El presidente del CGPJ convoca un Pleno extraordinario para pronunciarse contra la amnistía

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha accedido a la petición de convocatoria de Pleno extraordinario del órgano, instada por ocho vocales, que tendrá lugar el próximo lunes día 6, a las 19:00 horas, para debatir sobre el anuncio de la amnistía que, públicamente, ya ha reconocido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La solicitud, registrada por ocho vocales del bloque conservador del órgano, reclama el posicionamiento del Consejo, a través de una declaración institucional contra la futura norma acordada con los separatistas y que, según ha ido trascendiendo en las últimas semanas, beneficiará a los cabecillas políticos del procés de Cataluña.

La decisión de Guilarte, que no ha sentado bien entre los miembros del ala izquierda del CGPJ, se ha producido tras anunciarle los promotores de la iniciativa institucional, que era necesario convocar un Pleno urgente para acordar una nota oficial en la que se recogiese la «intensa preocupación y desolación» del Poder Judicial, ante el escenario que se abre por la ley de amnistía y que supone, a juicio de los vocales firmantes, «abolir el Estado de Derecho en España».

Para que la declaración institucional salga adelante serán necesarios los votos favorables de, al menos, 9 vocales de los que integran el órgano, incompleto tras la salida en los últimos cinco años de prórroga del mismo por la jubilación de dos de sus miembros, el fallecimiento de otra y la renuncia de una cuarta integrante que había sido designada a propuesta de Izquierda Unidas.

Así las cosas, el texto presentado para deliberación, contará con el visto bueno de los 8 vocales firmantes del ala conservadora y, de entrada, también, con la negativa de los 6 vocales del sector progresista. El resultado final dependerá, por lo tanto, y según han confirmado a El Debate fuentes próximas al órgano, de la decisión que adopten dos vocales que, por el momento, no se han pronunciado: el propio Guilarte y Wenceslao Olea quien, todo apunta a que optaría por abstenerse.

No en vano, los detractores de la iniciativa institucional, han querido apoyar su posición en que no existen precedentes similares de un pronunciamiento formal, en los términos en los que se ha instado el actual, sin que exista si quiera, para su estudio, una proposición de ley sobre la mesa.

Sin embargo, y por el contrario, quienes han impulsado la misma apelan al hecho de que una norma de este calado, que «desborda» el marco constitucional y que se registrará en el Congreso de los Diputados, como proposición de ley, hurtando el pronunciamiento jurídico previo a los órganos consultivos del Consejo, «hacía necesario mover ficha y hacerlo de manera urgente».

Con la vista puesta en Europa

En el fondo de la cuestión subyace, también, la necesidad de que las instituciones «adviertan» a Europa del «verdadero significado» de los planes de Pedro Sánchez para recoger los siete votos favorables de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, y lograr ser investido por mayoría simple de 176 diputados.

«El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el 'interés de España'», advertían los ocho vocales en el escrito remitido ayer para su debate en el Pleno que ha quedado fijado, ya, definitivamente, para la última hora de la tarde del próximo lunes.