.